CIUDAD DEL VATICANO, jueves, 6 de enero de 2011 (ZENIT.org).- Benedicto XVI ha publicado una carta apostólica en forma de «motu proprio» «para la prevención y el contraste de las actividades ilegales en el ámbito financiero y monetario», con la que busca que la Santa Sede se convierta en un ejemplo elocuente de ética económica y financiera en todas sus actividades.
Según el portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi S.I., «esto es vital para la misión evangélica de la Iglesia».
Los motivos que le han llevado al papa a redactar el documento, publicado por la Oficina de Información de la Santa Sede el 30 de diciembre, los revela él mismo en el documento al escribir que «por desgracia, en nuestro tiempo la paz, en una sociedad cada vez más global, se ve amenazada por diversas causas, entre las cuales se encuentra un uso impropio del mercado y de la economía y la violencia terrible y destructiva perpetrada por el terrorismo, que causa muerte, sufrimientos, odio e inestabilidad social».
Junto a la publicación de la carta, el obispo de Roma ha promulgado una nueva normativa contra el reciclaje para el Estado de la Ciudad del Vaticano y ha establecido que sea válida para los todos los departamentos de la Curia Romana y de todos los organismos y entidades dependientes de la Santa Sede.
Además, ha instituido la Autoridad de Información Financiera (AIF), cuyo presidente y miembros serán nombrados por el mismo Papa, que tiene como cometido emanar disposiciones complejas y delicadas de desarrollo, indispensables para garantizar que los sujetos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad Vaticano respeten las nuevas e importantes obligaciones de anti-reciclaje y de anti-terrorismo.
El proceso de elaboración de esas leyes se ha llevado a cabo con la asistencia del Comité mixto, previsto por la Convención Monetaria entre el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Unión Europea (17 de diciembre de 2009), compuesto por representantes del Estado de la Ciudad del Vaticano y de la Unión Europea. La Delegación de la Unión Europea está compuesta, a su vez, por representantes de la Comisión y de la República Italiana, así como por representantes del Banco Central Europeo.
El parpa, en el documento, toma medidas concretas para impedir el auto-reciclaje (caso que todavía no se contempla en países con una legislación estricta), establece controles sobre la entrada o salida de dinero del Estado de la Ciudad del Vaticano, regula las obligaciones sobre la transferencia de los fondos y, por último, indica sanciones administrativas, más rigurosas y aplicables, no sólo a las instituciones y a las personas jurídicas, sino también a las personas físicas que actúen en su nombre.
«La Santa Sede siempre ha levantado su voz para instar a todas las personas de buena voluntad, y sobre todo a los líderes de las naciones, al compromiso de la edificación, también a través de una paz justa y duradera en todo el mundo, de la ciudad universal de Dios hacia la que avanza la historia de la comunidad de los pueblos y las naciones», dice el Papa en la introducción.
Un documento para el testimonio evangélico
El padre Federido Lombardi S.I., director de la Oficina de Información de la Santa Sede, ratifica que estas nuevas medidas del Papa constituyen «un evento de gran importancia normativa, pero también reviste un significado moral y pastoral de largo alcance».
«Todas las instituciones en relación con el gobierno de la Iglesia católica y con ese ‘apoyo’, que constituye el Estado de la Ciudad del Vaticano, se integran a partir de hoy, con espíritu de sincera colaboración, en el sistema de principios e instrumentos jurídicos que la comunidad internacional está construyendo con la finalidad de garantizar una convivencia justa y honesta en un contexto mundial cada vez más globalizado», asegura el portavoz vaticano en una nota.
«Desde siempre –añade–, las actividades ilegales han demostrado poseer una capacidad extraordinaria para infiltrarse y contaminar el mundo económico y financiero, pero su desarrollo a escala internacional y el uso de las nuevas tecnologías las han hecho cada vez más omnipresentes y capaces de camuflarse, por lo que, para combatirlas, ha adquirido la máxima urgencia constituir redes de control y de información mutua entre las autoridades responsables de la lucha contra ellas».
Según el padre Lombardi, «sería ingenuo pensar que la inteligencia perversa que guía las actividades ilegales no intente aprovechar sobre todo los puntos débiles y frágiles, que a veces existen en el sistema internacional de defensa y control de la legalidad, para introducirse en él y violarlo».
«Por lo tanto, la solidaridad internacional es fundamental para el mantenimiento de ese sistema, y es comprensible y justo que las autoridades nacionales de vigilancia y los organismos internacionales (Consejo de Europa y, en particular, el GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional contra el reciclaje de capitales) miren con ojos favorables a los Estados y los entes que ofrecen las garantías requeridas e impongan mayores vínculos a los que no las cumplen», añade.
Naturalmente, reconoce, «esto también se aplica a la Ciudad del Vaticano y a las instituciones de la Iglesia que llevan a cabo actividades económicas y financieras».
«La aplicación de las nuevas normas requerirá sin duda un gran esfuerzo», reconoce. «Hay nuevas obligaciones que respetar. Nuevas competencias que ejercer. Todo ello beneficiará a la Iglesia. Los organismos del Vaticano serán menos vulnerables al riesgo constante que, inevitablemente, se corre cuando se maneja dinero».
Y concluye: «Se evitarán en el futuro aquellos errores que tan fácilmente se convierten en motivo de ‘escándalo’ para la opinión pública y para los fieles. En resumen, la Iglesia será más ‘creíble’ ante la comunidad internacional y sus miembros. Y esto es vital para su misión evangélica».
