WASHINGTON, viernes, 31 de julio de 2009 (ZENIT.org).- Líderes provida y proaborto de una reconocida coalición se reunieron la semana pasada en Washington buscar lo que llaman un «terreno común» para acabar con la cultura de guerra que impregna el debate sobre el aborto.
El único problema es que el proyecto en cuestión prácticamente no ha conseguido apoyo por parte de los principales exponentes provida.
Los representantes demócratas Tim Ryan de Ohio y Rosa DeLauro de Connecticut anunciaron el 23 de julio en una rueda de prensa la reintroducción de las medidas para la prevención de embarazos no deseados para evitar la necesidad de abortar y apoyar a los padres de los adolescentes en su responsabilidad.
Entre los impulsores del programa por el «terreno común», se encuentran representantes de las principales organizaciones proaborto como NARAL y Planned Parenthood.
El proyecto de ley, de 87 páginas, introducido inicialmente en febrero de 2007, pretende reducir la necesidad de abortar mediante el aumento de iniciativas de planificación familiar y la mejora del acceso a las medidas preventivas y a la atención postparto.
Los impulsores del proyecto de ley aseguraron que con estas medidas querían superar las divisiones.
Ryan, demócrata autoproclamado provida, ha sido invitado a abandonar la junta de Demócratas por la Vida debido a sus votaciones cada vez más favorables al aborto.
Entre los provida que apoyaban la iniciativa, no se encontraba ninguno de los grupos principales, a pesar de que en la conferencia se presentó una lista de 23 individuos y organizaciones que fueron nombrados como representantes de los que se oponen al aborto.
Dicho esto, hay algunos elementos del proyecto de ley que el movimiento provida apoya ampliamente, como las medidas para ampliar la cobertura a la maternidad y la atención postparto.
Entre las medidas previstas, se encuentran subvenciones para la compra de equipos de ultrasonidos para los centros de salud comunitarios, un nuevo programa de detección y tratamiento de mujeres maltratadas, ayuda económica a las mujeres embarazadas y las madres jóvenes que van al colegio y una campaña de promoción para informar a los nuevos padres de los recursos disponibles.
El proyecto también prevé la financiación de iniciativas para promover la adopción.
Pero esas propuestas ya aparecían en otra norma de la legislación presentada en las dos cámaras a principios de este año por el senador de Pensilvania Bob Casey y por el diputado de Tennessee Lincoln Davis, ambos demócratas.
Llamada Ley de Apoyo a la Mujer Embarazada, esa norma forma parte de la «Iniciativa 95-10» de Demócratas por la Vida, que tiene como objetivo reducir la tasa de abortos en Estados Unidos en más de un 95% en los próximos diez años.
El proyecto de ley fue redactado en 2005 y proporcionaría servicios de apoyo a las mujeres embarazadas y a las nuevas familias.
Según la página web de Demócratas por la Vida, el plan se basa en la promoción de la abstinencia, la responsabilidad personal, las adopciones y el apoyo a las mujeres y a las familias que se enfrentan a embarazos imprevistos.
Los partidarios del proyecto de ley afirman que ninguna mujer debe someterse a un aborto por carecer de recursos para tener un bebé.
El presidente del Comité de los obispos de Estados Unidos para las actividades provida, el cardenal Justin Rigali, reiteró esta sensibilidad en una carta que escribió el pasado mes de abril a los representantes de los Estados Unidos.
El purpurado señaló que esa cuestión «proporciona un auténtico terreno común y un enfoque que las personas pueden adoptar independientemente de su posición sobre otros temas».
«En una sociedad en la que los desacuerdos sobre el aborto y los derechos de los no nacidos parecen persistentes e intratables, hay algunas declaraciones que casi todo el mundo puede apoyar», destacó.
«Primero, el hecho de que se produzcan más de un millón de abortos cada año en este país es una tragedia, y debemos tomar medidas para reducir los abortos», indicó.
«Segundo, ninguna mujer debería nunca tener que someterse a un aborto porque siente que no tiene otra opción o porque las alternativas no estén a su disposición o ella no las haya conocido», señaló.
Y añadió: «Un aborto realizado bajo esas coacciones sociales y económicas no cumple el requisito de «libre de coacción».
En febrero, la conferencia episcopal de los Estados Unidos calificó el proyecto de ley como una «solución de sentido común que la gente de ambas partes del debate político podía apoyar».
Ahora bien a la Ley de Apoyo a la Mujer Embarazada también le falta apoyos en las filas favorables al aborto.
Planned Parenthood, NARAL, y otros grupos se opusieron al proyecto de ley destacando que estaba enfocado para «influir» en las mujeres contra el aborto y que no llegaba a la raíz que causa el aborto que, para ellos, es prevenir los embarazos no deseados (contracepción).
La parte del derecho al aborto decidió redactar un proyecto de ley que toma algunas de las propuestas para ayudar a las mujeres que escojan llevar su embarazo hasta el final y añade muchos más recursos para la educación sexual y la contracepción.
El proyecto de ley también facilitaría el acceso a servicios de planificación familiar como la contracepción y servicios de salud reproductiva a mujeres con bajos ingresos.
El gobierno federal asignó una cifra récord de 288,3 millones de dólares en 2005 para planificación familiar bajo el Título X, algunos de los cuales fueron directamente a Planned Parenthood.
La agencia de planificación familiar y aborto reveló que más de un tercio de su millonario presupuesto procede de financiación del gobierno y subvenciones como el Título X.
Lo que la legislación de «terreno común» de los proaborto no tiene en cuenta son medidas para asesorar a las mujeres que desean abortar y financiación para centros para embarazadas que ofrezcan alternativas al aborto, que son las dos medidas que el movimiento provida dice que conducen a disminuir el número de abortos.
También quedan fuera los servicios para padres que reciben un diagnóstico positivo de los tests sobre el síndrome de Down u otras condiciones de diagnósticos prenatales.
No obstante, sus partidarios han calificado la introducción del proyecto de ley de Ryan y DeLauro como un momento decisivo para el proceso político y un faro de esperanza en un tiempo de división política.
Doug Johnson, del Comité Nacional Derecho a la Vida, sin embargo, lo ha calificado como un «timo».
Las dos partes están instando a la administración del presidente Barack Obama a seguir su propio proyecto de ley, y ello podría finalmente llevar al presidente a determinar qué terreno podría llamarse el «terreno común».
Dan Gilgoff, de U.S. News and World Report, reveló la semana pasada que la administración se está inclinando hacia el terreno proaborto, pero está claro que el movimiento provida, incluyendo la conferencia episcopal de los Estados Unidos, se alejará de su mesa de «terreno común» si ésta sigue esa dirección.
Los líderes provida han sugerido separar la educación sexual y las medidas de planificación familiar del apoyo a las mujeres embarazadas, creando dos proyectos de ley.
Esto podría ser atractivo para Obama, especialmente tras su visita al Vaticano, donde prometió a Benedicto XVI que trabajaría para reducir el número de abortos en los Estados Unidos. No estaría bien visto contrariar a la conferencia de obispos tan pronto después de esa promesa.
Pero ésta no es una opción que el lobby proaborto va a dejar pasar por la razón, según alegan, de que las medidas para reducir el número de abortos debe
n incluir la causa fundamental de los embarazos no deseados, la falta de servicios de contracepción.
El movimiento provida difiere de esta posición, citando estudios realizados en Reino Unido y Suecia, donde la promoción de la contracepción ha dado lugar a un incremento, en lugar de una disminución, de las tasas de aborto.
Y el debate continúa, más dividido y cargado de sensibilidad que nunca, sin el menor atisbo de un verdadero terreno común brillando en el horizonte de Washington.
Por Karna Swanson, traducción del original en inglés por Patricia Navas
