ROMA, 11 abril 2001 (ZENIT.org).- Los catorce obispos de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE), preocupados por la situación de los inmigrantes clandestinos, piden una política común en esta materia a la Unión Europea (UE).
«Estamos muy preocupados –dicen los obispos de la UE en un comunicado oficial– por la situación de las personas sin documentos, muchas de las cuales son explotadas hasta el punto de que se ignora su dignidad humana, así como por la de quienes, aunque residentes de manera regular, no lograr obtener la reagrupación familiar».
Lo escriben en su «Declaración con vistas a una política común de asilo y de inmigración para la Unión Europea», firmada en Roma, el pasado 30 de marzo, hecha pública ahora.
Los obispos, en su declaración, recuerdan que la movilidad, después de todo, es una característica de la naturaleza humana que parece convertirse en algo cada vez más importante en la actualidad. Afecta a numerosas personas, indican, y las fronteras tienden a desaparecer. Subrayan que, por una parte, estas circunstancias contribuyen a evidenciar múltiples disparidades y, por otra, la situación actual de interdependencia planetaria ayuda a percibir mejor la comunidad de destinos de toda la familia humana.
En este sentido, recuerdan el mensaje de Juan Pablo II para la Jornada Mundial de la Paz de 2001, en el que afirma que el primer valor a promover es la solidaridad. El Papa indica en su mensaje que una sociedad se basa en la relación originaria de las personas entre sí, desarrollada en círculos de relaciones siempre más amplios, desde la familia a los otros grupos sociales intermedios, el de la sociedad civil entera y la comunidad nacional.
Los obispos afirman que se debe hacer una distinción entre asilo e inmigración. Respecto al primero, subrayan la responsabilidad de la UE a nivel mundial y recuerdan el derecho de asilo que está garantizado en la Convención de 1951 de Naciones Unidas, y el respeto al estatuto de refugiado.
En cuanto a la inmigración, animan especialmente a la Comisión Europea en su iniciativa de reforzar la cooperación con los países de origen, a fin de combatir las causas profundas de la emigración que sufren las sociedades de los países de origen.
En este contexto, recuerdan el mensaje del Santo Padre con motivo de la Jornada Mundial de las Migraciones en el que asegura que la Iglesia reconoce el derecho a emigrar de todo hombre, bajo su doble aspecto: posibilidad de salir de su país y posibilidad de entrar en otro país a la búsqueda de mejores condiciones de vida.
Es verdad que el ejercicio de tal derecho se debe reglamentar, dice el Papa, pues su aplicación incontrolada podría ser peligrosa y perjudicial al bien común de las comunidades que acogen a los inmigrantes. De cara a la multiplicidad de intereses que se yuxtaponen a las leyes de los diversos países, Su Santidad reconoce que «hacen falta normas internacionales aptas para regular los derechos de cada uno, de manera que se impidan las decisiones unilaterales que serían perjudiciales para los más débiles».
Los obispos de la UE se muestran extremadamente preocupados por la situación de los inmigrantes clandestinos, privados de documentos, que muchas veces «son explotados, ignorando su dignidad humana, así como la de aquellos que, aunque residentes en manera regular, no logran obtener la reagrupación familiar».
En su acción pastoral, subrayan que la Iglesia está siempre atenta estos graves problemas. «Quien de manera legítima ejerce su derecho a buscar mejores condiciones de vida –afirman– no debería, por este solo hecho ser considerado como delincuente».
Se muestran convencidos de que todas estas cuestiones sólo se pueden resolver con una política común de la UE y en este sentido hacen «un llamamiento a los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea para que reconozcan su interdepedencia y desarrollen normas comunes para el bien de todos, migrantes y sociedad de acogida».
Por último, afirman que se comprometen a participar en el actual debate y animan al grupo de trabajo para las migraciones de la COMECE a que siga su compromiso activo en el seguimiento del proceso preparatorio de una verdadera política europea común de asilo y de inmigración y a preparar una aportación más detalladas al debate.
Los obispos que integran la COMECE son Josef Homeyer, de Hildesheim (Alemania), presidente; Teodoro De Faria, de Funchal (Portugal); Luk De Hovre, auxiliar de Bruselas (Bélgica); Joseph Duffy, de Clogher (Irlanda); Fernand Franck, de Luxemburgo; Crispian Hollis, de Portsmouth (Inglaterra y País de Gales); Egon Kapellari, de Graz-Seckau (Austria); William Kenney, auxiliar de Stocolmo (Suecia); John Mone, de Paisley (Escocia); Attilio Nicora, Conferencia Episcopal Italiana; Hippolyte Simon, de Clermont (Francia); Adrianus van Luyn, obispo de Rotterdam (Holanda); Antonios Varthalitis, de Corfú (Grecia); Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza (España).
