(ZENIT Noticias / Roma, 08.08.2026).- El papa León XIV ha hecho algo inusual para el Vaticano: tan solo tres años después de que el papa Francisco reescribiera sustancialmente el marco constitucional del Estado de la Ciudad del Vaticano, lo ha vuelto a sustituir.
La nueva Ley Fundamental, promulgada el 31 de julio de 2026, entró en vigor de inmediato, sin el período habitual entre su promulgación y su implementación. Se trata del cuarto texto constitucional en la historia del Estado moderno del Vaticano, tras la ley promulgada por Pío XI en 1929 después de los Pactos de Letrán, la revisión aprobada por Juan Pablo II en 2000 y la constitución de Francisco de 2023.
La rapidez del cambio resulta reveladora. Setenta y un años separaron las dos primeras constituciones; veintitrés años separaron la segunda y la tercera. León XIV ha sustituido ahora el texto de Francisco apenas tres años después de su promulgación.
Sin embargo, esto no constituye una revolución constitucional.
La mayor parte del marco de 2023 se mantiene. La estructura quíntuple que rige las funciones legislativa, ejecutiva y judicial se mantiene, al igual que la Comisión Pontificia como órgano legislativo y la Gobernación como estructura ejecutiva al servicio del Papa y directamente responsable ante él. Gran parte de la redacción anterior, incluidas las disposiciones relativas al presupuesto, la bandera y el escudo de armas, se ha conservado.
La importancia de la intervención de León XIV radica en otro aspecto: en una serie de correcciones precisas, y particularmente en un cambio en la interpretación que el Vaticano hace del origen de la autoridad temporal del Papa.
La frase que desapareció
La modificación más trascendental se refiere a la idea de que el Papa gobierna la Ciudad del Vaticano «en virtud del oficio petrino».
La Ley Fundamental de Francisco de 2023 vinculaba explícitamente la soberanía del Papa sobre el Estado con su oficio como sucesor de San Pedro. La nueva constitución elimina esa formulación.
Esta fue una formulación histórica y eclesiológica sin precedentes. La expresión era innecesaria e históricamente imprecisa.
La distinción puede parecer muy técnica para quienes desconocen la historia del papado. No lo es.
El Papa posee autoridad espiritual en la Iglesia debido a su cargo como sucesor de Pedro. Sin embargo, la soberanía territorial del moderno Estado de la Ciudad del Vaticano tiene un origen histórico diferente. Se estableció mediante el Tratado de Letrán de 1929 como un territorio soberano diseñado para garantizar la independencia de la Santa Sede y su libertad para ejercer su misión internacional.
Esa distinción es precisamente la que restablece el nuevo texto de León XIV.
El Papa sigue siendo soberano de la Ciudad del Vaticano y conserva la plenitud del poder legislativo, ejecutivo y judicial dentro del Estado. Pero la constitución ya no presenta esa soberanía temporal como algo directamente heredado de San Pedro.
En términos constitucionales, León XIV separa dos realidades estrechamente vinculadas en la vida de la Iglesia Católica, pero que no son históricamente idénticas: el oficio espiritual del Papa y el instrumento temporal creado para proteger la independencia de la Santa Sede.
Se trata de un cambio sutil, pero potencialmente el más importante desde el punto de vista intelectual en toda la reforma.
De los Estados Pontificios a la Ciudad del Vaticano
El contexto histórico explica el porqué. El poder temporal de los papas no tuvo su origen en San Pedro. Los Estados Pontificios se desarrollaron siglos después de la era apostólica, comenzando en una forma reconocible alrededor del siglo VIII y continuando, con interrupciones, hasta la toma de Roma por los italianos en 1870. El colapso de la soberanía territorial papal produjo la llamada Cuestión Romana, que permaneció sin resolver durante casi seis décadas.
Los Pactos de Letrán de 1929 finalmente zanjaron la disputa. Su tratado creó el Estado de la Ciudad del Vaticano como un territorio soberano cuyo propósito fundamental era asegurar la independencia de la Santa Sede.
Por eso, el ajuste constitucional de León XIV es más que una preferencia estilística. Restablece la lógica jurídica de la Ciudad del Vaticano a las circunstancias que la originaron.
El Estado existe no porque San Pedro poseyera territorio temporal, sino porque la Santa Sede requiere una base territorial soberana desde la cual el sucesor de Pedro pueda ejercer su misión espiritual e internacional de forma independiente.
Esta distinción también ayuda a evitar una interpretación simplista, pero engañosa, de la soberanía vaticana como una forma de teocracia en la que la autoridad espiritual y la temporal son simplemente lo mismo.
Una corrección práctica con peso simbólico
La reforma de León XIII no se limita a la filosofía constitucional. Uno de sus efectos más concretos es consolidar la base legal para la presidencia de la Comisión Pontificia, el órgano que ejerce la función legislativa del Estado de la Ciudad del Vaticano.
La ley de Francisco de 2023 establecía que la Comisión estaba compuesta por cardenales, «incluido el Presidente». Sin embargo, en enero de 2025, Francisco anunció que la hermana Raffaella Petrini sería la presidenta de la Comisión y de la Gobernación, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar dicho cargo. Ella no era, por supuesto, cardenal.
La discrepancia fue finalmente subsanada por León XIV mediante un motu proprio de noviembre de 2025, que modificó la disposición pertinente para que la Comisión pudiera estar integrada por cardenales y otros miembros, «incluido el Presidente». La nueva Ley Fundamental incorpora ahora esta corrección de forma permanente.
La consecuencia práctica es significativa: la presidencia ya no está legalmente vinculada a la pertenencia al Colegio Cardenalicio. Un religioso, una religiosa o un laico pueden ocupar el cargo.
Por lo tanto, la reforma no se limita a ratificar la postura de Petrini, sino que establece un principio más amplio: gobernar el Estado de la Ciudad del Vaticano es una responsabilidad constitucional y administrativa, no un oficio sacramental.
Un Estado cuya maquinaria se vuelve cada vez más explícita
Varias enmiendas siguen la misma filosofía de clarificación. El Papa ahora puede delegar autoridad legislativa en un órgano distinto de la Comisión Pontificia. El cargo de Vicesecretario General de la Gobernación, antes obligatorio, pasa a ser opcional. El Secretario General recibe la custodia formal del sello del Estado, mientras que el Consejero General puede ser invitado a las reuniones de la Comisión Pontificia en calidad de asesor.
La estructura judicial también se define con mayor claridad. En lugar de referirse genéricamente a los órganos judiciales, la nueva ley identifica explícitamente el Tribunal, el Tribunal de Apelación, el Tribunal de Casación y la Oficina del Promotor de Justicia.
Esto puede parecer un detalle burocrático. Sin embargo, en un Estado soberano, la precisión constitucional es crucial precisamente porque define quién puede actuar, bajo qué autoridad y dentro de qué límites institucionales.
Por lo tanto, la nueva ley se percibe menos como un intento de rediseñar el gobierno vaticano que como un esfuerzo por eliminar las ambigüedades expuestas por la experiencia reciente.
Esto podría convertirse, en última instancia, en el sello constitucional de León XIV.
No ha desmantelado la arquitectura institucional de Francisco. En cambio, ha corregido los puntos en los que el texto legal y la práctica gubernamental se habían distanciado, al tiempo que ha restaurado una explicación de la soberanía papal con mayor fundamento histórico.
El resultado es una constitución vaticana que es a la vez conservadora y correctiva: conservadora en su preservación de la estructura fundamental, correctiva en su insistencia en que el marco legal describa con precisión el Estado que realmente existe.
Para León XIV, cuya formación incluye el derecho canónico, este enfoque es apropiado. El mensaje de la reforma no es que el Vaticano necesite una nueva identidad política, sino que el Estado más pequeño del mundo debe garantizar que su identidad legal, sus fundamentos históricos y su práctica gubernamental no se contradigan entre sí.
Tras la turbulencia de los últimos años, esto puede resultar menos drástico que una revolución constitucional. También puede ser más importante.
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