ROMA, 11 abril 2002 (ZENIT.org).- Durante el año 2001, más de 3.048 personas fueron ejecutadas en 31 países, según informa Amnistía Internacional. Esto supone un incremento de más del doble respecto a las 1.457 ejecuciones que se registraron el año 2000.
El dramático aumento de las ejecuciones se debe, revela el Informe Anual de la organización de derechos humanos internacional, publicado el 9 de abril [ http://www.amnesty.org ], a la intensificación del uso de la pena de muerte en China, tras el lanzamiento de la campaña gubernamental «golpea fuerte» contra el crimen.
En China, cálculos incompletos de Amnistía Internacional de finales de ayo indicaban que al menos 2.468 personas fueron ejecutados, pero el dato podría ser muy superior.
Sólo entre abril y julio de 2001 se ejecutó en ese país al menos a 1.781 personas, cifra que supera el total de personas ejecutadas en el resto del mundo durante los tres años anteriores.
Muchos de los condenados a muerte podrían haber sido torturados para conseguir su confesión. A los presos condenados a menudo se los mantenía con grilletes y se los humillaba públicamente haciéndolos desfilar, denuncia Amnistía Internacional.
La organización ha registrado 139 ejecuciones en Irán pero considera que la cifra real es netamente superior. En Arabia Saudita se ha tenido noticia de 79 ejecuciones. En Estados Unidos han sido ajusticias 66 personas, menos de las 85 de 2000.
Las cifras de China, Irán, Arabia Saudita y Estados Unidos representan el 90% de todas las ejecuciones de 2001.
Sin embargo, Amnistía da cuenta de algunos progresos hacia la abolición de la pena capital. A finales de 2001, son 111 los países que han abolido la pena de muerte de derecho o de facto, tres más que el año precedente.
Durante 2001, Chile abolió la pena de muerte para delitos cometidos en tiempo de paz. Turquía aprobó una enmienda constitucional que reducía el ámbito de aplicación de la pena capital.
Amnistía Internacional consideró muy positiva la decisión del presidente de Pakistán, que en diciembre de 2001 conmutó las penas de muerte de unos 100 delincuentes juveniles.
Además, durante el año 2001, Bosnia y Herzegovina y la República Federativa de Yugoslavia ratificaron el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone la total abolición de la pena de muerte. Su ratificación eleva a 46 el número de Estados Parte en el Protocolo.
