BOGOTÁ, 17 mayo 2002 (ZENIT.org).- La diócesis colombiana de Quibdó ha reconstruido los hechos que provocaron la masacre de centenares de personas en Bojayá (Chocó) a inicios de mes, y señala a diferentes niveles las responsabilidades de la guerrilla, los paramilitares y el Gobierno.
El 1 de mayo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según revela la diócesis en un comunicado publicado por la agencia misionera Misna, atacaron a los paramilitares de las Auodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la localidad de Vigía del Fuerte (Antioquia).
A partir de este momento, el enfrentamiento armado se desplazó progresivamente hacia Bojayá. La población civil se refugió en la iglesia, en la casa del párroco y en la casa de las misioneras Hermanas Agustinas, donde permaneció hasta el día siguiente.
Los paramilitares mientras tanto se refugiaron en las casas de la población, concentrándose en la
zona central, cerca de la iglesia y frente a la casa de las religiosas.
A las 10,15 de ese día, en plenos enfrentamientos, las FARC lanzaron un cilindro con explosivos que cayó dentro del lugar de culto: murieron 117 personas, de las que casi la mitad eran niños, 19 personas quedaron gravemente heridas, 95 sufrieron heridas leves y son hospitalizadas en Vigía.
Ante la intensidad de los combates, los civiles se desplazaron hacia Vigía y un grupo de unas 80 personas, del que se perderá el rastro, se escondió en la zona rural.
El 3 de mayo continuaron los enfrentamientos. El 4 de mayo, en Vigía la población esperaba la llegada de dos helicópteros de la «Brigada Aérea de Salud» que deberían transportar a los heridos a Medellín y, oyendo llegar al primer aparato, se lanzó a la calle agitando banderas blancas.
Desde el helicóptero partió inmediatamente una ráfaga de ametralladora que afortunadamente no alcanzó a nadie. Poco después llegaron los dos helicópteros tan esperados pero, en las horas siguientes, un avión disparó y lanzó bombas contra las casas.
Disparos y bombardeos tuvieron lugar entre el 5 y el 6 de mayo, cuando las fuerzas aéreas colombianas, para abrirse camino, efectuaron diversas operaciones que –según informa la diócesis de Quibdó– impidieron la búsqueda de los «desaparecidos», la asistencia a los heridos y a los desplazados, la sepultura de los muertos, y la llegada de comisiones humanitarias.
El 7 de mayo, las tropas de la Marina llegaron a Vigía, seguidas el día siguiente por el ejército. El 8 de mayo –añade el relato de la diócesis–, mientras los regulares llegan también a Bojayá, los paramilitares abandonaron los dos municipios, saqueando algunas casas.
El mismo día, en el hospital de Vigía fueron hospitalizados varios paramilitares heridos y, a pesar de la presencia del ejército, no se efectuó ningún arresto. Más bien, la población notó una postura complaciente hacia los paramilitares y las peticiones de ayuda de los habitantes fueron acogidas con ironía, afirma la diócesis.
La población ha podido comprobar que varios paramilitares se han unido a las tropas regulares. A pesar de las conversaciones entre exponentes de la diócesis, de la «Defensoría del Pueblo» (oficina gubernamental para los derechos civiles) y del ejército, el derecho internacional humanitario no se ha respetado y muchos soldados han pernoctado en las casas que la gente ha abandonado.
Si bien los guerrilleros se han alejado de la zona, se han depredado casas y otros grupos de paramilitares han venido vía aérea desde Medellín.
La diócesis de Quibdó, comprometida en primera línea en la asistencia a los miles de desplazados que siguen abandonando las propias casas dirigiéndose en su gran mayoría a la capital del Chocó, aclara también las responsabilidades en sus diferentes niveles.
Acusa a las FARC por este bárbaro ataque contra personas inermes que una vez más genera nuevas víctimas entre gente ajena al conflicto.
Denuncia después las responsabilidades del Estado colombiano, «no sólo por el olvido al que reduce a esta gente plagada de miseria sino también por sus omisiones al evitar esta tragedia y la permisividad adoptada respecto a los paramilitares».
Por último, denuncia la responsabilidad de los paramilitares por haber utilizado a los civiles como escudos humanos.
El padre Albeiro Parra, quien le comunicó al mundo el fallecimiento de 119 personas en Bojayá, en declaraciones publicadas este jueves por el diario colombiano «El Tiempo», aclara la posición de la Iglesia local en este conflicto: «Para poder hablar de paz hay que hablar de justicia. Como Iglesia debemos llegar a un posicionamiento claro y firme frente a todo el tema del conflicto armado».
«Las cosas hay que llamarlas por su nombre y establecer responsabilidades –explica el director de Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó–. Si no se llaman las cosas por su nombre frente a una violación a los derechos de las comunidades no se podría establecer nunca la verdad más adelante».
El padre Parra, de 41 años de edad y 14 como sacerdote añade que en su diócesis «Partimos de que la Iglesia no es protagonista, los protagonistas son las comunidades y las organizaciones. No hacemos nada sin contar con ellos».
«Si tenemos diferencias frente a otras iglesias por ejemplo, frente al conflicto armado y al conflicto social que está viviendo Colombia, es porque nuestra posición no es nada neutral, sino que es una posición que nos ubica al lado de las víctimas, en este caso las comunidades negras, indígenas y mestizas», explica.
En este proceso, la diócesis ha sufrido terribles víctimas. En noviembre de 1999 el cooperante español Íñigo Eguiluz fue atacado por los paramilitares cuando se movilizaba en una lancha hacia Quibdó por el río Atrato y murió ahogado. Allí también falleció el sacerdote Jorge Luis Mazo. Al padre Miguel Ángel Quiroga lo asesinaron por defender a un campesino que iban a dejar en un retén paramilitar en 1998.
