CIUDAD DEL VATICANO, 11 dic (ZENIT.org).- Una alianza entre el Estado y la Iglesia para ponerse juntos al servicio de la dignidad de la persona. Esta es la propuesta que lanzó esta mañana Juan Pablo II al gobierno de la República Dominicana.
De este modo, al recibir en audiencia al nuevo embajador de este país ante la Santa Sede, Víctor A. Hidalgo Justo, de 73 años, el pontífice respondió a una pregunta frecuente: ¿por qué motivo un país debe mantener relaciones diplomáticas con la Santa Sede?
El Santo Padre explicó que desde la perspectiva de la evangelización, «adquieren un particular significado las relaciones diplomáticas con la Santa Sede», pues «el mensaje de Cristo propone la salvación para la persona humana en su integridad y, por tanto, predicar el Evangelio significa ofrecer luz, infundir esperanza y dar nuevo impulso al ser humano en sus posibilidades como individuo y como sujeto esencialmente social».
«En efecto –dijo–, la fe ilumina todo con una luz nueva y manifiesta el plan divino sobre la vocación integral del hombre, y por ello dirige la mente hacia soluciones plenamente humanas».
«La Iglesia, pues, en el estricto respeto de las competencias propias de las autoridades civiles, busca el bien de las personas, de las familias, de las instituciones sociales y de la comunidad nacional –dijo el Papa respondiendo a la pregunta–. Por eso, una estrecha colaboración con quienes tienen la responsabilidad de administrar el bien común de un pueblo redundará sin duda alguna en beneficio del progreso humano, social y espiritual de todos».
En particular, el obispo de Roma destacó como puntos de «colaboración entre la Iglesia y los Estados» «aquellos campos en los que se decide la plena dignidad humana y se cultivan los valores sobre los que se ha de ir construyendo un mundo cada vez más justo, solidario y pacífico».
«Por eso –indicó– la Iglesia pide un esfuerzo a todos para que la sociedad, que ha de proteger y llevar a plenitud la existencia de todo ser humano, no se convierta, a través de fórmulas engañosas, precisamente en una amenaza para su vida. La inviolabilidad de la vida humana, en las diversas fases de su desarrollo o en cualquier situación en que se encuentre, es una premisa de los demás derechos humanos, límite para toda potestad humana y fundamento para una consciente e incansable búsqueda de la paz».
En segundo lugar, el sucesor de Pedro insistió en la labor que desempeña la Iglesia en la República Dominicana al servicio del «progreso humano del país». «Lo hace con sus instituciones educativas –aclaró–, culturales y asistenciales, pero sobre todo, infundiendo un espíritu de esperanza cristiana y de compromiso social, para que todos se sientan responsables en construir un futuro mejor».
Según el Anuario Estadístico de la Iglesia (1998), la República Dominicana, con 8 millones de habitantes, cuenta con 7.331.000 bautizados católicos. Sin embargo, tiene que asistir a esta cantidad de fieles con tan sólo 742 sacerdotes (una media de 9.880 católicos por sacerdote, superior a la de otros continentes, incluido África), 177 diáconos permanentes, 1.559 religiosas, 98 religiosos no ordenados, 92 mujeres laicas consagradas, 7 misioneros laicos, y 24.868 catequistas.
