El Obispado de Córdoba ha explicado este lunes que el denominado Centro Unesco de Andalucía, que se ha posicionado ayer a favor de que la Catedral sea "patrimonio de todos", es "una organización civil totalmente independiente de la Unesco, es decir, asegura defender los valores de la Unesco, pero no tiene nada que ver" con dicho organismo internacional de Naciones Unidas, que en su día declaró a la Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad.

En este sentido, fuentes de la diócesis cordobesa consultadas por ZENIT han lamentado que "se estén lanzando noticias que están confundiendo muchísimo a la opinión pública". Y es que la Unesco como tal todavía no se ha pronunciado sobre la pretendida expropiación del principal templo de la ciudad por parte del Gobierno regional, a instancias de grupos profundamente ideológizados.

Según han informado diferentes medios de comunicación, el Centro de la Organización para la Cultura, la Ciencia y la Educación de Naciones Unidas (Unesco) de Andalucía se unió ayer a la plataforma ciudadana 'Mezquita-Catedral, Patrimonio de todos', que exige la titularidad pública del templo católico, que deje de emplearse institucionalmente solo el término Catedral para referirse al monumento, una gestión pública y transparente y la redacción de un Código de Buenas Prácticas.

En un comunicado, que ha tenido amplia repercusión, esta entidad señalaba que uno de los criterios por los que se declaró a la Catedral (antigua mezquita) como Patrimonio de la Humanidad, "fue el hecho de considerarla testigo del intercambio de valores humanos".

Además, explicaba que el reconocimiento otorgado en 1984 resaltaba "no sólo su singularidad artística y arquitectónica, sino también el carácter simbólico del edificio como ejemplo del paradigma en el que Córdoba siempre ha querido sentirse identificada: la concordia entre creencias y civilizaciones".

Por último, destacaba que las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial establecen que los bienes declarados han de "gozar de protección jurídica y mecanismos de gestión adecuados para asegurar su conservación", y que "cada bien propuesto deberá contar con un plan de gestión adecuado o con otro sistema de gestión documentado que especifique cómo se conservará el valor universal excepcional del bien, preferentemente por medios participativos".

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