México: cerca de veinte mil migrantes son secuestrados cada año

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Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

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CIUDAD DE MÉXICO, jueves, 23 julio 2009 (ZENIT.org-El Observador).- Cerca de veinte mil  migrantes son secuestrados cada año en México según denuncia un informe de la Comisión Nacional de Derechos humanos de ese país reproducido por el Observatorio Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), después de exhaustiva investigación, denuncia el escándalo «del secuestro masivo de migrantes en diferentes partes del país».

Los migrantes –en su mayoría centroamericanos– van en tránsito hacia los Estados Unidos en busca de mejores horizontes para su familia, en busca de un trabajo, uniéndose a los cerca de medio millón de mexicanos que cada año cruzan la frontera norte del país.

Durante los seis meses en que se desarrolló la investigación, el CNDH tuvo conocimiento de 198 casos de secuestro de migrantes, con un promedio de 33 eventos por mes, lo que representa más de un evento de secuestro cada día; asimismo, se obtuvo información que indica que el número de migrantes que fueron víctimas de privación de su libertad fue de 9.758 personas, es decir, más de 1.600 secuestrados por mes.
 
Tomando en cuenta las cifras recabadas en seis meses, el número de eventos de secuestro por año podría llegar a ser de alrededor de 400 y la cifra de víctimas podría ser de dieciocho mil al año.
 
Estos datos muestran claramente que la frecuencia y magnitud de los secuestros de migrantes implica, dice el informe, «una actividad delictiva de enormes proporciones, que representa altos ingresos a la delincuencia».

De acuerdo con la información obtenida, el monto de rescate que se pide a las víctimas va, en general, de 1.500 a 5.000 dólares. El promedio de los montos exigidos a las víctimas identificadas en esta investigación es de 2.500 dólares por persona. Así, de los 9.758 casos de víctimas identificadas, los secuestradores habrían obtenido un beneficio ilícito de aproximadamente 25 millones de dólares.
 
Las cifras señaladas revelan que la actuación de las autoridades competentes en la materia, señala el informe, «no ha correspondido a la gravedad y frecuencia del delito, pues la comisión de éste ha permanecido constante o se ha incrementado como resultado, entre otros factores, de la impunidad».
 
En cuanto a la nacionalidad de los agraviados, sólo fue posible precisar la nacionalidad de 552 víctimas: 372 de Honduras; 101, de El Salvador; 74 de Guatemala; y 5, de Nicaragua. De 609 personas únicamente se pudo establecer que eran originarios de Centroamérica. Se tienen datos de que además hubo también personas secuestradas de Ecuador, Brasil, Chile, Costa Rica y Perú.
 
Respecto de las regiones de México en las que, de acuerdo con el testimonio de los migrantes, se perpetraron los secuestros, se desprende: En el sur del país, fueron secuestrados 5.416 migrantes (55%); en el norte, 981 (11.8%); en la zona centro, 124 (1.2%), en tanto que no fue posible precisar el lugar en que fueron secuestradas 3.237 víctimas (32%).
 
En cuanto al perfil de los secuestradores, en la inmensa mayoría de los casos se trata de  bandas organizadas y en casos con la complicidad de autoridades.
 
El informe indica que el secuestro de migrantes es realizado mayormente por la delincuencia organizada, que cuenta con redes y recursos. «La participación de autoridades mexicanas en el secuestro de al menos 91 migrantes revela que existen lazos de complicidad entre la delincuencia y algunos agentes del Estado», añade.
 
El informe concluye «que el secuestro de migrantes se ha convertido en una práctica constante, de preocupantes dimensiones, generalmente impune y con rasgos de extrema crueldad, realizado tanto por el crimen organizado como por autoridades».
 
Resulta relevante que durante la presente investigación el personal de la CNDH pudo percatarse que «muchos pobladores de los lugares en los que se encuentran las casas de seguridad conocen la ubicación de éstas, por lo que es de suponerse que las autoridades locales también lo saben y, sin embargo, según el testimonio de los mismos pobladores, no emprenden las acciones respectivas».
 
Igualmente es importante destacar la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional, dependencia que en el periodo comprendido en este informe llevó a cabo 5 operativos y logró liberar a 410 migrantes secuestrados.
 
México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes concentra una de las fronteras con mayor afluencia migratoria en el mundo. Cada año, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población, alrededor de 550.000 mexicanos emigran a Estados Unidos. Asimismo, en los últimos tres años el Instituto Nacional de Migración aseguró un promedio anual de 140.000 migrantes sin documentos, en su mayoría de países de Centroamérica y en su mayor parte también con la intención de llegar a Estados Unidos.
 
«La magnitud de esta migración constituye un singular desafío debido a la complejidad que caracteriza a la migración internacional actual», subraya el informe.
 
Lo anterior se ve agravado por la gran extensión y alto riesgo de los trayectos que tienen que recorrer de manera subrepticia a lo largo del territorio nacional, lo que los convierte en personas completamente expuestas y vulnerables a sufrir cualquier tipo de violación a sus derechos humanos.
 
Afirma el informe, «existe ineficiencia del sistema de justicia para prevenir, investigar, perseguir y castigar el secuestro de migrantes, así como un evidente desinterés de la autoridad para prevenir el delito, proteger a las víctimas y lograr la reparación del daño, en lo que además debe quedar expresada la garantía de no repetición».
 
Por el contrario, muchos de los secuestros referidos en los testimonios de migrantes «fueron cometidos por integrantes de corporaciones estatales de seguridad pública, lo que además de constituir una posible conducta delictiva y una violación a los derechos humanos implica una grave distorsión de la función pública, a lo que se suma la falta de sanciones administrativas y penales respectivas», concluye el informe.
 
Por Nieves San Martín

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ZENIT Staff

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