(ZENIT Noticias / León, Nicaragua, 04.07.2023).- Los policías sandinistas entraron como delincuentes en la madrugada del domingo 2 de julio a la casa de las Hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo. Las religiosas preparaban la salida del país, según informó la investigadora Martha Paredes sobre el asalto a través de las redes sociales.
La Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo trabajaba en Nicaragua desde agosto de 2019. Recibieron la personalidad jurídica y fue inscrita ante el Ministerio de Gobernación. La congregación pertenece a una fraternidad franciscana fundada en 2001 en Brasil y está presente en 14 países.
Esta intervención policial se gestó posiblemente mucho antes. Según publica La Gaceta, el Ministerio de Gobernación canceló su registro el pasado viernes 30 de junio. Se ha publicado oficialmente este 4 de julio de 2023.
Según reportes de la prensa independiente, las monjas recibieron la cancelación de su permiso para residir en el país y tenían la intención de ir a El Salvador en los próximos días. Parece que se han refugiado en el país, aunque no se ha confirmado oficialmente.
Según el documento del Ministerio de Gobernación, la fundación de religiosas operaba en “incumplimiento de sus obligaciones conforme Ley”. Supuestamente venció su permiso en enero de 2021 y no reportó estados financieros en los “periodos fiscales de 2020, 2021 y 2022, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones”.
Son ya 3,000 organizaciones no gubernamentales con la personalidad jurídica cancelada desde 2018. Sus bienes, como los de la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, pasan a manos del Estado, según se cita en el documento.
Las religiosas fueron trasladadas con rumbo desconocido. Unos guardias controlan la casa donde vivían.
Es sorprendente la intervención de la policía nicaragüense, pues el Gobierno sandinista se presenta como defensor de los pobres, pero ataca a los miembros de la Iglesia dedicados a los más necesitados. La Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo entregaba ropa, alimentos y oraciones a las personas en situación de calle. El poder sandinista muestra así un proceder dirigido a dominar el país e imponer sus intereses únicamente políticos.
La persecución del régimen de Ortega repite la agresión a religiosas dedicadas a los pobres, como sucedió con la expulsión hace un año de las Misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta que trabajaban en Nicaragua.
El régimen que gobierno de Nicaragua desoye el sentir internacional que pide diálogo y respeto, como la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una resolución a fines de junio para la liberación de los religiosos encarcelados ilegalmente. Todo gobierno puede actuar con justicia y desde valores humanos, signos que no se ven en las actuaciones de Daniel Ortega.
