Debe la Biblia influir en leyes de un país o un presidente defender la fe de los ciudadanos? Esto dice una importante encuesta en Latinoamérica

(ZENIT Noticias / Roma, 15.04.2026).- Mientras Latinoamérica se adentra en un intenso ciclo electoral en 2026 —con las elecciones presidenciales en Perú en abril, Colombia en mayo y Brasil en octubre, seguidas de las elecciones de medio término en Estados Unidos en noviembre— el panorama político de la región se ve moldeado no solo por preocupaciones económicas o debates institucionales, sino también por un factor religioso persistente y en constante evolución. Lejos de relegarse al ámbito privado, la fe continúa influyendo en cómo millones de votantes entienden el liderazgo, la identidad nacional e incluso los fundamentos del derecho.

Datos recientes de una encuesta realizada en 2024 a más de 6200 adultos en seis importantes países latinoamericanos —Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú y Chile— sugieren que la religión conserva un papel público significativo, aunque desigual. En Brasil, Colombia y Perú, aproximadamente dos tercios de los encuestados consideran importante, o muy importante, que un presidente defienda las creencias religiosas de la población. En Argentina, Chile y México, esa proporción se reduce a cerca de la mitad, lo que indica una sensibilidad pública más secularizada, pero no una total desconexión.

Estas actitudes no se distribuyen uniformemente entre los grupos religiosos. Los protestantes, aunque siguen siendo minoría en cada uno de los países encuestados, se destacan como los defensores más consistentes de una fuerte presencia religiosa en la vida pública. Su postura es particularmente visible en lo que respecta a las expectativas sobre el liderazgo político. En Chile, por ejemplo, el 74% de los protestantes afirma que es importante que un presidente defienda sus creencias religiosas, en comparación con el 55% de los católicos y solo el 26% de quienes no profesan ninguna religión.

Esta divergencia se acentúa aún más cuando la pregunta pasa de los valores generales a la afinidad personal. En Perú, el 59% de los adultos afirma que es importante que un presidente comparta sus creencias religiosas, mientras que en Chile solo el 35% expresa la misma preferencia. En toda la región, los protestantes vuelven a liderar la priorización de dicha afinidad, seguidos por los católicos, y por detrás de quienes no profesan ninguna religión. Sin embargo, incluso entre quienes carecen de vínculos religiosos formales, el panorama es más complejo de lo que suele suponerse: el 53 % en Brasil y el 57 % en Perú aún valoran a un presidente que defiende sus creencias religiosas, lo que sugiere que el cristianismo cultural sigue influyendo en las expectativas políticas más allá de la afiliación institucional.

La intersección entre religión y política también revela un patrón ideológico claro. Tanto católicos como protestantes se asocian con mayor frecuencia a posiciones de derecha, y las personas de la derecha política tienden a favorecer a líderes con convicciones religiosas explícitas. Esta alineación no implica uniformidad, pero sí apunta a un marco común en el que las cuestiones morales y sociales suelen interpretarse desde una perspectiva religiosa.

Más allá del liderazgo, la religión también influye en la concepción de la pertenencia nacional. En Brasil, Colombia y Perú, la mayoría de los encuestados afirma que ser cristiano es, al menos en cierta medida, importante para ser un miembro «auténtico» de la nación. En Colombia, la distinción entre denominaciones se hace particularmente visible: el 72 % de los protestantes vincula la identidad nacional con el cristianismo, en comparación con el 61 % de los católicos. Por el contrario, Argentina y Chile muestran una conexión más débil entre la identidad religiosa y la pertenencia nacional, lo que refleja procesos más prolongados de secularización y pluralización.

Quizás la dimensión más sensible políticamente de esta influencia religiosa se refiere al ámbito jurídico. En Brasil, Colombia y Perú, cerca de dos tercios de los adultos creen que la Biblia debería tener una influencia significativa en las leyes nacionales. No se trata de una opinión minoritaria, sino de una postura mayoritaria en algunos de los países más grandes de la región. Los protestantes vuelven a destacar: en Argentina, el 81% apoya la influencia bíblica en la legislación, frente al 46% de los católicos. Incluso entre quienes no profesan ninguna religión, la idea mantiene cierta aceptación: el 51% en Brasil y el 49% en Colombia apoyan dicha influencia, seguidos de cerca por Perú con un 46%.

Estas actitudes coexisten con marcos constitucionales que, al menos formalmente, defienden la separación entre Iglesia y Estado. Chile y Perú afirman explícitamente esta separación, si bien Perú también reconoce el catolicismo como un pilar histórico y cultural. Argentina otorga a la Iglesia Católica una forma de estatus legal preferencial sin declararla religión oficial. Colombia garantiza la igualdad de libertad para todas las confesiones religiosas, mientras que Brasil y México prohíben constitucionalmente el respaldo estatal a cualquier fe.

El panorama resultante es de tensión más que de contradicción. El laicismo jurídico no se traduce necesariamente en una cultura política secular. De hecho, muchos ciudadanos esperan que los valores religiosos influyan en la toma de decisiones públicas, incluso dentro de sistemas institucionales diseñados para mantenerse neutrales.

Esta dinámica sitúa a los actores religiosos en una posición compleja. Las iglesias, en particular la Iglesia Católica, siguen ejerciendo influencia moral en los debates sobre gobernanza, justicia social e identidad nacional. Al mismo tiempo, la creciente visibilidad de las comunidades protestantes —a menudo más explícitas en sus expectativas políticas— ha introducido nuevas formas de competencia y cooperación en el ámbito religioso.

A medida que se intensifican las campañas electorales en toda la región, es probable que los candidatos aborden este terreno con cautela. Los llamamientos a la identidad religiosa pueden movilizar a segmentos importantes del electorado, pero también conllevan el riesgo de profundizar la polarización en sociedades ya marcadas por divisiones ideológicas.

Lo que se desprende de los datos no es un simple retorno de la religión a la política, sino una transformación de su papel. La fe ya no es una fuerza monolítica alineada con una sola institución; es una influencia plural y a veces fragmentada que se entrecruza con la ideología, la cultura y las narrativas nacionales. En un año en el que millones de latinoamericanos emitirán su voto, esa influencia seguirá siendo un factor decisivo, aunque a menudo subestimado, para dar forma al futuro político de la región.

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