El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha rechazado rotundamente presentar su dimisión pese a que unos 100 mil guatemaltecos se han manifestado este jueves en la capital para reclamárselo ante las acusaciones de corrupción.
Los obispos de Guatemala han expresado reiteradamente que comparten el “rechazo e indignación” de los ciudadanos por la situación que atraviesa el país centroamericano. Así, movidos por “la gravísima preocupación de lo que está sucediendo”, acaban de denunciar que “el descubrimiento de la enorme corrupción organizada en personas y entidades estatales ha puesto en crisis la institucionalidad del Estado”.
En un mensaje titulado “La esperanza no defrauda”, los prelados indican que “por amor a la verdad y a nuestra responsabilidad de promover la paz consideramos que el señor presidente debería reflexionar en su conciencia sobre la decisión de no renunciar”.
También reconocen “la legitimidad de las protestas ciudadanas” pero instan “a toda la población a no recurrir a ningún tipo de violencia que únicamente logrará generar más violencia”.
Más adelante, la Iglesia local lamenta la “traición del Congreso de la República al pueblo guatemalteco al no haber aprobado las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos propuesta por el Tribunal Supremo Electoral”.
“Nunca en la historia de nuestra democracia –afirman los obispos– habíamos tenido un Congreso como el actual: ineficiente, complaciente con sus intereses personales o partidarios, con la mayoría de diputados tránsfugas”. “La irresponsabilidad en su gestión los hace cómplices de la situación de inestabilidad en que se encuentra el país”, concluyen.
El presidente de Guatemala y su equipo de confianza están siendo investigados por su relación con un caso denominado “La Línea”. Hasta ahora más de diez ministros y altos cargos han tenido que dimitir ante la presión popular.
La trama en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se destapó el pasado 16 de abril gracias a unas escuchas practicadas durante meses por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Policía, según las cuales había una estructura criminal encargada de cobrar sobornos en las aduanas para favorecer la importación de ciertos productos y evitar el pago de impuestos a otros.
Las escuchas revelaron que los cabecillas de esta red de sobornos eran un hombre y una mujer a quienes los interlocutores se referían como “el uno” y “la dos”, entre otros apodos, lo que recondujo las sospechas hacia Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Baldetti, que tuvo que dimitir el 9 de mayo tras perder su inmunidad, ha sido detenida e imputada por tres cargos de corrupción.
