El Óbolo de San Pedro a juicio: Corte Suprema de EE. UU. permite que avance demanda contra obispos católicos

(ZENIT Noticias / Washington, 29.05.2026).- Una batalla legal que se consideraba improbable que sobreviviera a las primeras etapas procesales ha llegado a un punto de inflexión decisivo en Estados Unidos. Al negarse el 26 de mayo a escuchar la apelación de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, la Corte Suprema ha permitido que la controvertida demanda sobre el Óbolo de San Pedro —la colecta papal anual tradicionalmente asociada con obras de caridad— continúe en tribunales inferiores.

El caso aún no determina si hubo fraude. Pero la negativa de la Corte Suprema a intervenir significa que, por ahora, los obispos estadounidenses tendrán que seguir defendiéndose de las acusaciones de que los donantes fueron engañados sobre el uso del dinero del Óbolo de San Pedro.

En el centro de la disputa se encuentra una cuestión que se ha vuelto cada vez más delicada para la Iglesia Católica tras varios escándalos financieros del Vaticano: cuando los católicos depositan dinero en la colecta para las obras de caridad del Papa, ¿qué están financiando exactamente?

Durante generaciones, el Óbolo de San Pedro se ha presentado en muchas parroquias como una expresión concreta de comunión con el Sucesor de Pedro y como una forma de ayudar a las víctimas de la guerra, la pobreza, el hambre y los desastres naturales en todo el mundo. Sin embargo, también es cierto desde hace mucho tiempo —aunque a menudo se ha destacado menos públicamente— que parte de la colecta ayuda a financiar las operaciones ordinarias de la Curia Romana, la administración central del Vaticano.

Esta distinción se volvió explosiva después de que informes de los medios de comunicación en 2019 sugirieran que solo alrededor del 10% de los fondos del Óbolo de San Pedro se destinaban directamente a iniciativas caritativas. La indignación pública se intensificó en medio de las revelaciones sobre la desastrosa inversión inmobiliaria del Vaticano en Londres, que se convirtió en uno de los escándalos financieros más perjudiciales del pontificado del Papa Francisco.

Si bien informes posteriores aclararon que los fondos del Óbolo de San Pedro no estaban directamente vinculados a la transacción inmobiliaria de Londres —y los propios fiscales del Vaticano retiraron las acusaciones de una conexión directa en 2023— la controversia dejó una huella imborrable entre muchos donantes.

La demanda actual fue presentada en 2020 por David O’Connell, católico de Rhode Island. Alega que donó al Óbolo de San Pedro en 2018 tras leer material promocional de los obispos estadounidenses que hacía hincapié en la ayuda a los pobres y la asistencia humanitaria. Según la demanda, los obispos no informaron adecuadamente que parte del dinero también podría utilizarse para gastos administrativos del Vaticano o inversiones financieras.

La demanda acusa a la Conferencia Episcopal de fraude, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber fiduciario. El equipo legal de O’Connell solicita comunicaciones internas, registros de donantes e intercambios entre los obispos y funcionarios del Vaticano en relación con la promoción y administración de la colecta.

Los obispos, sin embargo, insisten en que la demanda demuestra una incomprensión fundamental tanto de la estructura de la Iglesia como del derecho constitucional.

Representados por el bufete de abogados Becket, especializado en libertad religiosa, los obispos estadounidenses argumentan que la propia Conferencia Episcopal no recauda ni controla las donaciones al Óbolo de San Pedro. Según el derecho canónico, las diócesis transfieren los fondos al nuncio apostólico, quien los remite a la Santa Sede. La conferencia afirma que simplemente proporciona recursos promocionales opcionales a las diócesis.

Más importante aún, los obispos sostienen que los tribunales civiles no deben inmiscuirse en asuntos eclesiásticos internos protegidos por la Primera Enmienda. Sus abogados advirtieron que permitir que el caso prosiga podría abrir la puerta a una injerencia judicial generalizada en la gobernanza religiosa y las comunicaciones de la Iglesia.

Sin embargo, hasta el momento, los tribunales federales han rechazado este argumento.

En 2023, un tribunal de distrito dictaminó que el caso se refería a prácticas de recaudación de fondos potencialmente engañosas, más que a doctrina o autoridad eclesiástica. En abril de 2025, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. ratificó ese razonamiento, declarando que la «autonomía eclesiástica» puede servir como defensa en litigios, pero no otorga a las instituciones religiosas inmunidad absoluta frente a demandas.

Al negarse a escuchar la apelación de los obispos, la Corte Suprema ha permitido, de hecho, que dicha interpretación se mantenga.

La decisión es significativa no solo para la Iglesia Católica, sino también para las organizaciones religiosas de todo Estados Unidos. El caso podría convertirse en una prueba crucial para determinar dónde se encuentra el límite constitucional entre la supervisión civil legítima y la autonomía religiosa protegida.

Para la propia Iglesia, el asunto también pone de relieve un desafío pastoral más amplio que va más allá de la estrategia legal. Muchos católicos apoyan voluntariamente el Óbolo de San Pedro precisamente porque lo asocian con la misericordia, la caridad y la misión universal del Papa. Cuando la opacidad financiera empaña esa confianza, aunque sea parcialmente, el daño no es meramente administrativo, sino que se convierte en espiritual y eclesial.

En los últimos años, el Vaticano ha intentado reforzar la transparencia financiera mediante reformas, auditorías y mecanismos de supervisión más estrictos.

Gracias por leer nuestros contenidos. Si deseas recibir el mail diario con las noticias de ZENIT puedes suscribirte gratuitamente a través de este enlace.