La Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (USCCB, por sus siglas en inglés) ha pedido este martes al Gobierno que suspenda las redadas y la deportación de familias de indocumentados centroamericanos, emprendidas por las autoridades de inmigración estadounidenses en las últimas semanas.
En una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, el Comité para las Migraciones de la USCCB y la Catholic Legal Immigration Network (CLINIC) han expresado su “gran preocupación” por la detención e inminente deportación de 121 centroamericanos, principalmente madres con hijos.
La misiva, firmada por el obispo auxiliar de Seattle, monseñor Eusebio Elizondo, y el de Orange, monseñor Kevin W. Vann, recuerda que en el primer fin de semana del año, se detuvo a ese número de inmigrantes indocumentados, sobre todo en Georgia, Texas y Carolina del Norte, con el fin de expulsarlos del país.
“Estas acciones han generado temor entre los inmigrantes y han causado que sus comunidades sientan menos confianza en los agentes del orden público y estén vulnerables a informaciones erróneas, a la explotación y al fraude”, dicen los prelados.
Asimismo, la Conferencia Episcopal señala que dichos ataques “dirigidos a mujeres y a niños inmigrantes –de los que la mayoría salió huyendo de la violencia y la persecución en sus propios países– son inhumanos y un empleo muy inadecuado” de los recursos del Estado.
El escrito destaca que el presidente Barack Obama aseguró en noviembre de 2014 que su Gobierno buscaría la deportación de delincuentes y pandilleros, y no de familias, niños o de madres “que trabajan duramente para mantener a sus hijos”, e indica que esas acciones contrastan con dichas palabras.
“Nos oponemos al traslado de cualquier inmigrante que fuera detenido sin antes constatar que haya recibido unas verdaderas oportunidades para presentar su solicitud de asilo en una audiencia en una corte de inmigración”, manifiestan los obispos, al tiempo que expresan su “seria preocupación” ante la posibilidad de que no se respete el debido proceso.
“Estamos en desacuerdo con la lógica subyacente detrás de esta acción: que la devolución de niños y familias al ambiente peligroso del cual ellos huyeron, serviría de impedimento a otros niños y familias quienes están considerando huir de Centroamérica”, añaden.
Por último, la USCCB exhorta al Gobierno a poner fin a la “práctica nociva de la detención de mujeres y niños” e invita, en cambio, a que, junto al Congreso, apoye “los esfuerzos humanitarios en la región, que ayudarán a eliminar la violencia y a detener aquellas condiciones que fuerzan a las personas a huir de sus hogares”.
