Por: Luis Javier Moxó (corresponsal en España)
(ZENIT News Agency, 17.07.2021).- Hace cuatro meses tuvo gran resonancia en los medios españoles el asunto de las inmatriculaciones de los bienes de la Iglesia católica. Inmatricular es inscribir registros de bienes propios, y tienen el objetivo de tener seguridad jurídica para poder comprarlos, venderlos, donarlos o heredarlos. Las instituciones y las personas pueden inscribir esos bienes en el Registro de la Propiedad.
Por entonces, se puso en entredicho la capacidad de la Iglesia para poseer bienes materiales e inscribirlos en el Registro de la Propiedad. Se comentó que la Iglesia no debería disponer de tantos bienes y que su inclusión en el Registro de la Propiedad se había efectuado de manera fraudulenta.
Desde los orígenes del Registro de la Propiedad (1863) no se le ha permitido a la Iglesia en España inmatricular los templos, cosa que sólo se pudo hacer a partir de 1998. Es entonces cuando la Iglesia en España, que ya ha inmatriculado otros bienes que tiene, se pone a la labor de inscribir los templos.
Al ser la Iglesia en España del siglo I (y el registro de 1863), sus bienes acumulados solo a partir de ese año se pudieron registrar. Por tanto, las inmatriculaciones de esos registros no se podían efectuar con un título de propiedad, por lo que se permitió a la Iglesia y a las instituciones civiles, las que fueran anteriores al Registro de la Propiedad, inscribir en el mismo la inmatriculación por medio de un certificado. Esa realidad se aplicó en España, para la Iglesia católica, hasta el año 2015.
Por tanto, entre 1998 y 2015 la Iglesia hizo una labor de inmatricular sus bienes, que son del pueblo cristiano, pero para el disfrute de toda la sociedad.
España está repleta de muebles e inmuebles de tipo documental: obras pictóricas, arquitectónicas, cinematográficas, exposiciones y conciertos. Concretamente son 3.290 bienes inmuebles de interés cultural.
La Iglesia en España consta de más de 40.000 instituciones (diócesis, parroquias, comunidades religiosas activas o contemplativas, institutos seculares, sociedades de vida apostólica, etc.), registradas legalmente, y con capacidad de poseer bienes. Cada una de esas instituciones pueden tener sus bienes para realizar la misión que se les ha confiado. Lo pueden hacer como cualquier otra institución civil, social, deportiva, científica, académica que concurren en el espacio público y trabajan en el tejido de la sociedad.
El patrimonio histórico de la Iglesia en España y la celebración de fiestas religiosas de gran tradición produce un impacto total en el PIB (Producto Interior Bruto) de España de 22.620 millones de euros, contribuyendo a generar más de 220 mil empleos.
El anteproyecto de Ley de Reforma de la Legislación del Patrimonio Histórico Español, que actualiza la Ley de Patrimonio del año 1985, fue aprobado el pasado 22 de junio en el Consejo de Ministros, prohibirá a la Iglesia católica en España enajenar sus bienes culturales salvo que sea al Estado. Esto provocará un cambio de situación importante en cuanto al futuro de los bienes de la Iglesia, a la que se le podrá impedir venderlos a particulares.
Recientemente, la diócesis de Córdoba, junto con el Cabildo de Catedral, pensando en proteger los bienes del Pueblo de Dios en Córdoba, como la Mezquita-Catedral, ha presentado alegaciones al citado anteproyecto, pese al breve plazo dado por el Gobierno que finaliza el lunes el lunes 19 de julio.
No se ha revelado el contenido de dichas alegaciones por motivos obvios, pero el obispo de Córdoba, D. Demetrio Fernández, sí ha mostrado sus críticas, como el hecho de que “todo Patrimonio de la Humanidad quedará como Patrimonio Mundial, una figura nueva que expropia a todos de sus competencias y tendrá una comisión gestora con mayoría del Ministerio de Cultura”.
Para el obispo, las intenciones que se esconden en el articulado del anteproyecto del Gobierno de España, no precisamente positivas, quedan claras en el texto que elaboran y que es “una ley con pretensiones invasivas, expropiatorias, que no tiene en cuenta la libertad religiosa, que no es que yo pueda rezar el Avemaría, sino que pueda expresarlo en público y en privado”, por lo que esto “se parece a los países dictatoriales, en los que no puedes respirar sin permiso del Estado”.
Por último, el obispo ha expresado que dicho anteproyecto “nos ha afectado profundamente a todos, pero sobre todo a la Iglesia”.
