MÉXICO, domingo, 21 de noviembre de 2010 (ZENIT.org-El Observador).- Organizaciones de la sociedad civil de México dirigieron una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para celebrar el primer aniversario de las Reformas Constitucionales a favor del derecho a la vida en diecisiete estados de la República y dieron a conocer que en esas entidades la mayoría de la sociedad trabaja en una segunda generación de cambios legales que se traduzcan en apoyos a la salud, la educación y el empleo en favor de las mujeres.
El propósito, subrayaron las múltiples organizaciones que firmaron la carta, es beneficiar a la mujer, pero en particular a la mujer embarazada y, sobre todo «a la que está en condiciones de alta vulnerabilidad, a fin de que no sea una opción cancelar su embarazo, sino que cuente con todos los apoyos necesarios para ella antes, durante y después del embarazo, además de que se brinde atención especializada al síndrome posaborto».
A través de una carta pública dirigida al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México Magdy Martínez Solimán y con copia al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, los organismos subrayaron que hasta el momento diecisiete estados de la República han modificado su Constitución para proteger el derecho a la vida desde su inicio en la fecundación y próximamente se realizará en otros estados más.
«En México la dignidad de la persona y la vida es un valor universal que se respeta y promueve, como el derecho número uno», subrayaron, por lo que la esencia de estas reformas es brindar atención y acompañamiento social del Estado a las mujeres embarazadas, en toda la fase del alumbramiento y en el cuidado y desarrollo del hijo o hija nacido.
La misiva es suscrita por organizaciones de la sociedad civil como el Instituto de Formación en Valores de Durango; Abrazamos la Vida, Protégeme desde la Concepción y el Centro de Estudios y Formación Integral para la Mujer de Cancún, Quintana Roo; Código Mujer de Morelos; México Primer Mundo y Sé Mujer, Centro de Estudios y Reflexión de Veracruz.
Asimismo, firman la Red Pro Yucatán; Género F; la Fundación Proyección Valor; la asociación Más Humano; Hogares Maná; Sueños de Ángel -apoyo integral a niños con cáncer-; Redes Nuevas, Hogares Juveniles, Vifac y Médicos a Favor de la Vida de Yucatán; Movimiento Sí a la Vida de Aguascalientes; Familia Fuerza del Futuro; el Instituto Académico de Desarrollo Social y el Centro de Desarrollo Humano y Familiar de Puebla; el Centro Nacional Billings -Provincia Bajío-; Grupo de Mujeres Oaxaqueñas y el Patronato Pro Adopta una Niña de Oaxaca.
Todas ellas señalaron que la prioridad será garantizar la salud de las mujeres y el bienestar del bebé por nacer. «Porque no cejamos en el trabajo para que se promuevan y ejecuten políticas públicas que en verdad beneficien a las niñas, jovencitas y mujeres embarazadas en situación vulnerable», establecieron.
Voto mayoritario por la vida
En México, el aborto no es un derecho, sino que está tipificado desde hace muchos años como un delito en todos los Códigos Penales de los Estados de la República Mexicana. Incluso en el Distrito Federal (la capital) abortar es un delito si se practica más allá de las 12 semanas de gestación, agregan.
Los firmantes de la carta explican que, en «las excusas absolutorias de los Códigos Penales de cada uno de los dicisiete Estados en donde se llevaron a cabo estas Reformas a favor del Derecho a la Vida, se dejaron intactas, por lo que de ninguna manera llegan a criminalizar o a vulnerar la libertad y derechos de las mujeres. Las mujeres pueden cancelar su embarazo sin que se les aplique ninguna sanción penal, cuando su vida corre peligro, si existe mal congénito, por delito imprudencial y en caso de que el embarazo sea resultado de una violación, principalmente» aclararon las organizaciones sociales mexicanas.
Derecho protegido por la ley
En la misiva, las organizaciones de la sociedad civil subrayan que al mismo tiempo, en las reformas constitucionales, se luchó y logró que en algunos estados se sustituyera la pena de cárcel por la atención médica integral en libertad.
Las organizaciones de la sociedad civil, ratificaron a la ONU su adhesión a los acuerdos, tratados y convenciones internacionales que establecen que «toda persona tiene derecho a que se le respete la vida a partir del momento de la concepción, que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad. Especialmente porque hacen énfasis en que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y que el derecho a la vida está protegido por la ley y nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente, ni de ninguna manera», termina diciendo la misiva.
