Este domingo 19 de enero, es la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados. Cáritas Española, como miembro de la Iglesia, se suma al llamamiento del papa Francisco y denuncia la tragedia que viven los 14,5 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares y buscar refugio en otros países, así como los 28,8 millones de desplazados internos dentro de las fronteras de sus propios estados y el millón de personas que ha pedido asilo en todo el mundo.
“Toda persona pertenece a la humanidad y comparte con la entera familia humana de los pueblos la esperanza en un futuro mejor”. De esta constatación, surge el lema “Emigrantes y refugiados: hacia un mundo mejor”, que el papa Francisco ha elegido para la Jornada del domingo.
“Los emigrantes y refugiados –recuerda el Papa en su mensaje– no son peones sobre el tablero de la humanidad; son niños, mujeres y hombres que abandonan o son obligados a abandonar sus casas por muchas razones”.
La Iglesia, señala el Pontífice, tiene la obligación de acompañarlos en su camino, comprender las causas de los movimientos migratorios –violencia, miseria, persecución– y, sobre todo, trabajar para acabar con el rechazo, exclusión y marginalidad que muchas veces sufren en las comunidades de tránsito y destino. Se trata, en definitiva, de pasar de una “cultura del rechazo” hacia los emigrantes, los prófugos, los refugiados y los que piden asilo, a una “cultura del encuentro”.
El Santo Padre va delante y estimula a la comunidad cristiana en su empeño no solo con sus luminosas palabras, sino con el testimonio de su vida. Fue muy significativo que una de sus primeras salidas del Vaticano fuera para visitar la isla de Lampedusa, ese lugar que es el icono más expresivo de la reiterada tragedia de tantos emigrantes que dejan su vida en el mar o en los caminos. A la vez que elevaba su oración por los fallecidos, quiso, con su palabra y sus gestos, tan significativos, sacudir la conciencia de Europa y de toda la humanidad.
La principal causa de los movimientos forzosos de población sigue siendo los conflictos armados en países como Siria, Afganistán, Iraq, República Centroafricana, Colombia o Sudán. Y con estas personas, especialmente con las más vulnerables entre ellas, trabaja Cáritas Española desde hace décadas, acompañándolas en campos de refugiados de todo el mundo, en los países de tránsito hacia su destino o en las comunidades de acogida.
En los últimos años, Cáritas Española ha ido respondiendo a las sucesivas llamadas de emergencia de las Cáritas nacionales de Siria y de los países vecinos para responder a la enorme emergencia humanitaria que ha causado la guerra, que ha obligado, desde el inicio del conflicto, a más 8,5 millones de personas a abandonar sus hogares, de las cuales 6,5 millones son desplazados internos y otros dos millones refugiados en Jordania, Líbano, Iraq y Turquía.
El apoyo de Cáritas Española a las Cáritas de Siria, Líbano y Turquía ha dado prioridad a proyectos de distribución de ayuda humanitaria básica (alimentos, material de refugio, mantas, artículos de higiene, combustible para calefacciones…) y asistencia médica y psicosocial para los desplazados internos y los refugiados en situación más vulnerable.
Dos de las comunidades cuya protección es más precaria son las de los refugiados iraquíes y palestinos que vivían en Siria y ahora han huido de la guerra, los primeros hacia su país de origen y los segundos al Líbano. En este último, los refugiados palestinos sufren discriminación y carecen de acceso a derechos básicos como la educación pública o la asistencia sanitaria: son los últimos y no atendidos. El Gobierno libanes argumenta que la responsabilidad de asumir su protección corresponde a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, pero esta organización carece de los recursos necesarios para hacer frente al número creciente de palestinos que cada día salen de Siria y llegan a los campos que gestiona en territorio libanés.
En uno de estos campos de refugiados de la UNRWA, el de Ein El Hilweh, trabaja Cáritas Española. Con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, el Fondo Menorquí y la Cáritas Diocesana de Menorca, se apoya al Centro de Solidaridad Social en el reparto de raciones alimenticias y en programas de formación sociocultural, de prevención, de distribución de ropa, de atención médica, y de ocio y tiempo libre para niños.
Otra crisis que está provocando un gran número de desplazados y amenaza con convertirse en una catástrofe humanitaria es la de la República Centroafricana. Ayer mismo, el director de operaciones para la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), John Ging, alertaba a la comunidad internacional del riesgo de genocidio que existe en el país debido al aumento de la tensión entre las comunidades en conflicto.
ACNUR estima en más de un millón el número de personas que han tenido que abandonar sus hogares, una cifra que incluye tanto a los 86.400 refugiados centroafricanos que han huido hacia Camerún, Chad y la República Democrática del Congo como a las 958.000 personas desplazadas a causa de la violencia en el interior de la Republica Centroafricana.
La Cáritas Centroafricana ha puesto en marcha, con el apoyo de la red internacional de Cáritas, un amplio programa de atención médica y alimentaria a los desplazados, que actualmente está desarrollando en 13 campos. Hasta la fecha, Cáritas Española ha respondido a los sucesivos llamamientos de ayuda de emergencia lanzados por Cáritas Internationalis para este país africano con un total de 73.500 euros.
Dentro de su acción de protección a las comunidades de refugiados y desplazados en todo el mundo, Cáritas Española continúa apoyando a los millones de refugiados, desplazados y emigrantes que ha provocado el conflicto armado más largo de América Latina, el de Colombia, que dura ya cinco décadas. Así lo hace en Ecuador, donde viven alrededor de 450.000 colombianos con necesidades de protección internacional, y en el interior de Colombia con las comunidades de desplazados internos que residen en las zonas más remotas del país, en condiciones de gran precariedad.
En Ecuador, donde los refugiados colombianos han sido objeto de discriminación por parte de las comunidades locales, se ha conseguido que, gracias el trabajo de acogida y las campañas de inclusión y de solidaridad llevadas a cabo a través de Cáritas Ecuador y de varias organizaciones de la sociedad civil, el clima de convivencia entre ambas comunidades y las condiciones de vida en las zonas de acogida hayan mejorado significativamente.
Cáritas Española apoya desde hace décadas este trabajo de la Cáritas local con los inmigrantes y refugiados colombianos, que ha impulsado oportunidades de inserción en nichos laborales olvidados por los ecuatorianos, como la construcción o la agricultura.
Aunque los conflictos armados siguen siendo la causa principal de que las personas huyan de sus países, el cambio climático y el deterioro ambiental son las causas cada vez más importantes de que grandes poblaciones abandonen sus lugares de origen en busca de refugio.
Estas personas, sin embargo, no disfrutan de la protección legal como refugiados. Existe la necesidad de revisar, por tanto, el concepto jurídico de refugiado para poder ampliarlo a estas nuevas realidades sociales derivadas del deterioro del medio ambiente, tanto por actividades humanas como por fenómenos naturales.
Para Cáritas, la regulación del llamado “refugiado ambiental” por el ordenamiento jurídico internacional llenaría la laguna legal que existe en la actualidad y proporcionaría una protección a los cada vez más numerosos refugiados ambientales. Diversos autores estiman que el número de estos refugiados, que estuvo en torno a 25 millones de personas en la década de los 90, podría haberse duplicado en el año 2010
.
Cáritas Española es testigo, a través de su trabajo de acompañamiento a las Cáritas locales en todas las regiones del mundo, de esta realidad, que afecta a millones de personas desplazadas por motivos medioambientales. Uno de los ejes de la cooperación fraterna con las Cáritas del Sur se dirige, precisamente, a garantizar la seguridad y protección de estas poblaciones, proporcionarles servicios básicos e impulsar soluciones a largo plazo que les garanticen una vida digna.
