COLOMBO, viernes, 22 septiembre 2006 (ZENIT.org).- «Gran alarma» se expresa desde la Iglesia católica en Sri Lanka por la escalada de «homicidios, secuestros, desapariciones y otras violencias», sobre todo en el noreste del país.
De esta tragedia se hace portavoz el arzobispo de Colombo, monseñor Oswald Gomis, en un comunicado de prensa que firmó el jueves, cuyo contenido sintetiza la agencia del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras «AsiaNews.it».
El texto plasma las consideraciones que surgieron en el encuentro del prelado con el Consejo Presbiteral de la archidiócesis el pasado 18.
El comunicado condena los numerosísimos incidentes de los últimos meses, calificándolos de un «grave perjuicio a la sacralida de la vida humana, a la coexistencia pacífica entre las distintas comunidades étnicas y a la vida cotidiana de la población».
En el encuentro los miembros del citado Consejo han recordado «con profundo dolor» la desaparición de «su hermano, el padre Jim Brown de Thiruchelvam, y de su acompañante», un padre de familia, Wenceslaus Vimalathas.
De los dos se perdió el rastro el 20 de agosto en una zona controlada por la Marina militar del país (Zenit, 19 septiembre 2006).
Monseñor Colombo y los sacerdotes de su archidiócesis se unen en su comunicado al reciente llamamiento [que ya ha alcanzado difusión mundial] que el obispo de Jaffna, monseñor Thomas Savundranayagam, ha reiterado al presidente Mahinda Rajapakse a fin de que facilite el hallazgo de los dos últimos desaparecidos.
Según medios de prensa, de los que se hace eco la agencia del PIME, parece que el jefe de Estado ha prometido «instituir una comisión independiente para investigar las desapariciones». El comunicado del arzobispo Gomis pide que el Estado «haga públicos los resultados de las indagaciones».
Solidarizándose con la comunidad de Jaffna –en el norte, es uno de los escenarios de la escalada de violencia entre el ejército de Sri Lanka y los «Tigres para la Liberación de la Patria Tamil» (LTTE)- el clero de Colombo se dirige finalmente a las autoridades civiles invocando «la aplicación de la ley sin favoritismos» a fin de evitar que el país «se precipite en la anarquía».
