BUDAPEST, martes 13 de septiembre de 2011 (ZENIT.org).- El próximo 1 de enero entrará en vigor en Hungría una nueva y polémica ley que reduce de 358 a 14 el número de denominaciones confesionales reconocidas por el Estado.
La nueva ley reconoce a la Iglesia católica, cuyos fieles representan más de la mitad de la población, pero deja “fuera de juego”, aunque con la posibilidad de volver a ser reconocidas, incluso a comunidades tradicionales como la islámica y la metodista, destacó L’Osservatore Romano este martes.
Por eso, un grupo de intelectuales, exdisidentes políticos durante los años del comunismo, ha lanzado un llamamiento a los responsables de las instituciones europeas pidiendo el respeto del derecho a la libertad religiosa.
Los obispos católicos húngaros abordaron la cuestión en su reunión los pasados 6 y 7 de septiembre. El nuncio, el arzobispo Alberto Bottari de Castello, destacó que “se trata de una ley que suele llamarse de libertad religiosa , pero que en realidad se refiere únicamente a la personalidad jurídica de las comunidades religiosas”.
En la práctica, el Estado se reserva la definición de su estatus jurídico, por lo que la Iglesia católica la ve con una actitud de “atención y respeto”, explicó.
De hecho, la nueva ley tiene el objetivo declarado de detener la notable proliferación de asociaciones que, en los últimos veinte años, es decir desde el final del régimen totalitario, se han beneficiado de la ayuda económica pública haciéndose pasar por comunidades religiosas.
Las realidades excluidas de la lista podrán solicitar registrarse de nuevo, con la aprobación de dos tercios de los miembros del Parlamento y diversas condiciones, como explicitar los contenidos de la propia fe, ilustrar la estructura organizativa y demostrar la presencia en Hungría desde hace al menos veinte años.
Una enmienda al proyecto de ley, aprobada en el último momento, canceló el requisito de contar con al menos mil fieles.
El Parlamento húngaro aprobó la ley el pasado 12 de julio con 254 votos a favor y 43 en contra, pero ha provocado una serie de protestas y reacciones. Dieciséis pequeñas comunidades religiosas destinadas a perder su reconocimiento oficial han apelado al Tribunal constitucional y han enviado una carta a las principales autoridades políticas del país.
Además, quince escritores, intelectuales y políticos que en los años setenta y ochenta del siglo pasado participaron en el movimiento de oposición al comunismo dirigieron una carta abierta a algunos altos cargos de la Unión Europea pidiendo una acción decidida en defensa de la libertad religiosa y de las demás libertades fundamentales.
El secretario de Estado encargado de las comunicaciones del Gobierno, Zoltán Kovács, respondió destacando que la nueva ley reconoce “el derecho inalienable de los individuos a escoger y practicar una religión”.
Además, añadió, el Estado ha identificado catorce denominaciones para concederles ayudas económicas especiales por su función desarrollada en el ámbito humanitario.
