CIUDAD DEL VATICANO, 29 sep (ZENIT.org).- La advertencia que lanzó ayer el representante de Juan Pablo II ante las Naciones Unidas fue clara: «A pesar de los recientes desarrollos positivos en la esfera económica y social, los datos internacionales muestran la persistencia, y en muchos casos, la ampliación de la brecha que existen entre quien tiene y quien no tiene, característica típica de la desigual distribución de la riqueza».
Las palabras del arzobispo Renato Martino, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, fueron escuchadas por el tercer comité de la quincuagésimo quinta sesión de la Asamblea General de la ONU, que afrontaba precisamente el desafío del desarrollo social, y en especial, las cuestiones ligadas a la situación de la juventud, de las personas ancianas, de los minusválidos y de la familia.
En estos momentos, explicó el «embajador» del Papa, «la responsabilidad de la brecha entre ricos y pobres recae en parte en las omisiones de los mismos países en vías de desarrollo. Pero, más aún, en la asistencia inadecuada ofrecida por las naciones ricas y desarrolladas».
«En demasiados casos –denunció el arzobispo–, algunos países ignoran su deber de cooperar con la tarea de aliviar la miseria humana. En lugar de producir una prosperidad compartida, esta era de la globalización, caracterizada por una mayor interdependencia entre las naciones, ha llevado a una mayor disparidad en el bienestar y ha aumentado los abusos».
Según el arzobispo Martino, para superar esta emergencia, es útil tener en cuenta la propuesta presentada por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en su Informe Anual de 1999, cuando reconoció que el proceso de globalización actual «crea perdedores y vencedores». Annan pidió a las grandes compañías privadas, al mundo del trabajo y a la sociedad civil, a cada uno de los agentes económicos, que se asuman sus propias responsabilidades, pues no se puede pensar en crecer con éxito rechazando las oportunidades ofrecidas por el comercio internacional.
Por eso, es necesario comprender que el desarrollo no puede limitarse a la economía y a la política, sino que debe prestar atención a los factores culturales y humanos, elevando a los hombres en la totalidad de su existencia corporal y espiritual.
En este sentido, monseñor Martino consideró que «la familia desempeña un papel decisivo». En efecto, «la familia es mucho más que una unidad legal, social o económica. Es una comunidad estable de amor y solidaridad, que ocupa un lugar único a la hora de enseñar y transmitir los valores culturales, éticos y espirituales, esenciales para el desarrollo y el bienestar de sus miembros y de la sociedad. En el ambiente familiar, los jóvenes, los ancianos y los minusválidos son apoyados y crecen en su capacidad para aceptar lo mejor que les puede ofrecer la vida».
¿Que puede hacer entonces la Iglesia para promover el desarrollo y paliar la situación de las personas más frágiles de la sociedad? «La Santa Sede no ofrece soluciones técnicas ni propone programas económicos o políticos específicos –respondió el representante pontificio–. Su contribución es de otro nivel. La Santa Sede propone una solidaridad que acepta el hecho de la interdependencia y la eleva a un nivel moral. Cada quien tiene que asumirse esta responsabilidad para que la convicción, según la cual el mundo tiene un destino común, tenga un efecto práctico».
Martino concluyó citando a Juan Pablo II, quien afirma: «la colaboración en el desarrollo de toda la persona y de cada ser humano es, de hecho, un deber de todos, y debe ser compartido en los cuatro rincones del planeta: en el Este, en el Occidente, en el Norte y en el Sur».
