(ZENIT Noticias / Rhode Island, 24.03.2026).- Una investigación largamente esperada sobre abusos sexuales por parte del clero en el estado estadounidense de Rhode Island ha concluido con un panorama complejo y, para algunos, inesperado: uno en el que la gran mayoría de los casos de abuso se remontan a décadas atrás, y donde ningún sacerdote en activo enfrenta acusaciones creíbles.
El informe de casi 300 páginas, publicado la penúltima semana de marzo de 2026 por el Fiscal General Peter Neronha, es el resultado de una investigación iniciada en 2019 con el objetivo declarado de examinar los abusos dentro de la Diócesis Católica de Providence. La investigación se remonta a la década de 1950, recopilando un registro histórico que, si bien es extenso, subraya en última instancia las limitaciones legales y temporales de tales esfuerzos.
En el centro de las conclusiones se encuentra una realidad estadística difícil de ignorar. Según el propio informe, el 97% de los presuntos casos de abuso ocurrieron entre 1950 y 1997, y el 42% son anteriores a 1972. Además, de los 75 sacerdotes identificados en relación con las acusaciones, 64 —aproximadamente el 85%— han fallecido. Esto implica dos cosas: no solo la gran mayoría de los casos han prescrito, sino que la mayoría de los acusados ya no viven para responder a las alegaciones.
Neronha reconoce una conclusión clave que define todo el informe: el abuso por parte del clero en Rhode Island parece haber alcanzado su punto máximo en las décadas de 1960 y 1970 y haber disminuido significativamente a partir de entonces. Esta admisión, implícita en el documento, traslada el informe del ámbito de la acción judicial al de la contabilidad histórica.
Sin embargo, quizás el hallazgo más trascendental se refiere al presente. El informe afirma inequívocamente que ningún sacerdote en ejercicio dentro de la Diócesis de Providence enfrenta una acusación creíble de abuso sexual. Tampoco identifica incumplimientos por parte de la diócesis de las obligaciones legales vigentes en materia de denuncia de abusos en los últimos años.
Para el obispo Bruce Lewandowski, actual líder de la diócesis, estas conclusiones son fundamentales. En su respuesta, enfatizó que las autoridades diocesanas habían entregado voluntariamente los expedientes del personal a los investigadores como muestra de transparencia. Asimismo, señaló que la duración de siete años de la investigación evidenciaba que no existía una crisis en curso que requiriera una intervención urgente.
El informe se enmarca en un contexto estadounidense más amplio, marcado por el histórico informe del gran jurado de Pensilvania de 2018, que desencadenó una ola de investigaciones similares en varios estados. Ese caso anterior, ampliamente difundido —incluso por medios como The Boston Globe—, sentó un precedente tanto jurídico como mediático, alentando a los fiscales de otros lugares a realizar revisiones comparables de los registros diocesanos.
Sin embargo, el caso de Rhode Island ilustra las limitaciones de ese modelo cuando se aplica a diócesis donde ya se han implementado reformas y medidas de rendición de cuentas. Si bien el informe documenta los fracasos y el sufrimiento del pasado, no llega a revelar que abusos sistémicos y continuos se produzcan en la actualidad.
La cobertura mediática ha reflejado esta ambigüedad. El Boston Globe, que desempeñó un papel histórico al exponer los abusos clericales a principios de la década de 2000, ha dedicado una atención considerable al informe, publicando numerosos artículos y un perfil de Neronha. Sin embargo, el contenido de las conclusiones —en particular la ausencia de casos recientes— ha moderado las expectativas de un nuevo hito.
La investigación de Rhode Island se sitúa, por lo tanto, en un espacio ambiguo entre la revelación y el cierre. Contribuye al registro histórico de abusos dentro de la Iglesia Católica en Estados Unidos, reafirmando patrones ya documentados en otros lugares: una concentración de casos a mediados del siglo XX, seguida de un marcado descenso a medida que evolucionaron la concienciación, los mecanismos de denuncia y los protocolos de protección.
Al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre el propósito y el alcance de tales investigaciones cuando se llevan a cabo décadas después de los hechos. Para las víctimas, el reconocimiento de los agravios del pasado puede suponer una forma de justicia, incluso en ausencia de enjuiciamientos. Para las autoridades eclesiásticas, el informe ofrece cierta reivindicación respecto a las prácticas actuales, si bien las vincula a un legado del que no pueden desprenderse.
Lo que emerge, en última instancia, no es ni una exoneración ni una acusación en el sentido convencional, sino una narrativa compleja: una que confirma la gravedad de los abusos del pasado, al tiempo que sugiere que, al menos en esta diócesis en particular, las estructuras que los permitieron ya no definen su realidad actual.
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