BARCELONA, viernes 4 mayo 2012 (ZENIT.org).- La Plataforma de Entidades Cristianas con los Inmigrantes de Cataluña hizo público un comunicado este jueves en el que pide al gobierno que rectifique su decisión de dejar sin asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación ilegal y que continúe ofreciendo asistencia médica «a todas las personas que lo necesiten».
La plataforma, en la que se integran, Caritas, Cristianismo y Justicia, la Unión de Religiosos de Cataluña, Bayt-al-Thaqafa, la Pastoral Obrera de Barcelona y otras veinticinco entidades, hizo público un comunicado en el que dice comprender «la exigencia de reducir el déficit público», pero entienden que «existen otras políticas que pueden obtener los mismos resultados».
El manifiesto, que también ha suscrito la parroquia de Santa María del Pí, el grupo de Juristas Roda Ventura y la Juventud Obrera Católica, considera de «dudosa constitucionalidad», y «una grave e inaceptable involución en materia de derechos humanos» la modificación legislativa que sólo mantendrá la sanidad para inmigrantes sin papeles para casos de urgencia y embarazos.
Las entidades cristianas recuerdan que la asistencia médica está reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que dejar sin ella a una persona «pone también en peligro su derecho a la vida y es un desprecio a su dignidad humana».
«Al mismo tiempo –agrega el manifiesto- comportará un factor de inseguridad y exclusión social para estos colectivos, hecho que se añade a la creciente precariedad que ya sufren, enviando un mensaje populista y muy peligroso de estigmatización de los extranjeros».
Para las entidades, «esta medida no se puede justificar por la intención de reducir el déficit público porque el ahorro económico que representa en el conjunto del presupuesto sanitario es mínimo».
También advierten que el hecho de no prestar asistencia médica oportuna «generará posteriormente un coste económico superior, cuando muchas patologías acaben derivando en enfermedad grave».
Las entidades cristianas creen que esta medida «se integra en una tendencia preocupante de políticas que, en el actual contexto de crisis económica, perjudican especialmente a los colectivos sociales más vulnerables y que debilitan gravemente el Estado del Bienestar».
«Esta forma de Estado es una conquista irrenunciable de justicia social, que Europa tendría que mantener y reivindicar como modelo de referencia global», añade el manifiesto.
Por todo ello, las entidades cristianas instan al gobierno «a rectificar esta medida y a continuar ofreciendo asistencia médica a toda persona que lo necesite», y afirman que otras políticas son posibles «para obtener los mismos resultados sin poner en peligro prestaciones tan esenciales como son la educación básica y la atención sanitaria universales y gratuitas».
«La reducción del déficit se puede conseguir con la racionalización del gasto público en diferentes aspectos: la disminución del enorme gasto militar español; la lucha más activa contra todas las formas de corrupción, de abuso de los servicios públicos y de fraude fiscal; la mejora de gestión y un reparto más más equitativo de las cargas públicas en función de los niveles de renta», concluye el manifiesto.
