ROMA, miércoles 14 de septiembre de 2011 (ZENIT.org).- Con una aplastante mayoría de 368 votos contra 118, la Cámara de los Comunes del Parlamento de Londres rechazó, el pasado miércoles 7 de septiembre, una enmienda a la Health and Social Care Bill 2011, que pretendía garantizar a las mujeres que pensaban abortar que recibiesen un “consejo” independiente. Si se hubiera aprobado, la iniciativa hubiera sido un pequeño paso hacia adelante en la defensa de la vida no nacida desde 1990, cuando el Parlamento bajó el límite legal para abortar, desde la semana 28 a la semana 24 de embarazo.
El diputado laborista Frank Field presentó la enmienda, a la que retiró después su apoyo, y su colega del Partido Conservador (Tories) para el colegio electoral del Mid Bedfordshire (al norte de Londres), Nadine Dorries, que como ex enfermera lucha para reducir en Gran Bretaña el elevado número de abortos (casi 200.000 al año). Durante su carrera profesional Dorries asistió a dos abortos fracasados, una experiencia que marcó profundamente su vida.
El objetivo de la iniciativa era cambiar el procedimiento de las consultas pre-aborto, asegurando a las mujeres un servicio “independiente”, es decir, a través de estructuras que no tengan un interés económico en la promoción de la interrupción del embarazo. Como recuerda la BBC (3 de septiembre), las actuales normas prevén que las mujeres que quieren abortar obtengan el permiso de dos médicos, que puede ser obtenido a través de el Servicio Sanitario Nacional (NHS) o un estudio de medicina básica o -como alternativa- por medio de una organización privada concertada con el NHS, el British Pregnancy Advisory Service (BPAS) y Marie Stopes International (MSI).
La enmienda de Dorries pretendía excluir del procedimiento de consulta a las grandes agencias. Según Dorries, tanto el BPAS como Marie Stopes, que son de hecho los más famosos “abortion providers” de Gran Bretaña, no son en absoluto indiferentes al resultado del “counselling”: reciben decenas de millones de libras esterlinas del NHS cada año por las interrupciones de los embarazos realizados. “Se podría afirmar, por tanto, que tienen un interés consolidado en mantener el actual nivel de abortos”, escribió la diputada en el Daily Mail (31 de agosto). “Por esto es imposible confiar en sus capacidades de proveer una consulta verdaderamente independiente”.
Un nuevo estudio, basado en datos relativos a 877.181 mujeres, de las que 163.831 han abortado, demuestra lo importante que es, para las mujeres que piensan abortar, una consulta adecuada. Según la investigación publicada en el British Journal of Psychiatry y realizada por la estadounidense Priscilla Coleman, docente en la Bowling Green State University (Ohio), el riesgo de tener problemas de salud mental es casi el doble en las mujeres que han abortado con respecto a las que no, y además, en un caso sobre diez, en el origen de los disturbios mentales de una mujer hay un aborto. A partir de estos datos se calcula que el aborto aumenta en un 34% el riesgo de sufrir ansia, en un 37% el de sufrir depresión, del 110% el de sufrir alcoholismo y el del 220% en de la dependencia del cannabis. El aborto incrementa en un 155% el riesgo del suicidio (LifeSiteNews.com, 1 de septiembre).
Por su parte, el BPAS ha rechazado la acusación de ser parte interesada, aunque -como recuerda el Catholic Herald (30 de marzo)- sólo una quinta parte de las mujeres que se dirigen a la agencia privada decide llevar adelante el embarazo. En su informe de 2010 para los British Charity Commissioners, el BPAS declaró además que “nuestra principal prioridad del próximo año es la de ‘aumentar’ nuestro negocio” (The Irish Times, 3 de septiembre).
Siempre en el Daily Mail del 31 de agosto, la diputada escribió que se oponía “con vehemencia a los abusos que han podido difundirse lentamente en el sistema actual, en el que el aborto a demanda se ha convertido en una realidad”. Y los abusos existen, como confirman los datos publicados este verano por el Departamento de Sanidad después de una batalla legal vencida ante el Tribunal Supremo por la asociación ProLife Alliance, que pedía su difusión. Los datos, publicados por el Daily Mail (5 de julio), revelan, por ejemplo, que sobre un total de 189.574 abortos, se eliminaron, el año pasado en Inglaterra y Gales 2.290 fetos porque presentaban un defecto genético o discapacidad, de los que 147 se realizaron más allá del límite legal de la semana 24 de embarazo. De estos abortos terapéuticos, 482 fueron por la presencia de síndrome de Down (trisomía 21) y 7 por la presencia de labio leporino y paladar hendido (un defecto curable quirúrgicamente). En 2010 se registraron también 3.718 abortos en chicas menores de 16 años, es decir por debajo de la edad del consenso.
Aunque tres miembros del Gobierno han votado a favor de la enmienda (el ministro de Trabajo y de Pensiones, Ian Duncan Smith, su colega de Defensa, Liam Fox y el ministro para Irlanda del Norte, Owen Patterson), el “no” por parte del ejecutivo ha contribuido a rechazar la propuesta. El primer ministro conservador, David Cameron, que al principio era partidario, cambió después de postura “para salvar la estabilidad de la coalición” con los liberal-demócratas (LDP) de Nick Clegg, como explicó un miembro del gabinete a Dorries (The Daily Mail, 4 de septiembre).
El cambio de Cameron ha causado un gran descontento entre las filas conservadoras, que lo acusan de “cobarde” y de ceder en muchos asuntos por las presiones de su vice premier Nick Clegg. “¿Usted no cree que ya es momento de decirle al vice premier quién es el jefe?”, le preguntó Dorries a Cameron el día de la votación en la Cámara (The Financial Times, 7 de septiembre).
Emblemática fue la actuación de la ministra de Sanidad, Anne Mmilton. Aunque la titular del departamento ha prometido realizar una consulta sobre el tema, mandó, algo “sin precedentes” (The Guardian, 2 de septiembre), un mail a todos los miembros del Parlamento, explicando la postura contraria del Gobierno. “En la cuestión de impedir a los servicios abortistas que ofrezcan consulta, no estamos de acuerdo con la enmienda. Si nos obligan a votar, mis colegas del ministerio de Sanidad y yo votaremos en contra”, escribió Milton. “Esto es porque las enmiendas excluyen a los servicios abortistas existentes para ofrecer consultas”.
La acogida de la enmienda por parte de los movimientos pro-vida ha sido definida como “tibia” por el Catholic Herald (7 de septiembre). La Society for the Protection of Unborn Children (SPUC) había anunciado que no podía apoyar la iniciativa porque no había pruebas de su eficacia. El texto de la enmienda no ha convencido tampoco a Olivia Darby de ProLife Alliance, que declaró esperar más de la consulta anunciada por la ministra de Sanidad.
Para Damian Thompson, el rechazo de la enmienda pone a prueba los límites de los movimientos pro-vida. “Aunque hay muchos más diputados pro-vida en el Parlamento que hace algunos años, los opositores al aborto no consiguen unirse cambiando la ley para que afronte los escándalos de los abortos tardíos en Gran Bretaña, observó en el Daily Telegraph (7 de septiembre). Según el autor, esto no causa ninguna sorpresa: las dos organizaciones pro-vida más importantes del país no se hablan (o casi) y no tienen la más mínima idea de relaciones públicas.
Para Cristina Odone, siempre en el Telegraph (3 de septiembre), Dorries ha pecado de ingenuidad, pensando que podía pasar desapercibida con su iniciativa. Pero el debate no ha terminado. Gracias al progreso científico y tecnológico, sobre todo en el campo de las ecografías prenatales, la gente ha entendido que el mantra de los “pro-ch
oice”, según el cual el feto es sólo una masa gelatinosa, está superado. “Nadine Dorries puede haber perdido la batalla, pero los pro-choice irreductibles están perdiendo la guerra”, concluye Odone.
Finalmente permanece la impresión de que Dorries ha hecho poco por asegurarse el apoyo de los grupos pro-vida. No sólo su enmienda tenía fallos, sino que la misma diputada se ha convertido en un obstáculo. Aunque lucha desde hace años con valentía por bajar el límite legal en el que se puede abortar en Gran Bretaña y ha recibido (y continua recibiendo) amenazas de muerte por este compromiso, no ha dejado de recordar que su oposición al aborto no es total sino relativa. Incluso, en el Daily Mail (31 de agosto) afirmó que era “pro-choice, por los derechos de la mujer” y que apoyaba “plenamente la legalización del aborto en su país”, que entró en vigor el 27 de abril de 1968. Declaraciones que han hecho a más de uno fruncir el ceño…
Por Paul De Maeyer. Traducción del italiano por Carmen Álvarez
