La decisión ha sido calificada como histórica por autoridades políticas y religiosas de México, así como por defensores de los derechos humanos.
El dictamen –primero en su género en la larga lucha que sostiene México para proteger a los inmigrantes en Estados Unidos, que suman 10 millones de personas– establece que Estados Unidos violó los derechos humanos de al menos 47 de los 52 prisioneros sentenciados a muerte.
Por lo mismo, de acuerdo al presidente de la CIJ, Shi Jiuyong, «Estados Unidos debe realizar, por medios de su propia elección, una revisión significativa de las condenas y las sentencias».
Las leyes mexicanas no contemplan la pena de muerte. Los obispos mexicanos se han pronunciado –siguiendo al Papa Juan Pablo ll– en múltiples ocasiones en contra de la pena capital y de la violación de las garantías individuales de quienes son llevado a las cámaras de la muerte.
Dos terceras partes de los condenados a muerte en la Unión Americana, son negros o hispanos.
La CIJ resolvió fallar a favor de la petición mexicana de revisar los juicios y las sentencias de 52 prisioneros en los «corredores de la muerte», pues nunca se les informó, en el transcurso del juicio, que tenían derecho a la asistencia de los consulados mexicanos diseminados a lo largo de Estados Unidos; práctica que suele ser común y que ha motivado insistentes apelaciones por el gobierno mexicano, sin que hasta ahora hubiesen tenido efecto.
Ello propicia un juicio desigual y viola la Convención de Viene (1963), signada por ambos países, según el tribunal.
