GINEBRA, sábado, 21 junio 2008 (ZENIT.org).- Publicamos la intervención que pronunció el arzobispo Silvano M. Tomasi, observador permanente de la Santa Sede ante las oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra, durante la octava sesión del Consejo de Derechos Humanos, el 4 de junio de 2008.
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En la lucha contra la pobreza, en especial la pobreza extrema, la comunidad internacional se ha puesto objetivos específicos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son una importante ruta que llevará a un desarrollo más universal. Los diversos «instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados relativos al desarrollo integral del ser humano y al progreso y desarrollo económicos y sociales de todos los pueblos» (Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, Res. 41/128, de 4 de diciembre de 1986) mantienen, de hecho, una cultura de justicia y solidaridad global.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) sirve de importante marco para el logro de estos objetivos. Los pasos que se han dado para aumentar su eficacia a través de nuevos mecanismos son un signo de la permanente determinación de buscar la implementación de todos los derechos humanos de forma equilibrada.
El valor universal de la dignidad humana requiere la promoción y la protección de todos los derechos humanos sin distinción de ninguna clase. El nuevo Protocolo Opcional del ICESCR, por tanto, representa un paso positivo hacia un orden social e internacional justo.
Históricamente, los derechos económicos, sociales y culturales se consideraban demasiado vagos para ser objeto de la justicia y base de un procedimiento de queja individual. De alguna forma eran vistos como derechos humanos de segunda clase. Ahora, el texto presentado en la 8ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos es un buen compromiso. El nuevo Protocolo Opcional, a través de su sistema de Investigación y Comunicación, da la posibilidad a los individuos y a los grupos de buscar justicia por las violaciones, y refuerza los mecanismos existentes para un control eficaz de la actividad de los estados.
La experiencia de otros cuerpos del Tratado muestra que estos procedimientos pueden ayudar a aclarar y a implementar el contenido normativo de un precepto particular; a llevar a los sistemas de control una visión legal más centrada y ordenada; a concentrarse en una violación concreta de los derechos humanos, teniendo en mente que es necesaria una coherencia que evite su fragmentación.
Aunque pueden surgir diversas posturas ante los derechos humanos, a la luz de «la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana» (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Preámbulo, 1), es posible llegar a un acuerdo justo. De este modo, las diferencias deberían abrirse camino a un reconocimiento, promoción y protección más dinámicas de los derechos humanos y no sofocar su implementación universal. En conexión con esto, existe la necesidad de adoptar una postura comprehensiva y holística bajo la cual se ampararan todos los derechos humanos y no se permitieran reservas.
Señor Presidente,
El nuevo Protocolo completará un vacío en el sistema internacional de derechos humanos. No obstante, nuestra labor no estará terminada hasta que cada persona goce del derecho «un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar» (Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25).
Gracias, Señor Presidente.
[Traducción del original inglés realizada por Justo Amado]
