(ZENIT Noticias / Washington, 23.06.2025).- En un fallo histórico que revoluciona el debate nacional sobre género y medicina juvenil, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó el miércoles 18 de junio la prohibición de Tennessee a las intervenciones médicas para menores que buscan la transición de género. Esta decisión, por 6 a 3, marca el primer fallo importante de la Corte sobre la legalidad de dichas leyes y otorga una victoria significativa a quienes defienden las iniciativas estatales para restringir la atención de afirmación de género para menores de 18 años.
La ley, aprobada por abrumadora mayoría en la legislatura de Tennessee en 2023 y firmada por el gobernador Bill Lee, prohíbe a los profesionales de la salud administrar bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas o realizar cirugías a menores si el propósito es facilitar una identidad de género que no se alinea con su sexo biológico. El estatuto también prohíbe a los profesionales de la salud ofrecer dichos tratamientos con esa intención.
La decisión de la Corte anula efectivamente una impugnación legal interpuesta por tres familias y un médico de Tennessee, junto con la administración Biden, quienes argumentaron que la ley violaba la Cláusula de Igual Protección de la Constitución.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en representación de la mayoría, enfatizó la moderación judicial: «Este caso presenta cuestiones científicas y de política pública profundamente controvertidas en un campo en rápida evolución», escribió. «La Cláusula de Igual Protección no resuelve estos debates, ni nos faculta para sustituir nuestro criterio por el de los poderes electos».
Los seis jueces conservadores se adhirieron al fallo. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson discreparon, advirtiendo que la ley afecta a un grupo vulnerable de niños y podría socavar las protecciones constitucionales de las comunidades marginadas.
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Roberts reconoció la intensidad y complejidad del asunto, pero concluyó que la ley no cumplía con los requisitos para ser considerada discriminación inconstitucional. «Nuestra función no es evaluar la pertinencia política de la ley», señaló, «sino determinar si viola las protecciones constitucionales. Concluimos que no las viola». La legislación de Tennessee forma parte de una ola más amplia de iniciativas estatales —que ya suman más de 20— destinadas a limitar o prohibir los procedimientos médicos de transición de género para menores. Quienes la defienden argumentan que las medidas protegen a los niños de intervenciones irreversibles realizadas antes de su pleno desarrollo psicológico y emocional. Quienes se oponen afirman que las leyes son discriminatorias, tienen motivaciones políticas e ignoran las recomendaciones de muchas organizaciones médicas importantes.
La decisión de la Corte ha revitalizado ambos bandos del debate. El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, la calificó de «victoria histórica para los niños de Estados Unidos», mientras que la activista y defensora de la transición de género Chloe Cole, quien se sometió a la transición de género siendo menor de edad y posteriormente cambió de opinión, lo celebró en redes sociales escribiendo: «Todos los niños en Estados Unidos ahora están más seguros. ¡Esta victoria es nuestra!».
Un aspecto central de la opinión mayoritaria de la Corte es la idea de que los desacuerdos sobre la seguridad e idoneidad de los tratamientos médicos de transición de género para menores pertenecen al ámbito de las políticas públicas, no al litigio constitucional. Roberts planteó el caso como un asunto que es mejor dejar en manos de los votantes y sus representantes: “Las cuestiones de política médica deben resolverse mediante el proceso democrático, no por decreto constitucional”.
El fallo indica que futuras impugnaciones a leyes similares en otros estados podrían enfrentar grandes obstáculos si se basan únicamente en alegaciones de protección desigual. En cambio, quienes se oponen podrían verse obligados a reorientar su estrategia hacia la defensa legislativa o invocar otros fundamentos constitucionales, como los derechos parentales o la Primera Enmienda.
Si bien la Corte no sentó un precedente nacional sobre los méritos médicos de la atención de afirmación de género, el fallo tiene un enorme peso simbólico. Subraya la creciente división entre los estados sobre cómo regular la identidad de género juvenil e invita a una mayor polarización tanto a nivel político como cultural.
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