(ZENIT Noticias – Asia News / Sialkot, 23.05.2025).- Activistas de derechos humanos, líderes de la sociedad civil y simpatizantes de las comunidades cristianas han condenado enérgicamente la brutal tortura y asesinato de Kashif Masih, un trabajador cristiano de 35 años. El trágico incidente ocurrió el 12 de mayo en la aldea de Jamkay Cheema, en el distrito de Sialkot. El caso ha reavivado la indignación por la continua persecución de los cristianos en Pakistán y la impunidad de la que suelen disfrutar quienes ostentan el poder.
Según el informe policial inicial (FIR n.º 154/25), Kashif Masih fue secuestrado, brutalmente torturado y asesinado por Areeb Babar, Ijaz Ikramullah y cinco hombres armados no identificados, presuntamente por orden de Malik Irfan, expolicía. Los agresores lo golpearon con porras, le dieron en la cabeza y los ojos, e incluso le clavaron clavos en las piernas. Justo antes de morir, Masih declaró nombrando a sus agresores. Según informes, la violencia fue provocada por una falsa acusación de robo de teléfono móvil, una acusación que su familia niega rotundamente.
Masih llevaba tres años trabajando para Malik Irfan. Su hermano, Riyasat Masih, señaló que un registro en su domicilio no reveló ningún objeto robado. Kashif ya se encontraba bajo custodia desde la noche anterior, donde fue detenido y torturado. El caso se encuentra actualmente bajo investigación. Irfan ha sido arrestado, pero los demás acusados han quedado en libertad bajo fianza, lo que genera preocupación por la persistente cultura de impunidad.
El defensor de los derechos de las minorías, Joseph Janssen, ha condenado enérgicamente el ataque, destacando un patrón sistémico de violencia mafiosa, persecución religiosa y negligencia estatal en Pakistán. «Este no es un incidente aislado», declaró, en referencia a la reciente tortura y muerte de otro cristiano, Asif Masih, de 28 años. «Tal brutalidad no ocurre sin fallos sistémicos. Pakistán debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y garantizar que estos actos no queden impunes». Janssen subrayó la arraigada cultura de impunidad, donde los perpetradores, dentro de la fuerza policial y los círculos de élite, actúan sin temor a las consecuencias. «Cuando las propias fuerzas del orden se convierten en una herramienta de tortura, y la placa se convierte en una licencia para matar, la justicia deja de ser justicia y se convierte en una tiranía selectiva».
La familia de Kashif Masih teme represalias y pide protección al Estado, ya que el principal acusado goza de una importante influencia social y política, que podría obstruir el proceso legal. Pakistán ha logrado avances legislativos notables; sin embargo, la ley contra la tortura y las muertes bajo custodia aún no se ha promulgado, lo que la hace ineficaz. «Las leyes en el papel no significan nada cuando el sistema judicial se doblega ante el poder y silencia a los que no tienen poder», declaró el defensor de derechos humanos Ashik Naz.
En una declaración conjunta, los activistas reiteraron: «Ningún rango, ninguna placa, ningún uniforme debe poner a nadie por encima de la ley». El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado oficialmente a Pakistán como «País de Especial Preocupación» debido a sus graves violaciones de la libertad religiosa y a sus arraigados patrones de abuso. Estos incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura bajo custodia, represión de la sociedad civil y los medios de comunicación, acoso a defensores de derechos humanos, leyes discriminatorias contra la blasfemia dirigidas a minorías religiosas, impunidad generalizada para los perpetradores y la persistente inacción o complicidad del Estado.
Traducción del original en lengua inglesa bajo responsabilidad del director editorial de ZENIT.
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