CIUDAD DEL VATICANO, 25 sep (ZENIT.org).- Juan Pablo II propuso esta mañana al nuevo embajador de Uruguay ante el Vaticano «un buen acuerdo entre ese país y la Santa Sede», «en los foros internacionales», «para defender con rigor y promover con constancia aquellos valores que dignifican la existencia humana».
Presentó esta mañana su propuesta al recibir las cartas credenciales de Julio César Lupinacci, nuevo representante oficial de Montevideo ante la Sede Apostólica, que en el último año había sido embajador en Buenos Aires.
«Deber ético»
Refiriéndose a las conferencias internacionales de la ONU y a los demás lugares de encuentro de la comunidad internacional, el obispo de Roma afirmó: «Trabajar con denuedo en favor de los derechos humanos fundamentales, la solidaridad entre los diversos sectores de la sociedad y entre los pueblos de la tierra, el fomento de una cultura de la vida y de armonía con la naturaleza, es un deber ético ineludible, tanto de las personas como de las instituciones».
El desafío de la globalización
Se trata de un compromiso aún más importantes en estos momentos de globalización. De hecho, el pontífice reconoció que este compromiso a favor de la dignidad del hombre «es también un desafío histórico para la generación actual, testigo de complejos procesos que a veces corren el riesgo de aturdir a las mujeres y hombres de hoy, disgregando su identidad y privándoles de un verdadero sentido de la vida y de un motivo de esperanza».
Secularización
Uruguay, que tiene 3.290.000 habitantes, constituye uno de los países más secularizados de América Latina. El Estado uruguayo, declarado aconfesional en 1917, se consideraba tradicionalmente como uno de los países de raíces más liberales y anticlericales con uno de los cuerpos legales más laicistas del continente americano. Todavía la Navidad se llama oficialmente el «Día de la Familia», la Semana Santa es la «Semana del Turismo» y la Epifanía el «Día de los Niños». Según el «Anuario Estadístico de la Iglesia» (1998), los bautizados católicos son 2.517.000 personas. Ahora bien, sólo un 7 por ciento de los católicos frecuentan los sacramentos. Según algunos estudios de opinión, los católicos uruguayos son el 56,2% de la población, mientras que los «no religiosos» alcanzarían el 38,3%. El resto de los creyentes son protestantes (2%), judíos (1,7%), otros (1,1%).
Contribución de la Iglesia
En este contexto, Juan Pablo II reivindicó la contribución histórica que ha ofrecido la Iglesia a este país con su obra de evangelización, «no solamente por el bien mismo del anuncio cristiano o las numerosas actividades asistenciales y de promoción humana, sino también por su esfuerzo en fortalecer las instituciones sobre las que se asienta la fortaleza de toda sociedad humana, como son la familia y la educación».
«Estos son ámbitos –añadió el Santo Padre– que afectan a la esencia del bien común y en los que convergen tanto la responsabilidad de los poderes públicos como la preocupación pastoral de la Iglesia. Por ello, son también campos privilegiados en los que el buen entendimiento y la colaboración han de ser más estrechas, en el respeto exquisito de las respectivas competencias y en la firme convicción de que cualquier iniciativa en estas materias ha de estar supeditada al derecho fundamental y primario de la familia, que ha de ser reconocida y apoyada con medidas efectivas, tanto para mantener su configuración natural como para ejercer su derecho a educar a los hijos».
En este Jubileo, Uruguay está experimentando el impulso de renovación espiritual que está imprimiendo el Jubileo del año 2000. El momento culminante, como recordó complacido el Papa en su encuentro con el embajador, tendrá lugar el próximo mes octubre, cuando el país celebrará el IV Congreso Eucarístico Nacional en Colonia del Sacramento.
La Iglesia al servicio de la paz
Y es que la fe cristiana en Uruguay, aunque en ocasiones ha experimentado dificultades para poder ser expresada en vida pública, ha ofrecido una contribución histórica. El Papa confirmó la disponibilidad de la Iglesia para ser «signo e instrumento de reconciliación y de paz, con el deseo de servir al bien común, por todos los medios posibles».
«Tras algunas experiencias dolorosas que han lacerado su país en un pasado reciente –recordó el pontífice–, las instituciones eclesiales del Uruguay están siempre dispuestas a poner cuanto esté de su parte para serenar los ánimos y lograr una concordia social justa».
Una muestra concreta de este compromiso eclesial es la Comisión para la Paz, establecida por el gobierno con el objetivo de aclarar la suerte de los «desaparecidos», víctimas del régimen militar (1973-1984). La Comisión es presidida por monseñor Nicolás Cotugno, arzobispo de Montevideo.
Uruguay, con un pasado fuertemente influido por la Ilustración francesa, fue testigo de un acontecimiento histórico a finales del año pasado. El entonces recién elegido presidente Jorge Batlle, perteneciente al Partido Colorado, prometió que su Gobierno favorecerá una relación de cooperación con la Iglesia católica e incluso abrió la posibilidad de que se puedan realizar acciones conjuntas Estado-Iglesia en el área social.
