Las principales maras han ofrecido al Gobierno de El Salvador una tregua con motivo de la beatificación del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, que tendrá lugar el próximo 23 de mayo. “Este es el regalo que en su beatificación le queremos hacer a Monseñor Romero: Nuestro arrepentimiento y solicitud de perdón a la sociedad por todo el daño causado”, han asegurado el pasado jueves por la noche.
En este sentido, los portavoces de estas organizaciones delictivas solicitan apoyo con un plan para rehabilitar y reinsertar pandilleros en la sociedad: “Hemos tomado la decisión de responder afirmativamente al llamado público que en últimos días ha realizado uno de los luchadores más incansables por la paz en El Salvador: El señor Raúl Mijango, quien ha presentado al país una propuesta de agenda para la paz que contiene 26 puntos, 13 para ser abordados por nosotros y los otros trece por el Estado, gobierno y sociedad civil”.
Por ello, piden al Ejecutivo “no obstruir ni sabotear este proceso, por el contrario que facilite condiciones que nos permitan avanzar más rápido en el tiempo y los compromisos que hemos de asumir ante la sociedad”.
En un comunicado, las bandas señalan que “el país atraviesa por una situación difícil”. “Como es costumbre ya, es a las maras y pandillas a quienes se nos atribuye la gravedad de toda la situación, con el perverso propósito de encubrir y proteger a otras estructuras o personas que practican accionar delictivo, quienes ante la sociedad se presentan como personas de bien”, añaden.
“Las maras y pandillas hemos tenido que recurrir a formas ilícitas para sobrellevar nuestras vidas, al ser nosotros y nuestras familias los históricamente olvidados y marginados por las gestiones gubernamentales”, reconocen.
“Nuestro origen está en las comunidades más empobrecidas, en los hogares desarticulados por la emigración, la violencia y la irresponsabilidad paterna o materna, es a nosotros a quienes se nos niegan oportunidades de educación, salud, trabajo, recreación y lo único que se nos ofrece es represión, cárcel y muerte”, lamentan.
“Como muestra de compromiso y buena voluntad, cesaremos desde ya todo tipo de ataques, es más, no haremos uso ni del elemental derecho a la defensa”, subrayan los mareros. “Solo pedimos que paren los abusos de autoridad y las acciones de exterminio que en su mayor parte están siendo presentadas como riñas entre pandillas, cuando en realidad lo que sucede es que de sus casas sacan a nuestros miembros y luego los asesinan, simulan enfrentamientos y colocan armas a los muertos para justificar las masacres”, prosiguen.
“Muchos han lamentado el deceso de policías, pero han callado o se han alegrado por el exterminio de más de ciento cuarenta miembros de pandillas solo en el mes de marzo de este año”, recuerdan en el texto.
Finalmente, estas agrupaciones reclaman la intervención de nuevos actores de la sociedad civil: “Para dar confianza al desarrollo del proceso y evitar el que se crea que lo hacemos con propósitos mal sanos, pedimos que el debate privado que desarrollaremos en el interior de los Centros Penitenciarios sea monitoreado por una entidad de gran prestigio y reconocimiento internacional y que ya cuenta con una misión en El Salvador: El Comité Internacional de la Cruz Roja CICR y en la Libre, por los Obispos y Pastores coordinados por la Iniciativa Pastoral por la Vida y Por la Paz, IPAZ”.
Aunque las autoridades no se han pronunciado al respecto, el Gobierno ha mostrado una posición firme en el combate a la delincuencia, incluyendo la creación de batallones de respuesta inmediata. Además, el presidente Salvador Sánchez Cerén y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, han sostenido en diversas ocasiones que bajo ninguna condición volverán a negociar.
De la tregua entre pandillas iniciada en 2012 con la aceptación tácita del Gobierno y respaldada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Iglesia, no queda nada a día de hoy. Duró 15 meses, periodo en que la tasa de homicidios bajó de quince a cinco asesinatos diarios, si bien no cesaron la extorsión y el secuestro. El abandono del acuerdo durante 2014 alzó la proporción a entre 10 y 12 muertes violentas diarias, con tendencia al crecimiento.
Este país centroamericano, de seis millones de habitantes, es uno de los más violentos del mundo con una tasa de más de 60 homicidios por cada 100 mil habitantes, según datos de Naciones Unidas.
(HSM)
