ESTRASBURGO, 2 julio 2002 (ZENIT.org).- Ha levantado gran polémica en algunos países candidatos a entrar en la Unión Europea la propuesta de votación en el Parlamento Europeo, el próximo miércoles, de una resolución que propone que todos los países candidatos deberán legalizar la interrupción del embarazo, difundir gratis los contraceptivos (incluida la píldora del día después) y promover la educación sexual en las escuelas de todo tipo y grado.
La resolución con el nombre «Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos» ha sido propuesta por la Comisión para los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades, que ya la aprobó el 4 de junio pasado.
El texto presenta una serie de recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros y de los países candidatos para «elaborar políticas nacionales de calidad sobre la salud sexual y reproductiva en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil proporcionando información completa respecto a los métodos efectivos y responsables de regulación de la natalidad, garantizando a todos un acceso uniforme a una gama de métodos contraceptivos de calidad y a métodos de conocimiento de la fecundidad».
El Parlamento eslovaco, los democristianos de Eslovaquia y los democristianos de Polonia han remitido cartas a Pat Cox, presidente del Parlamento Europeo, a Hans Gert Poettering, presidente del Partido Popular Europeo, al presidente de la Comisión, Romano Prodi, y a algunos europarlamentarios, expresando la preocupación de los países candidatos por el llamado informe Van Lancker en el que se basa la resolución que ha de ser votada.
Jerzy Kropiwnicki, ex ministro de Polonia y presidente de la Unión Cristiana Nacional de este país (ZChN), escribió una carta el pasado 29 de junio a Dana Rosemary Scallon, europarlamentaria. «La Unión Cristiana Nacional (ZChN) protesta –dice la carta- contra estas intrusiones en el área de la exclusiva competencia de los estados nacionales, sean miembros o no de la UE. La idea de imponer estándares y obligaciones en este área a los no-miembros es un claro escándalo sin precedentes».
«No estamos dispuestos a apoyar la entrada de Polonia en la organización que está tratando de imponer a nuestro país los estándares del aborto liberalizado y derechos parentales marginados».
Por su parte, Pavol Hrušovský, presidente del Movimiento Demócrata Cristiano de la República Eslovaca, escribió el 26 de junio a Poettering y a Scallon pidiendo su apoyo para que el Grupo del Partido Popular Europeo vote contra el informe Van Lancker.
Afirma que los temas no son de competencia de la UE: «Con la adopción de esta resolución sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, el Parlamento Europeo asumiría un poder que no le compete ni a él ni a la Unión Europea. No ha habido sugerencias de ningún cambio en este campo en los debates de la Convención, a la que se han unido los países candidatos para debatir el futuro común de Europa abiertamente».
«La ampliación sólo puede tener lugar con el libre consentimiento de los ciudadanos de los países candidatos –añade la carta–. Si el Parlamento Europeo usa tales tácticas para cambiar las posiciones nacionales, culturales y constitucionales sin nuestro asentimiento, está poniendo en peligro la concesión de este consentimiento».
«El respeto a la soberanía y subsidiariedad es un requisito previo de la democracia y de la ley fundamental de la UE», subraya Pavol Hrušovský en su carta.
En declaraciones a Radio Vaticano, Carlo Casini, ex parlamentario europeo y presidente del Movimiento por la Vida italiano, analizó los riesgos de esta resolución: «El aspecto más grave es el que invita a ordenar financiación para sostener – en los Países que soliciten la adhesión a la Unión Europea – las políticas de «tutela de derechos sexuales y reproductivos»», que incluyen también el aborto, confirma.
Según Carlo Casini, es también peligroso el hecho de que, como Estados Unidos –con el cambio de presidencia– ha retirado la financiación a las organizaciones internacionales que favorecen a nivel mundial la contracepción y sobre todo el aborto, se pretende que la Unión Europea sustituya a EE. UU. en esta financiación.
Igualmente se observa en la resolución un silencio sobre el derecho a la vida, a la identidad humana de todo ser humano, al deber de respeto hacia el hijo incluso si no es deseado, al hecho de que la familia es una célula fundamental de la sociedad y del Estado, y al vínculo entre sexualidad, amor y familia, concluye Carlo Casini.
