MADRID, viernes, 28 de agosto de 2009 (ZENIT.org).- Ante el aumento del número de matrimonios de conveniencia en España con los que algunos extranjeros buscan obtener beneficios para regularizar su situación, la Iglesia ha aumentado sus esfuerzos para evitarlos y anular los que se hayan podido sellar.
Numerosos obispados han pedido a los sacerdotes que vigilen especialmente el cumplimiento de las garantías en las bodas entre una persona española y otra extranjera.
«La generalización del fenómeno referido obliga a ser muy cautos en la tramitación de expedientes matrimoniales de aquellos inmigrantes que no tengan el domicilio o permanencia estable en la parroquia a la que acuden a casarse», señalaba el arzobispado de Santiago de Compostela hace unos meses en un comunicado publicado en el Boletín Oficial.
La Iglesia exige, a los novios que quieren casarse, la partida de bautismo y los testimonios que confirmen que cumplen los requisitos para unirse en matrimonio, entre ellos, que están solteros.
Al contrayente extranjero, le pide la partida de bautismo, que se lleva al obispado para comprobar su autenticidad, un proceso difícil en casos de determinados países y lenguas.
En este sentido, el arzobispado de Santiago de Compostela destacaba en el mismo comunicado la existencia de «falsificaciones de certificaciones de bautismo y de testimonios de soltería».
Otras garantías con las que la Iglesia intenta evitar el fraude son la petición de un certificado civil del tiempo de residencia en España y un breve sondeo para comprobar una cierta compenetración entre los novios.
El concordato entre España y la Santa Sede da reconocimiento civil al matrimonio canónico y con el matrimonio civil, se reducen los plazos –del plazo general de diez años al plazo de un año– y requisitos para obtener la nacionalidad.
Por eso, algunos extranjeros sin papeles pactan casarse con una persona española para obtener más rápidamente una situación regular u otros beneficios económicos.
Existen incluso redes organizadas, investigadas por la policía, que piden grandes sumas de dinero a los inmigrantes para gestionarles el matrimonio fraudulento, y pagan una parte al ciudadano español.
Las facilidades de la actual legislación española para divorciarse rápidamente favorecen también la pérdida de respeto por el contrato matrimonial.
En algunas ocasiones, los novios apenas se conocen, tienen prisa por casarse o llegan por primera vez a una parroquia o a una localidad en la que no residen.
Cuando los párrocos detectan alguna irregularidad, se niegan a autorizar la celebración del matrimonio y piden a los interesados que se casen primero por lo civil, explica a ZENIT el delegado de comunicación del obispado de Gerona, Josep Casellas.
En algunos casos, los sacerdotes han sido acusados de racistas e incluso han recibido amenazas por ello.
«Se han dado casos de intermediarios de matrimonios de conveniencia que han reaccionado de una manera airada, poco educada, amenazando», explica Casellas.
A pesar de los esfuerzos por evitar este fraude, algunas personas consiguen celebrar las llamadas «bodas blancas» (como sucede también en los juzgados y ayuntamientos), algunas de las cuales son detectadas después por la policía o por la misma Iglesia.
La policía interroga a los párrocos que, en algunos casos, llegan a ser imputados en los procesos judiciales contra los fraudes.
En el ámbito del derecho canónico, un tribunal eclesiástico lleva a cabo una investigación interna y, si se demuestra que no son verdaderos matrimonios, los declara nulos y lo comunica al registro civil.
«No se trata de sancionar a la inmensa mayoría de los inmigrantes», explica el arzobispado de Santiago de Compostela en su escrito, sino de «defender la propia dignidad del inmigrante y de evitar la extorsión de grupos de presión».
Por Patricia Navas
