El Tribunal del Alto Egipto ha dictado este lunes la condena a muerte más masiva de la historia moderna del país. Un total de 529 personas han sido sentenciadas a la pena capital por el asalto a una comisaría en la provincia sureña de Minya, a mediados del pasado mes de agosto, en el que murió un coronel de la policía. Más de 300 de los procesados han sido juzgados en rebeldía en un juicio que ha suscitado una gran controversia por su falta de garantías procesales.
«Es dudoso que esta sentencia se aplique. Casi seguro que será anulada. Pero es muy preocupante el hecho de que haya sido dictada», ha tuiteado el analista político H. A. Heller, de Brookings Institution.
Además, diferentes responsables de organizaciones defensoras de los derechos humanos han coincidido en señalar que la judicatura egipcia está altamente politizada y no es realmente independiente del poder ejecutivo, tutelado por los militares.
«Incluso si son juzgados en rebeldía no se puede sentenciar a muerte a 529 acusados en tres días», ha señalado Al Ahram Gamal Eid, director de la Red Árabe para la Información de Derechos Humanos. A su juicio, el veredicto es «un desastre» y «un escándalo» para Egipto.
Por su parte, Nasser Amin, miembro del Consejo Nacional para los Derechos Humanos, ha afirmado en su cuenta de Twitter que esta decisión judicial será «anulada» cuando los recurrentes soliciten volver a ser juzgados.
Está previsto que los abogados defensores recurran el veredicto en los próximos días. Según la ley egipcia, toda pena de muerte firme debe contar con la ratificación del Gran Muftí de la República, una autoridad religiosa, antes de ser ejecutada.
El citado ataque fue perpetrado horas después de que el desmantelamiento de las acampadas en Raba el Adawiya por parte del Ejército acabara en una matanza de seguidores de los Hermanos Musulmanes. Fallecieron cientos de islamistas que llevaban un mes y medio concentrados en protesta por el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi. Como venganza, los seguidores Morsi atacaron diversas comisarias e iglesias, principalmente en las zonas de Minya, Sohag y Assiut.
<p>Aunque probablemente muchos de esos condenados a muerte han estado implicados en numerosos actos de violencia de los Hermanos Musulmanes contra los cristianos, el obispo copto-católico de Assiut, monseñor Kyrillos William se ha pronunciado en contra de su ejecución y en contra de la pena de muerte en general, en declaraciones recogidas por Fides.
“La situación es complicada. Por un lado, está la dureza de este juicio, que no es definitivo, y hay que esperar. En cualquier caso, la Iglesia está en contra de la pena de muerte. Desde el punto de vista de la conciencia cristiana, la condena capital no puede representar nunca una vía para resolver los problemas de forma justa”, ha explicado.
“Muchos dudan que el Gran Muftí confirme las condenas. Ya en otras ocasiones los jueces que han emitido la sentencia se distinguían por haber aplicado penas durísimas. Muchos piden que se apliquen penas ejemplares contra la violencia sectaria. Pero la pena de muerte no puede representar una solución”, ha insistido el obispo de Assiut.
