CARACAS, 23 julio 2002 (ZENIT.org).- Nadie debe renunciar a su papel en un Estado democrático; la propia Iglesia, cuya misión específica la distingue de cualquier sistema político, busca en la cooperación con la comunidad política estar al servicio del hombre.
Así se expresa el secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz, el obispo Giampaolo Crepaldi, en un mensaje enviado a los participantes del seminario «Democracia y Sociedad Civil».
Promovido por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), el seminario-taller se celebra en Caracas (Venezuela) del 22 al 24 de julio.
«En un Estado democrático –dice monseñor Crepaldi– la participación de los ciudadanos en la vida comunitaria es uno de los pilares fundamentales y una de sus mayores garantías».
«Por su parte, la Iglesia, con su misión específica y su competencia propia –que la distinguen y separan de cualquier sistema político– busca en una sana cooperación con la comunidad política, estar al servicio del hombre y de su carácter trascendente», aclara el prelado, añadiendo que «el cristiano tiene el deber, como miembro de la sociedad política, de cooperar a sus fines y desarrollo».
«Las enseñanzas de la Iglesia, mas recientemente de Juan Pablo II, sobre derechos humanos y libertad de asociación, son un bello tesoro que nos falta explorar más», afirmó el secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz al referirse a uno de los temas del seminario «Adecuación de la doctrina social de la Iglesia al contexto actual».
«La doctrina social de la Iglesia, por ser un cuerpo doctrinal coherente, fundado en el Evangelio y gestado a lo largo de los años con sucesivas intervenciones del Magisterio en respuesta a cuestiones sociales concretas, es un precioso e idóneo instrumento para indicar el recto camino a la hora de dar respuesta también a los grandes desafíos que presenta la situación política actual de América Latina y el Caribe», constató monseñor Crepaldi.
El secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz concluye expresando el deseo de que el seminario-taller indique «pistas de acción» para emprender «procesos de auténtica democracia que desemboquen en la consolidación de gobiernos más sensibles, justos y eficientes, y de sociedades civiles más participativas que eviten el grave peligro de la involución democrática que amenaza en estos momentos a muchos de sus países».
