MADRID, 20 noviembre 2003 (ZENIT.org).- Desde el punto de vista de la Santa Sede, el actual borrador del futuro Tratado constitucional europeo tiene dos grandes lagunas: no reconoce la herencia cristiana ni el adecuado papel que desempeñan las Iglesias.
Así lo explicó este jueves el cardenal Paul Poupard, presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, al intervenir en Madrid en el Simposio de Doctrina Social de la Iglesia, «Los derechos humanos, una defensa permanente», convocado por la Conferencia Episcopal Española para conmemorar los 40 años de la publicación de la Encíclica «Pacem in Terris» –de Juan XXIII–.
El purpurado francés en su intervención, que abrió el Congreso, aclaró que «cuando el Santo Padre recuerda incansablemente la importancia de las raíces cristianas de Europa y, sacando fuerzas de su fragilidad, moviliza a la Santa Sede para lograr que la futura Constitución de la Unión Europea incluya una referencia a ellas, es evidente que no busca lograr una posición de privilegio para la Iglesia católica».
«No se trata tampoco de una simple cuestión nominal, como si bastase incluir un nombre, el de Dios, para contentar a un sector de la población europea –explicó–. La Iglesia católica no trata de intervenir en las cuestiones políticas que se refieren a la determinación de la sociedad política. La defensa llevada a cabo por el Papa tiene como objeto la identidad misma de Europa y no sólo una posición de ventaja para la Iglesia católica».
El borrador actual del preámbulo de la Constitución, recordó el «ministro» del Papa para la Cultura, se limita a mencionar la «inspiración de las herencias culturales, religiosas y humanistas de Europa».
«Sólo con buena voluntad puede reconocerse en esta aséptica declaración la savia cristiana que ha forjado Europa –subrayó–. No mencionar el cristianismo en la futura Constitución de Europa creo que es una deficiencia grave».
Por lo que se refiere a la segunda petición presentada por el Papa, el reconocimiento de las Iglesias cristianas en Europa, la futura Constitución se limita a una simple mención en el artículo 51 del título VII, donde se dice que «la Unión respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido, en virtud del Derecho nacional, a las Iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros».
«Se trata de un artículo que las Iglesias comparten con las llamadas «organizaciones filosóficas y no confesionales», con las que la Unión «mantendrá un diálogo abierto, transparente y regular»», constata el cardenal Poupard.
«Se trata de una solución poco afortunada, que plantea no pocos problemas de tipo jurídico: ¿Quiénes son estas organizaciones filosóficas y no confesionales? ¿Es posible, a la luz de este artículo, distinguir entre sectas, movimientos religiosos alternativos e Iglesias de arraigo en Europa?», preguntó.
«La Santa Sede, que no es extraña a la construcción de Europa por su historia pasada y presente, con sus intervenciones trata de salvaguardar, en beneficio de todos los europeos, su propia identidad histórica –aclaró–. Una identidad perfectamente asumible tanto para quien es creyente como para quien no lo es».
«La omisión en la carta magna de Europa constituye una deficiencia peligrosa. La afasia, lo sabemos, conduce a la amnesia, y ésta a la parálisis», concluyó.
