BARCELONA, domingo 9 de noviembre de 2008 (ZENIT.org).- Un estudio revela que el único bien posible desde el punto de vista de las políticas públicas es «el fomento de la reducción del aborto», el cual está causando un daño con fuerte impacto económico.
«Aborto y políticas públicas», el nuevo estudio monográfico del Instituto de Capital Social (INCAS) de la Universidad Abat Oliba CEU (http://www.uao.es) de Barcelona, revela que en España ya se están realizando cien mil abortos al año, situando al país en uno de los más permisivos en Europa.
El estudio está dividido en dos partes: una sobre el aborto desde la perspectiva de la «racionalidad en la gestión pública» y otra sobre la «necesaria perspectiva económica del impacto del aborto».
El estudio está dirigido por el director de este instituto, Josep Miró i Ardèvol.
Se desprende del trabajo que existen cuatro inconvenientes que están a la raíz del crecimiento exponencial del aborto. Se debería procurar primero «erradicar la privatización y el hecho que sea fuente de lucro». Segundo, «regular mecanismos de control y supervisión eficaces, como los que disponen otros ámbitos de la administración».
Tercero, «informar a la mujer y dar tiempo para la reflexión» y cuarto «aportar medios que fomenten tener el hijo e informar sobre ellos, así como la vía alternativa de la adopción». La investigación concluye que el aborto «destruye el flujo de capital humano».
Una de las constataciones es que «las políticas públicas se hacen para reducir los daños de los comportamientos sociales inadecuados y sus causas». Así, «dado el impacto y el daño del aborto», «una nueva legislación debería tener como fin su reducción progresiva, y la actuación sobre las causas que lo generan».
Ante comportamientos sociales que se extienden y que tienen efectos no deseados para la sociedad, las políticas públicas tienen como fin reducirlos. Así se ha hecho con los accidentes de tráfico, o el hábito de fumar, pero «¿por qué siendo el aborto una práctica objetivamente nociva, se le quiere exceptuar del criterio general?», se pregunta el estudio.
«Una sociedad que tiene en la crisis de natalidad su problema más difícil y definitivo, y en la pérdida de capital humano su consecuencia económica más evidente» no tiene sin embargo «políticas reales dirigidas a reducir el impacto creciente del aborto, cada vez mayor en su afectación económica y en el sistema público de bienestar», denuncia.
«Dada la situación demográfica española y el impacto negativo que ello significa sobre la renta y el sistema de bienestar, resulta incomprensible una política pública orientada al aborto, como viene ocurriendo», ha manifestado a Zenit Miró i Ardèvol.
«Con independencia de cuál sea la creencia de cada uno, desde la razonabilidad de los hechos, el aborto sólo puede considerarse un daño, tanto para el no nacido, como para la mujer, por los daños que comporta durante y después del proceso, y también para toda la sociedad», aclara su autor.
«Cada aborto genera una pérdida de renta y perjudica el equilibrio de la Seguridad Social. Cuanto más cualificada es la población de un país, mayor es el daño que causa. El moral es idéntico, inasumible, pero incluso aquellos que no valoran este daño o lo relativizan, no pueden negar el daño material objetivo que causa», revela Miró i Ardèvol.
Por ello «los defensores del aborto, si comparten con el resto de la sociedad los criterios de razonabilidad, deben concluir que el único bien posible desde el punto de vista de las políticas públicas es el fomento de su reducción, puesto que la libertad, en un estado de derecho, nunca puede tener como resultado el daño», puntualiza.
El informe, de cincuenta páginas, se puede descargar gratuitamente en la sección «Monográficos» del Instituto: http://incas.uao.es/cream/
Por Miriam Díez i Bosch
