Por: Rebecca Oas
(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Ginebra, 25.11.2022).- Un pequeño pero vocal grupo de naciones presionó a catorce de sus países hermanos sobre temas sociales controvertidos cuando comenzó el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra en las últimas dos semanas.
Filipinas fue uno de los revisados, y los representantes del país de mayoría católica rechazaron los llamados a legalizar el matrimonio gay y liberalizar sus leyes de aborto. «Eso no es aceptable para nosotros», dijo el delegado filipino. «Realmente quieren que se implemente mucho aquí».
Menos del cinco por ciento de las más de cuatro mil recomendaciones dadas mencionaron explícitamente el aborto o cuestiones relacionadas con la homosexualidad o el transgénero. Estos temas no conllevan obligaciones internacionales de derechos humanos, ya que no se mencionan en ningún tratado vinculante de derechos humanos de la ONU y no gozan de consenso en la Asamblea General.
Sin embargo, varios gobiernos continúan planteándolos con la esperanza de crear nuevas normas a través del proceso conocido como derecho internacional consuetudinario. Aquí es donde surge una norma generalmente reconocida —y no se impugna— independientemente de las obligaciones existentes en virtud de tratados.
El EPU es distinto de otros mecanismos de derechos humanos de la ONU porque en lugar de expertos que hablan a las naciones, los estados miembros de la ONU están hablando entre sí. Durante varios años, cada país miembro de la ONU toma su turno para recibir recomendaciones sobre cómo podría mejorar su historial de derechos humanos. Cada recomendación es individualmente «apoyada» o «anotada».
Durante su revisión, Túnez «notó» quince llamados a despenalizar el comportamiento homosexual y una solicitud para despenalizar el aborto. Si bien algunas recomendaciones recibieron respuestas inmediatas, la mayoría serán respondidas en los próximos meses.
En el tercer ciclo del EPU, que comenzó en 2017 y finalizó en enero, se intercambiaron más de 46.000 recomendaciones entre las naciones. Solo alrededor de 1800, o menos del cuatro por ciento, se relacionaban con la orientación sexual y la identidad de género, mientras que 226 contenían presión explícita sobre el aborto. Las recomendaciones sobre estos temas tenían aproximadamente la mitad de probabilidades de ser marcadas como «apoyadas» que las recomendaciones sobre otros temas.
Esta presión proviene principalmente de los países desarrollados, especialmente en Europa Occidental y América del Norte, y se dirige hacia los países en desarrollo del Sur global. Sin embargo, los países con leyes liberales sobre el aborto y una amplia aceptación de los derechos LGBT se ven obligados a ir más allá.
En el Reino Unido, los activistas transgénero han estado haciendo campaña para cambiar legalmente su género solo sobre la base de la autoidentificación. Los esfuerzos para cambiar la ley en 2020 fueron rechazados debido a la oposición generalizada. En el EPU, los Países Bajos, Islandia y Malta instaron al Reino Unido a promulgar la controvertida «autoidentificación».
Recomendaciones similares se dirigieron a los Países Bajos, Ecuador y Finlandia. Durante la revisión de Finlandia, Argentina, Canadá, Islandia y España hicieron recomendaciones a favor de la «afirmación de género» legal para menores de 18 años.
Durante el tercer ciclo del EPU, Islandia fue particularmente agresiva, representando más del veintiuno por ciento de toda la presión relacionada con el aborto y más del diez por ciento de la presión relacionada con la orientación sexual y la identidad de género. Al comenzar el cuarto ciclo, Islandia sigue dando prioridad a estas cuestiones en Ginebra. Mientras tanto, Dinamarca y los Países Bajos financian una coalición llamada «Iniciativa de Derechos Sexuales» que ayuda a generar presentaciones de la sociedad civil al EPU con la esperanza de generar más recomendaciones sobre estos temas controvertidos de países de ideas afines.
Sin embargo, el EPU proporciona evidencia de que estos temas siguen siendo muy controvertidos. La mayoría de los países no hacen recomendaciones sobre estas cuestiones y sigue habiendo un bajo nivel de «apoyo» para ellas cuando se reciben.
Traducción del original en lengua inglesa realizado por el director editorial de ZENIT.
