KADUNA, 14 diciembre 2001 (ZENIT.org).- La Asociación Nacional de sacerdotes diocesanos católicos de Nigeria (NCPDA) denuncia la existencia de una clase política que usa la religión para sus propios intereses.
Los presbíteros han hecho esta constatación en un comunicado publicado esta semana al final de
la celebración de su Conferencia Anual que tuvo lugar en el Centro Social Católico de Kaduna sobre el tema «Democracia en un marco multirreligioso: el contexto nigeriano».
En su declaración, los sacerdotes afirman que en el país, que es considerado nominalmente como una democracia, «el poder está lamentablemente concentrado en las manos de unos pocos elitistas».
«Estos pocos manejan el poder persistentemente en el tiempo de manera que el mismo liderazgo continúa ininterrumpidamente entre la misma clase dirigente para su provecho personal –añade el comunicado–. En la búsqueda del poder, este grupo elitista usa la etnia y la religión para maniobrar en su proprio interés».
Nigeria, con sus 126.635.000 habitantes, es el país más poblado de África. Constituye un laboratorio del diálogo entre cristianos y musulmanes, pues la población sigue casi en partes iguales estas dos religiones.
«Las masas, por otra parte, viven sólo para apoyar a los dirigentes en la prosecución de sus propios fines», siguen constatando con tristeza los presbíteros.
«Nigeria es un Estado secular –añaden– y no debería situar a una determinada religión o cultura sobre las otras».
En la declaración se alude también a la renovación de la Constitución: «Apreciamos los esfuerzos del Gobierno nigeriano para dar a los nigerianos la oportunidad de expresarse sobre la Constitución ya que debe representar verdaderamente a los nigerianos».
«Dado que Nigeria es un estado secular –dice el texto–, y una entidad, urgimos al Gobierno para que el pueblo sea guiado por una ley común de manera que cada nigeriano se sienta en casa y disfrute todas las libertades dondequiera que se encuentre».
Este cambio constitucional superaría los problemas y las tensiones creados por los Estados que han asumido la ley islámica.
Los sacerdotes dan gracias a la Iglesia y a sus obispos «por no haber permanecido en silencio ante los males que afectan a la nación».
Alaban al Gobierno por «haber iniciado la legislación contra el cohecho y la corrupción en el país». Urgen también al ejecutivo a que «prosiga vigorosamente todo aquello que puede mejorar la estabilidad pacífica, la coexistencia, la emancipación económica y desarrollo, los valores socioculturales, la estabilidad política, el crecimiento tecnológico y el buen gobierno».
La declaración concluye dejando claros los papeles. «El sacerdote –explica–, como educador en la Palabra, ministro de los sacramentos y líder de la comunidad y los religiosos deberían guiarla en su camino hacia la salvación».
«Los laicos deberían ejercer sus derechos constitucionales e implicarse activamente en la política para su mejor crecimiento y desarrollo», añaden.
