De los cinco candidatos –entre los que se incluye la actual presidenta, Gloria Macapagal-Arroyo–, sólo uno ha suscrito el llamamiento dirigido por el obispo Pedro Arigo, presidente de la Comisión. Se trata del senador Raúl Roco, antiguo alumno del «San Beda College», un instituto administrado por los benedictinos, confirma «AsiaNews».
El miércoles pasado, dicha Comisión y la Coalición contra la Pena de Muerte participaron en una Misa en el «Chino Roces Bridge», cerca del palacio presidencial.
Presidida por el padre Robert Reyes –que estos años ha organizado diversas iniciativas para apoyar la doctrina social de la Iglesia en materia de derechos humanos, ecología, reforma agraria, etc.–, la Eucaristía se ofreció por los dos condenados a muerte que serán ejecutados el próximo 30 de enero.
La Coalición había invitado a los candidatos presidenciales a acudir a firmar un documento en el que se comprometieran a no hacer uso de la pena de muerte, pero sólo uno se presentó.
En la rueda de prensa posterior a la celebración eucarística, el obispo Pedro Arigo solicitó explícitamente a la presidenta de Filipinas la detención de las ejecuciones y la abolición de la pena de muerte.
Las elecciones presidenciales se celebrarán a partir del próximo mes de mayo, tras las nacionales. Se presentan Gloria Macapagal-Arroyo, Fernando Poe Jr., el senador Panfilo Lacon, Eddie Villanueva –un líder protestante– y el senador Raúl Roco.
Por su parte, el arzobispo de Manila –monseñor Gaudencio Rosales– y el arzobispo de Ligayen-Dagupan y ex presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas –monseñor Oscar Cruz– calificaron el viernes pasado como inmoral e inhumana la reintroducción de la pena de muerte en Filipinas.
En una declaración titulada «¡Matar!», monseñor Cruz subraya que «la sed [del gobierno] de muerte incluso ante los criminales es inhumana», denuncia que el gobierno «es incapaz de mantener la ley y el orden» y advierte que la reintroducción de la pena capital es una promoción de la «cultura de la muerte».
Para el prelado, la pena capital debe ser rechazada en cualquier caso y exhorta a los líderes de las naciones a denunciar como «abominables» las condenas capitales por parte del Estado: «No se trata simplemente de una voluntad política, sino de un imperativo ético», afirma.
La ley sobre la pena de muerte fue reintroducida en Filipinas en 1993. Las primeras condenas a muerte se ejecutaron en 1999. La última tuvo lugar en enero de 2000. con ocasión del Gran Jubileo de ese año, el entonces presidente Estrada decidió una moratoria.
El año pasado, se registraron 158 casos de secuestro. En diciembre, bajo presión de la comunidad chino-filipina –víctima de secuestros y chantajes–, la presidenta del país decidió suprimir la moratoria.
El gobierno ha dispuesto la ejecución el próximo día 30 de dos condenados a muerte por secuestro para poner fin a este tipo de delitos en el país, una decisión que el arzobispo Oscar Cruz ha criticado firmemente declarando que «el gobierno haría mejor en dimitir si ocurriera un solo episodio de secuestro tras las ejecuciones previstas».
Actualmente, en Filipinas hay 1.005 personas en el corredor de la muerte: 17 son extranjeros –muchos condenados por venta de estupefacientes– y 29 mujeres, ocho de ellas de más de 60 años también condenadas por delitos relacionados con las drogas.
