LONDRES, 22 febrero 2003 (ZENIT.org).- «Fronteras fuera de Control» es el impactante título de un ensayo del profesor de la Universidad de Columbia Jagdish Bhagwati en la entrega de enero-febrero de la revista Foreign Affairs. Bhagwati pone su atención en los recientes conflictos ocurridos en Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos debidos al aumento del flujo de inmigrantes ilegales.
A parte del flujo internacional normal de migración, que está subiendo, los números de emigrantes ilegales y buscadores de asilo se han disparado. Exacerba la situación la preocupación por la seguridad, especialmente sobre los emigrantes de países islámicos.
El debate sobre el tema en el Reino Unido ha sido feroz. El Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, Ruud Lubbers, admitía que el país tiene muchos más buscadores de asilo de lo que debería ser una cifra normal, informaba el 28 de diciembre el Telegraph. El número de asilados que llegaron a Gran Bretaña en el 2002, se espera que sobrepase los 100.000 por primera vez y es el más alto de la Unión Europea, observaba el periódico.
La preocupación ha aumentado tras el hallazgo de veneno de ricino en la casa de algunos buscadores de asilo, y después de que un oficial de policía fuera asesinado por un inmigrante durante una investigación sobre terrorismo. El periódico Guardian del 24 de enero se quejaba de la «histeria por el asilo» que había azotado a la prensa popular.
El primer ministro Tony Blair incluso amenazó con no cumplir con las obligaciones con la Unión Europea prohibiendo que se acepten refugiados si el número de buscadores de asilo no se reduce, informaba el 27 de enero Independent.
Y el arzobispo anglicano de Canterbury, Rowan Williams, apoyó la idea de que quienes soliciten asilo deberían ser tenidos «en un acomodo seguro» hasta que sus peticiones se analicen, observaba el Sunday Times el 2 de febrero.
Mientras tanto, en Estados Unidos, reglamentaciones más estrictas sobre la aceptación de refugiados están creando problemas a las iglesias y las organizaciones asistenciales que se ocupan de estas personas, informaba el 10 de febrero el Wall Street Journal.
Investigaciones más rigurosas sobre terroristas han recortado el número de refugiados que llegan al país hasta los 27.000 el año pasado, desde los 68.000 del 2001. Y, en los últimos cuatro meses, han llegado menos de 4.000. Aunque el objetivo de refugiados del gobierno federal para 2003 es de 70.000, las revisiones originadas por motivos de seguridad han reducido la aceptación a unos 20.000 refugiados, que ya habían sido previamente aceptados.
El descenso ha creado una crisis económica para las agencias de reasentamiento, que reciben el dinero de acuerdo al número de personas. En el 2001, las 10 agencias más grandes alcanzaban un neto de 59 millones de dólares. El año pasado esta cantidad podría haber descendido a los 21 millones de dólares, si no hubiera sido por un subsidio especial basado en la presunción de que los números volverían pronto a subir. Con una política aún más estricta, el dinero extra se dejó de entregar el 31 de diciembre.
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha afirmado que su agencia de reasentamiento espera un recorte del 35% este año. Y el Church World Service, una rama del Consejo Nacional de las Iglesias, puede que cierre el mes de julio 25 de las 40 oficinas de refugiados. La sede del National Lutheran ya ha despedido a 14 de los 75 trabajadores que se ocupaban de los refugiados.
En Australia, continúa el debate y los casos en los tribunales sobre la forma de tratar el gobierno federal a quienes solicitan asilo, informaba el 4 de febrero el Sydney Morning Herald. Están pendientes centenares de casos de inmigración mientras continúan las batallas legales sobre leyes más estrictas que se aprobaron justo antes de las elecciones generales del año pasado, después de que llegara a las costas australianas un cargamento de refugiados en el Tampa.
A comienzos de febrero había 2.250 casos de asilo pendientes en los tribunales o en el Tribunal de Apelación Administrativo, en comparación con los cerca de 1.000 de hace dos años. También continúan las protestas sobre las pobres condiciones de vida que muchos solicitantes de asilo están recibiendo.
El peso de las Iglesias
Una nota de prensa del 4 de diciembre de la Iglesia católica en Australia dio la bienvenida a las medidas tendentes a dejar libres a los niños de los centros de asilo donde están detenidos los solicitantes. El obispo de Port Pirie, Eugene Hurley, cuya diócesis del sur de Australia alberga dos de los centros, afirmó que elogiaba la decisión del gobierno de sacar a los niños no acompañados del ambiente de alta seguridad de la detención.
El 29 de noviembre los obispos publicaron una declaración expresando su preocupación por el encarcelamiento de niños en los centros de detención. También observaron que algunos detenidos sufrían un deterioro de su salud mental y física como resultado de estar detenidos durante periodos prolongados. Los obispos pidieron que se les quitara el régimen de detención a las personas con enfermedades psicológicas y se encomendaran al cuidado de organizaciones comunitarias.
La Iglesia también se ha expresado sobre la situación en Gran Bretaña. El obispo Patrick O’Donoghue, responsable de la oficina para los refugiados de los obispos, hizo pública una declaración el 30 de enero: «Cómo responde un país a aquellos que se vuelven a él en busca de un santuario dice mucho sobre su historia, sus valores y su gente», afirmaba el obispo. Es alarmante, observaba, que en Gran Bretaña la actitud hacia quienes solicitan asilo «se esté inclinando cada vez más a una línea más dura, impulsada por ataques implacables contra quienes solicitan asilo desde secciones de los medios».
El 22 de enero los obispos de Estados Unidos y México publicaban conjuntamente una carta pastoral sobre emigración. La carta cita datos que muestran que cada año de 150.000 a 200.000 mexicanos entran en Estados Unidos como residentes permanentes legales – cerca del 20% de total de esta categoría. Los obispos reconocen las ventajas que provienen de la emigración, al igual que las injusticias sufridas por los emigrantes debida a una respuesta inadecuada a sus necesidades.
La carta reconoce la necesidad de encontrar un equilibrio entre los derechos que están en conflicto en la cuestión de la emigración. «Cuando las personas no pueden encontrar empleo en sus países de origen para sostener a sí mismas y a sus familias, tienen derecho a encontrar trabajo en otros lugares para sobrevivir», establece el documento.
Al mismo tiempo, «La Iglesia reconoce el derecho de un estado soberano a controlar sus fronteras para salvaguardar el bien común». Los obispos insisten, sin embargo, en que las fronteras no se deben cerrar sólo para proteger los intereses económicos de un país. También afirman que las naciones más ricas tienen una obligación mayor de acoger a los emigrantes.
La carta sostiene que se debería permitir a los refugiados y a quienes solicitan asilo «demandar el estatus de refugiado sin encarcelarlos y a que sus solicitudes sean consideradas plenamente por la autoridad competente». Además, los obispos piden que los emigrantes indocumentados sean tratados con respeto.
Juan Pablo II, en su mensaje para el Día Mundial de los Emigrantes y Refugiados del año 2003, publicado el pasado 24 de octubre, afirmaba: «El ser miembro de la comunidad católica no viene determinado por la nacionalidad, o por el origen social o étnico, sino esencialmente por la fe en Jesucristo y el bautismo en el nombre de la Trinidad Santa».
El Papa invitaba a los católicos «a sobresalir en el espíritu de solidaridad hacia los recién llegados entre ellos». Al mismo tiempo, invitaba a los inmigrantes «a reconocer el deber de ho
nrar los países que los reciben y de respetar las leyes, culturas y tradiciones de los pueblos que les han dado la bienvenida». Observaba: «Sólo así prevalecerá la armonía social».
El mensaje reconoce que esta solidaridad al aceptar a los inmigrantes no es fácil, e implica superar muchas presiones sociales. El Papa invitaba a los padres y profesores a ayudar en la lucha contra el racismo y la xenofobia «inculcando actitudes positivas basadas en la doctrina social católica». Una tarea necesaria en la era post-11 de septiembre.
