WASHINGTON, 20 julio 2002 (ZENIT.org).- El 1 de julio pasado nacía oficialmente la Corte Penal Internacional (CPI). Sus inicios, sin embargo, se han visto amenazados por la oposición de Estados Unidos a formar parte de la misma.
El presidente Bill Clinton firmó el Tratado de Roma, en el que se establecía la CPI, justo antes de dejar su cargo, pero el documento nunca fue enviado al Senado para su ratificación. Después, en mayo, el Secretario de Estado, Colin Powell, anunció que los Estados Unidos cancelarán la firma del tratado, según informaba el 6 de mayo Associated Press.
El subsecretario de Estado, Marc Grossman, explicó las razones por las que Estados Unidos rechazaba el tratado, durante una conferencia en el Center for Strategic and International Studies.
En un texto del Departamento de Estado, hecho público el 6 de mayo, Grossman reafirmaba el compromiso de Estados Unidos con la justicia y el imperio de la ley, pero añadía: “Creemos que los Estados, no las instituciones internacionales, son los responsables primarios de asegurar la justicia en el sistema internacional”.
Grossman también afirmó que los Estados Unidos creen que la CPI minará el papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de mantener la paz y la seguridad internacional. También afirmó que el estatuto de la CPI “crea un sistema persecutorio que se convierte en un poder sin control… El tratado ha creado un fiscal autónomo, independiente de todo Estado o institución, a excepción del tribunal mismo”.
Otra objeción planteada por los Estados Unidos argüía que “el tratado amenaza la soberanía de los Estados Unidos”. El poder del tribunal de detener a ciudadanos norteamericanos, aunque los Estados Unidos no formen parte de la CPI, no es aceptable, afirmaba Grossman.
Otro tema de preocupación para los Estados Unidos es que sus fuerzas militares –según Grossman, están desplegadas en “cerca de 100 naciones alrededor del mundo llevando a cabo operaciones humanitarias y de salvaguarda de la paz y luchando contra la deshumanización”– podrían verse “expuestas a la perspectiva de persecuciones e investigaciones politizadas”.
Conflicto con las misiones de pacificación
El debate se intensificó cuando los Estados Unidos amenazaron con bloquear la renovación de las operaciones de pacificación de Naciones Unidas en Bosnia, a causa del rechazo de las Naciones Unidas de eximir a los soldados norteamericanos de posibles procesos ante la CPI, informó Associated Press el 1 de julio.
El embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, John Negroponte, advirtió que estaban en juego “las misiones de pacificación en general” e indicó que los Estados Unidos podrían intentar poner fin a otras 14 misiones de pacificación de las Naciones Unidas, si sus demandas de inmunidad no eran atendidas.
Este paso dado por los Estados Unidos fue ampliamente criticado. Un ejemplo fue un artículo de opinión de Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, publicado el 1 de julio en el Financial Times. La razón verdadera que está detrás del “chantaje de Washington”, apuntaba Roth, es la creencia de un influyente grupo en la administración Bush “de que el poder militar y económico norteamericano es tan dominante que los Estados Unidos no deben someterse más a leyes internacionales”.
Roth continuaba: “Es mejor negociar caso por caso, desde una posición de fuerza, afirman, que estar limitados por una ley internacional de manera que pueda resultar incómoda. Esta actitud puede verse en el rechazo de los Estados Unidos no sólo de la CPI sino también de los tratados que van desde control climático a las armas ligeras”.
Tras un encendido debate, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución que declaraba que, por un año, la CPI no emprendería procedimientos contra el personal de misiones de paz de las Naciones Unidas, que pertenezca a países que no han aceptado el tribunal, informaba Associated Press. La exención es renovable.
EEUU contra la ONU
Han sido abundantes las críticas contra la posición de los Estados Unidos con respecto a la CPI, especialmente por parte de los países europeos. Cherie Booth, abogada especializada en derechos humanos y esposa del primer ministro británico, Tony Blair, publicó un artículo en The Guardian el 13 de junio titulado “Estados Unidos tira por tierra la justicia mundial”. Booth admitía que el estatuto de la CPI “no es perfecto”. Pero defendía que el tribunal “actuará sólo donde no puedan hacerlo las jurisdicciones nacionales”.
Escribiendo en el periódico español El País, el 11 de abril, el juez Baltasar Garzón, conocido por sus acciones para procesar al general Augusto Pinochet, declaró su sorpresa ante la posición de los Estados Unidos con respecto a la CPI.
Garzón defendía que la CPI es el primer intento de crear en tiempos de paz, y de manera permanente, una solución a los graves crímenes contra la humanidad. Representa una iniciativa pacífica destinada a llenar el vacío legal en temas relacionados con terrorismo, genocidio y crímenes de guerra.
Los Estados Unidos “actúan correctamente al intentar asegurar que la CPI se use solamente para su objetivo previsto: perseguir a los autores de genocidios y otros crímenes contra la humanidad –no buscar venganza por motivos políticos contra los Estados Unidos–”, escribía en el Washington Post el 9 de julio Chris Patton, comisario de la Unión Europea para asuntos exteriores.
Pero, continuaba diciendo, los Estados Unidos se equivocan al rechazar la CPI. Patton defendía que la Corte es un complemento de los tribunales nacionales y, por tanto, no presentará amenaza alguna contra la soberanía de los Estados Unidos. Además, las investigaciones sólo pueden proceder, después de que una cámara probatoria haya determinado que hay una base razonable para la actuación, explicaba Patton.
Otra salvaguarda surgida para contentar a los Estados Unidos es la previsión del estatuto de la CPI de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pueda bloquear los procesos en determinados periodos. Los Estados Unidos “se alegran bastante cuando se sientan a juzgar a otros”, indicaba Patton. Pero “ahora parecen decir que nunca se les podrá sentar en el banquillo de los acusados”, concluía.
Zenit informó el 3 de julio de que el Vaticano había ofrecido una contribución simbólica al fondo fiduciario establecido por las Naciones Unidas para los trabajos de la CPI. Juan Pablo II ha hablado positivamente de la CPI en sus mensajes con motivo de la Jornada Mundial de la Paz tanto en 1999 como en el 2000.
En el mensaje para el año 2000, que toca el tema de los crímenes contra la humanidad, el Papa afirma: “Se ha dado un importante paso adelante con el establecimiento de una Corte Penal Internacional que afronte tales crímenes, sin importar el lugar y las circunstancias en que hayan sido cometidos. Debemos dar gracias a Dios porque en la conciencia de las personas y de las naciones se da una creciente convicción: los derechos humanos no tienen fronteras, porque son universales e indivisibles”.
Para ser justos con Estados Unidos, hay que decir que muchas otras grandes potencias se han negado a formar parte de la CPI. Rusia, China e India, por ejemplo, han rechazado firmar o ratificar el tratado. También está abierta a críticas, por ejemplo, la forma en que las Naciones Unidas tocan el teman de los derechos humanos en las reuniones anuales de la Comisión de Derechos Humanos, que rechazan condenar a China por sus abusos.
La solución para Estados Unidos podría estar en no negarse participar, sino en trabajar por sus reformas desde dentro. Samantha Power abogaba en este sentido, en un artículo de opinión publicado el 10 de julio en el Wall Street Journal. Power, antigua periodista y actual directora ejecutiva
del Harvard’s Carr Center for Human Rights, es la autora del libro recientemente publicado: “A Problem from Hell: America and the Age of Genocide”.
Power defiende que “los intereses de los Estados Unidos se ven minados duramente por políticas antitéticas con los valores norteamericanos. Y la seguridad de los Estados Unidos iría a mejor si se suprimieran los genocidios y los crímenes contra la humanidad y se castigara a quienes los perpetran”. La CPI puede que no sea perfecta, pero la influencia de los Estados Unidos podría ser importante para determinar su futura dirección.