ANTEQUERA, lunes 18 junio 2012 (ZENIT.org).- Mañana, martes 19 de junio, Escuelas Católicas de Andalucía ha convocado una reunión urgente de todos los representantes de las Escuelas Hogar de Andalucía pertenecientes a su institución. La cita será en la Escuela Hogar Sagrado Corazón (Salesianos-Aguirre) de Antequera, España.
El motivo de la convocatoria, informa un comunicado de Escuelas Católicas de Andalucía, «es la grave situación de injusticia que han perpetrado con uno de los colectivos más necesitados de la educación. Las medidas que desean tomar la Consejería, ya comunicadas mediante resolución provisional, consiste en el despido masivo de trabajadores (educadores, cuidadores, personal de servicio, etc.) y una rebaja sustancial en la cantidad económica que abonan para el mantenimiento de los destinatarios de este servicio educativo».
El comunicado subraya que «sin explicar motivo alguno –se debe entender que es el recorte de gastos a consecuencia de la crisis económica- la Administración Educativa pone en el ‘borde del precipicio’ a este servicio educativo tan necesario en nuestros días».
«El aumento de la ratio de alumnos –añade- hace prácticamente imposible atender con criterios educativos a estos alumnos; y la disminución de la dotación económica es tan drástica que
prácticamente obligan a mantener a un alumno con 1,9 € al día. Con esta cantidad insignificante deben alimentar a niños y adolescentes a lo largo de toda la jornada (desayuno, bocadillo de media mañana, comida, merienda y cena). Empresa realmente imposible».
Como dato a tener en cuenta, señala el comunicado, «el colectivo al que ahora se ataca de forma directa, y que constituye el núcleo fundamental de los destinatarios de las Escuelas Hogar, son niños y jóvenes con situaciones de grave desestructuración familiar. Prácticamente todos ellos, son derivados por los servicios sociales de los Ayuntamientos a estas instituciones para que puedan tener un entorno educativo apropiado para su desarrollo personal y social».
«Desde Escuelas Católicas de Andalucía –concluye el comunicado- manifestamos que de nuevo la Junta de Andalucía quiere llevar a cabo una gran injusticia mientras proclama que los recortes no afectarán gravemente a los colectivos más necesitados. Como en ocasiones anteriores han querido silenciar actuaciones que atentan contra instituciones que, durante decenios, han desarrollado una labor abnegada y silenciosa a favor de los más pobres y desheredados».
En otro comunicado, enviado al término de la Asamblea General Informativa celebrada por Escuelas Católicas de Andalucía, hoy, en la sede de la Fundación San Pablo-CEU, en Bormujos, Sevilla, manifiestan que «Escuelas Católicas está profundamente preocupada por la situación que atraviesa la Educación en Andalucía, junto al resto de agentes de la comunidad educativa: padres, docentes, personal de administración y servicios».
«Las actuaciones que se están adoptando no están solo motivadas por la situación económica que atravesamos, sino que buscan, especialmente, el menoscabo de la enseñanza concertada en Andalucía», afirman.
Consideran «inaceptable que esta evidente discriminación esté afectando a la labor docente de modo directo y, por tanto, no solo a la calidad de la Educación sino a los elementos esenciales de una labor educativa que saque a Andalucía del estado de postración que está demostrando en este sector».
Denuncian «a la Administración educativa de Andalucía por provocar una asfixia económica de los centros que, en breve, repercutirá en el normal desarrollo de los servicios (limpieza, sustituciones, servicios complementarios, atención al usuario,…), por una clara injerencia en la autonomía organizativa y pedagógica de nuestros centros y por el abandono administrativo de los que necesitan un mayor apoyo educativo representados por las Escuelas Hogar y Educación Especial».
Los titulares de los centros católicos reunidos en las Asambleas Provinciales y en esta Asamblea Regional Informativa, acordaron: transmitir esta inquietud a los colectivos que sufren en primera instancia esta grave discriminación: padres, docentes, personal de administración y servicios y al conjunto de la sociedad; adoptar cuantas medidas de presión estén a su alcance, salvando hasta que las circunstancias lo permitan, la atención a nuestros problemas; emplear las medidas legales que estén a su alcance para afrontar las serias consecuencias que están aportando a su sector las últimas decisiones de la Administración.
