(ZENIT Noticias / Bogotá, 30.10.2024).- Un decreto del Ministerio de Justicia de Colombia presentó un borrador que busca facilitar “corregir el componente “sexo” de su Registro Civil de Nacimiento en ejercicio de su derecho a autodeterminar su identidad de género”, eligiendo entre femenino, masculino, no binario, trans o travesti. El decreto también permitirá el “cambio de sexo” en el Registro Civil a los menores de edad sin autorización de los padres o representantes legales.
El borrador no establece un mínimo de edad para los menores que soliciten el cambio de sexo, aunque señala que “quienes ejercen la función notarial no podrán rechazar la solicitud de corrección”. Si el menor de edad se presenta “sin acompañamiento de representante legal”, los funcionarios deberán admitir el trámite y “oficiar a la Defensoría de Familia o quien haga sus veces”.
El notario y expresidente de la Unión Colegiada de Notarios, Álvaro Rojas, declaró a Blu Radio que la posible ley pasaría por encima de las decisiones de familiares o de los responsables del menor y “rompería el principio de representación legal”.
Rojas calificó de “incoherente” que el Estado diga proteger los derechos de los niños y prohíba el matrimonio infantil, al tiempo que se les permita cambiar de sexo para toda la vida: “Se propone protección de los menores y adolescentes en que no pueden realizar matrimonio los niños, pero ahora se autoriza que un niño pueda tomar una decisión tan trascendental donde no se cumple con unos elementos esenciales para la validez de cualquier contrato”.
El abogado penalista Germán Calderón España declaró a RCN Noticias que el decreto sería “inconstitucional especialmente porque habilita el cambio de género y de sexo de los menores de edad ante notarias y de forma gratuita. Y no obedece a temas que deban ser tratados por el Gobierno Nacional porque son de reserva exclusiva de ley estatutaria, es decir que el competente para regular estos temas es el Congreso”.
El senador Mauricio Giraldo, miembro de la Bancada Provida, informó de “una demanda por inconstitucionalidad” si el decreto es publicado. Y destacó que el gobierno de Petro ha declarado “una guerra” contra la familia: “El Gobierno no puede negar que adelanta una agenda ideológica. Este decreto sería una clara vulneración a la patria potestad de los padres de familia. Se quieren meter en nuestros hogares, atacar a nuestros hijos, destruir nuestros valores familiares”.
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