Julio Tudela y Cristina Castillo
(ZENIT Noticias – Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia / Valencia, 20.12.2024).- Un hombre de 54 años con problemas de movilidad y habla como consecuencia de haber sufrido varios ictus e infartos en los últimos años, morirá víctima de la eutanasia tras haberlo autorizado una jueza del Juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Barcelona.
Según se deriva de los informes médicos, el hombre tiene afasia (lo que le dificulta hablar), no puede escribir sin ayuda, le cuesta seguir el hilo de frases largas y, aunque comprende lo que se le dice, no puede mantener una conversación con normalidad. Tampoco puede conducir ni moverse sin ayuda del bastón. Por eso, pese a todos los tratamientos, expresó a los médicos que «no se gusta» y que «a raíz de su discapacidad no le encuentra sentido a la vida». El mismo comunicó a los sanitarios que tiene mucho miedo al sufrimiento y que, «bajo ningún concepto, quiere llegar a tener más discapacidad».
Su padre impugnó la decisión, alegando que el paciente sufre problemas de salud mental y que, pese a que es cierto que siente dolor, cree que con el debido tratamiento y pautas médicas puede sobrellevarlo. Los médicos, que evaluaron a su hijo solicitante de eutanasia, han descartado cualquier patología mental.
Asimismo, el progenitor trató de acogerse al “derecho a la vida familiar” como motivo para poder paralizar este proceso, pero Montserrat Raga, jueza del Contencioso, ha explicado que «pareciera que la simple relación familiar autorizaría a este padre a detener el procedimiento legal”. Existe un detalle contraproducente que también señala Raga, y es que la legislación europea advierte que ese vínculo entre padre e hijo debe ser real.
Parece ser que el hombre de 54 años vive solo y no tiene ninguna relación con su padre. También se ha sabido que, al pedir la eutanasia, éste solicitó que «no se comunicase la existencia del procedimiento a ningún familiar ni persona próxima».
Desde el juzgado aseguran que «estamos ante una persona mayor de edad, capaz de ejercer de forma libre todos los derechos que las leyes le reconocen». De hecho, tal y como también se recoge en la sentencia, en los diagnósticos médicos del paciente no se hace mención de que el solicitante de la eutanasia sufra una enfermedad mental que le impida tomar sus propias decisiones.
Los abogados de la Generalitat creen que el padre del solicitante no tiene legitimidad para recurrir la eutanasia de un tercero, aunque sea su hijo, y en un procedimiento por vulneración de derechos fundamentales, estos derechos fundamentales, como la decisión de morir dignamente, son únicos y exclusivos de quienes han pedido la muerte asistida.
Valoración bioética
Un enfermo que teme sufrir, como la mayoría de los casos en los que se plantea la eutanasia, y ante este temor pide morir, lo hace porque no se le han facilitado alternativas que le permitan vivir con un sufrimiento tolerable.
Ello implica tener acceso a cuidados y acompañamiento que contribuyan a devolver el sentido vital a quien lo ha perdido como consecuencia de su dependencia o incapacidad. Son los cuidados paliativos de calidad los que permiten a los enfermos incurables y sufrientes vivir dignamente, recibiendo la atención médica, enfermera, psicológica y espiritual que les permita dotar de sentido su experiencia vital.
Apelar a la muerte digna, como parece afirmarse en la sentencia, es más bien promover la vida indigna, donde el paciente sufriente es abandonado y empujado a la eutanasia. Es la vida lo que debe dignificarse, no la muerte.
La dejación en la implementación de los cuidados paliativos de calidad que permitan a los enfermos incurables dignificar su vida sufriente, es lo que hace a la eutanasia la única opción para muchos enfermos, víctimas del abandono de una sociedad que no vela suficientemente por sus miembros más débiles.
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