BOGOTÁ, jueves, 7 mayo 2009 (ZENIT.org).- Como parte de la reflexión sobre los procesos globales de justicia y solidaridad, el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe (CELAM) y MISEREOR, obra del episcopado alemán para el desarrollo, han llevado a cabo un simposio con obispos y expertos sobre «El bien común global ante la escasez de recursos».
A raíz del encuentro, los asistentes han emitido una declaración, firmada por el arzobispo de Aparecida, Brasil, presidente del CELAM y monseñor Josef Sayer, director general de MISEREOR.
Han analizado diversas informaciones acerca del cambio climático, la crisis alimentaria, la situación del agua, el avance de la deforestación en la Amazonía, las tendencias hacia los agrocombustibles, entre otros.
«Ante el trasfondo de la globalización y el límite cada vez más visible de los bienes del planeta, así como la grave crisis del mercado desregulado -afirman los autores de la declaración–, es necesario definir nuevamente el concepto de bien común».
Indican que «la limitación de los recursos naturales y su distribución afecta a la justicia en sus diferentes dimensiones: las posibilidades y acceso a los recursos dentro de los países que poseen materias primas; el intercambio entre los países que comercian con las mismas; el futuro de las generaciones».
A esto se añade que «determinados bienes naturales tienen el carácter de bienes públicos. El uso de la biósfera, de la atmósfera y de las reservas de agua dulce es por lo general realizado de manera irracional. Se observa además en varios países la privatización de bienes públicos».
«Es preciso afirmar con claridad que un acceso al agua al alcance de los pobres es un derecho humano, fuera de la lógica del mercado, lo que debería reflejarse en los sistemas de abastecimiento», subrayan.
«La actual crisis del mercado financiero nos muestra que la autorregulación de los mercados es una ilusión que ha llevado a un ‘callejón sin salida’ y que la visión cristiana de que la economía debe servir al ser humano y a su bienestar ha quedado relegada», añaden.
«La crisis económica global ahora afecta a países en vías de desarrollo más que a los países ricos», reconocen los firmantes, y constatan que «en las deliberaciones sobre la reforma del orden económico global, los intereses de los países en vías de desarrollo y de su población empobrecida no tienen prioridad».
«Los pobres son las mayores víctimas de la explotación ecológicamente desconsiderada de las materias primas -afirman–, de la corrupción, del aprovechamiento abusivo de la atmósfera y del agua disponible, de las escandalosas consecuencias resultantes de mercados financieros colapsantes y de la escasez creciente de bienes».
«Hemos de tomar conciencia que el cambio climático, la crisis de energía, la crisis financiera, la escasez de alimentos, la disminución de los recursos naturales, etc., son desafíos tan globales que han de ser asumidos por todos y, de modo especial, por aquellos países cuya responsabilidad es mayor en la generación de las causas que amenazan la vida humana y la integridad de la creación», señalan.
Advierten que «el momento de actuar es ahora o será demasiado tarde para todos» y urgen a que se den «respuestas inmediatas, y no seguir la práctica de adoptar medidas aisladas y desarticuladas que sólo apuntan a mantener o restaurar el sistema actual».
Los autores de la declaración enumeran los actuales desafíos éticos y proponen unas líneas de acción.
Proponen, en cuanto a las personas, «promover actitudes que alejen del consumismo y derroche de recursos naturales hacia actitudes solidarias en el uso responsable de los bienes, dentro de un comportamiento ético que valore más el ser que el tener y que supere el mero afán de lucro o beneficio individual».
A nivel de los Estados nacionales, «incrementar la eficiencia en el uso de los recursos naturales».
A sí mismo, que se garantice «la plena vigencia de los derechos humanos tanto los que tienen que ver con el cuidado y sostenimiento de la vida (al agua, a la alimentación, a la vivienda) como los que tienen que ver con su aporte y participación en la sociedad civil (los derechos civiles y políticos)».
Indican que «es necesario integrar en el sistema educativo el nuevo paradigma cultural que reconoce lo finito de los recursos naturales».
Afirman que «hay que buscar que los delitos ecológicos sean punibles de sanción penal en los tribunales de derechos humanos».
Y concluyen recordando que Aparecida desafía a una renovada pastoral social: «Asumiendo con nueva fuerza esta opción por los pobres, ponemos de manifiesto que todo proceso evangelizador implica la promoción humana y la auténtica liberación sin el cual no es posible un orden justo en la sociedad» (DA 399, DI 3).
Para acceder al documento completo:
http://www.celam.org/noticelam/index.php?module=NOTICELAM&type=admin&func=view_noticelam_alone&id=660137
Por Nieves San Martín
