(ZENIT Noticias / Roma, 20.06.2024).- El empresario Raffaele Mincione ha llevado su batalla legal contra la Santa Sede y el Papa a un nuevo nivel al presentar una denuncia ante la oficina del Relator Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas. Mincione, quien fungió como gerente de inversiones de la Secretaría de Estado del Vaticano de 2014 a 2018, acusa al sistema judicial del Vaticano de violaciones del debido proceso y acoso a los abogados defensores en el marco de una prolongada investigación financiera.
La denuncia, presentada el 14 de junio, expone varias quejas sobre el manejo del caso que llevó a la condena de Mincione en diciembre del año pasado. El empresario fue sentenciado a cinco años y medio de prisión y se le confiscaron bienes por millones de euros. Mincione y otros nueve acusados fueron condenados por delitos financieros relacionados con la compra de una propiedad en 60 Sloane Avenue, Londres.
Rodney Dixon KC, abogado británico que representa a Mincione, sostiene que el sistema judicial del Vaticano carece de independencia, argumentando que los jueces están directamente subordinados al Papa, quien es el jefe del gobierno de la Ciudad del Vaticano. Además, se acusa a los fiscales del Vaticano de acosar a los abogados defensores, obstaculizando su capacidad para presentar pruebas exculpatorias.
Uno de los incidentes más destacados en la denuncia es el intento de arresto de Mincione en junio de 2020. Según el relato, los fiscales del Vaticano organizaron una trampa para capturarlo durante una reunión programada. Al ser alertado de la orden de arresto, Mincione se negó a asistir y envió a su equipo legal en su lugar, quienes reportaron haber sido seguidos por motociclistas sospechosos tras la reunión, presuntamente agentes del Vaticano.
Otro punto crucial de la denuncia es la falta de transparencia del tribunal del Vaticano, que aún no ha publicado el razonamiento completo detrás de las condenas, a pesar de que se anunció en diciembre. Este retraso impide a los abogados de Mincione preparar una defensa adecuada para las audiencias de apelación programadas para julio. Sin una justificación detallada, argumenta la denuncia, es casi imposible montar una defensa coherente.
La investigación contra Mincione y otros fue autorizada por el Papa Francisco en 2019 mediante rescriptos que permitieron prácticas extraordinarias como la vigilancia electrónica y la renuncia a las protecciones del secreto de Estado. Estas medidas han sido criticadas por violar el debido proceso, aunque oficialmente se justificaron como necesarias para investigar la corrupción financiera en la Secretaría de Estado.
Si la denuncia es aceptada por la Relatoría Especial de la ONU, podría desencadenar una respuesta diplomática que afecte el estatus del Vaticano como observador permanente en las Naciones Unidas. La Relatora Especial, Margaret Satterthwaite, tiene la potestad de investigar y comunicarse directamente con la Santa Sede sobre las presuntas infracciones.
El caso Mincione no solo pone en entredicho la integridad del sistema judicial del Vaticano, sino que también podría tener implicaciones significativas para su reputación internacional. La Santa Sede, que pagó 350 millones de euros por la propiedad de Londres y posteriormente vendió con pérdidas superiores a 100 millones, enfrenta ahora una doble crisis: la financiera y la de confianza en su sistema de justicia.
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