NUEVA YORK, lunes, 9 febrero 2004 (ZENIT.org).- Publicamos la intervención de este viernes pronunciada por el arzobispo Celestino Migliore, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, con motivo del décimo aniversario del Año Internacional de la Familia, celebrado durante la XLII sesión del Comité de Desarrollo Social.
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Señor presidente:
Este año, en el que las Naciones Unidas celebran el décimo aniversario del Año Internacional de la Familia, mi delegación desea ante todo subrayar una vez más la importancia que la Santa Sede atribuye a la institución de la familia.
Mi delegación considera que la familia debería desempeñar un papel primordial y central en la promoción de una sociedad sana. En efecto, la familia es el primer lugar de la integración social, pues constituye la primera célula de la sociedad y su fundamento.
Para la Santa Sede la familia es una institución natural basada en el matrimonio –unión íntima y complementaria de un hombre y una mujer–, que en cuanto tal posee derechos propios e inalienables. Mucho más que una simple unidad jurídica, sociológica y económica, la familia constituye una comunidad de amor y solidaridad. Por eso es particularmente apta para realizar la integración de todos los miembros que la conforman, ya sean jóvenes, ancianos o discapacitados. Se puede por tanto afirmar con facilidad que una familia así concebida puede servir de modelo de integración social a escala más grande.
Pero también es verdad que, como lo reconoce precisamente el Informe sobre la situación social en el mundo del año 2003, el mundo de hoy plantea a la familia grandes desafíos. En particular, como se puede leer en el Informe, «los jóvenes que viven en familias con disfunciones, caracterizadas por conflictos, un control inadecuado de los padres, por lazos dependientes de otros miembros de la familia ampliada y de la comunidad, y por una autonomía prematura, afrontan el riesgo o la realidad de la exclusión social, y tienen una representación muy superior entre los delincuentes menores».
Todos estos motivos llevan a mi delegación a insistir en la urgencia de adoptar políticas familiares a la altura de las exigencias actuales. En efecto, mi delegación está convencida de que estas políticas constituyen la manera ética y concreta de resolver las crisis de las sociedades y de garantizar un porvenir a la democracia. La promoción y la ayuda de la familia en el seno de la sociedad pueden contribuir y ciertamente contribuirán a mejorar la eficacia del sector público y a asegurar de este modo el progreso del desarrollo social.
Es verdad que concebir políticas de este tipo no es fácil. En efecto, tienen que mantener un justo equilibrio con el principio de la subsidiariedad, en virtud del cual, «el Estado no puede ni debe substraer a las familias aquellas funciones que pueden igualmente realizar bien, por sí solas o asociadas libremente, sino favorecer positivamente y estimular lo más posible la iniciativa responsable de las familias» (Juan Pablo II, Familiaris consortio, n. 45). Por otra parte, las políticas familiares y las legislaciones, en las que estas políticas toman forma, deben responder a un deber de justicia, inspirándose en el principio de solidaridad entre los diferentes sectores de la sociedad y entre las generaciones. La exigencia de solidaridad, que ya inspira las políticas relativas al desempleo, a la salud y a las jubilaciones, debe respetarse igualmente por lo que se refiere a las políticas familiares, que no pueden reducirse a políticas fiscales de redistribución de los ingresos, ni a políticas de asistencia pública.
Inspirándose en estos dos principios los responsables pueden afrontar con éxito los desafíos que plantea la integración social de las categorías más débiles de la sociedad: entre los que se encuentran los jóvenes, las personas ancianas, los discapacitados. A la luz de estos dos principios las legislaciones a favor de la familia pueden respetar el derecho de esta última a beneficiarse de medidas sociales que tengan en cuenta sus necesidades, en particular, cuando la familia tiene que soportar cargas suplementarias a causa de la vejez, de discapacidades físicas o psíquicas de sus miembros, o de la educación de los niños.
Hoy más que nunca la familia tiene necesidad de una protección especial por parte de las autoridades públicas. Los Estados tienen la responsabilidad de defender la «soberanía» de la familia, pues esta última constituye el núcleo fundamental de la estructura social. En definitiva, defender la soberanía de la familia es contribuir a la soberanía de las naciones. De este modo, el reconocimiento de los derechos de la familia constituye un aspecto fundamental de la promoción de los derechos del hombre.
Muchas gracias, señor presidente.
[Traducción del original francés realizada por Zenit]
