La lucha contra la pobreza necesita involucrar a los pobres, según el Santo Padre

Y desterrar la corrupción de la vida pública

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CIUDAD DEL VATICANO, lunes, 19 abril 2004 (ZENIT.org).- La lucha contra la pobreza no puede ser eficaz si no involucra a los pobres, considera Juan Pablo II.

«Una libertad duradera de las cadenas de la pobreza exige que los gobiernos no sólo reconozcan y asistan a los pobres, sino que también les involucren activamente en la búsqueda de soluciones a largo plazo a sus problemas», afirma el Santo Padre.

Así lo expresó este lunes al recibir las cartas credenciales de la nueva embajadora de Filipinas ante la Santa Sede, la señora Leonida R. Vera.

El pontífice reconoció que «por desgracia, Filipinas, al igual que muchos países asiáticos, sigue experimentando la peste de la pobreza extrema».

«Este hecho puede tentar en ocasiones a los gobiernos a adoptar soluciones cortas de miras que en realizad llevan con frecuencia a políticas que no traen beneficios reales para la gente. Afrontar la pobreza con eficacia en cada sector de la sociedad exige trabajar juntos en la búsqueda de soluciones», afirmó.

«La lucha contra la pobreza cuando parece vana se convierte en uno de los principales motivos de desafección y de marginación entre los jóvenes», denunció.

«Tentados por la búsqueda de ganancias materiales rápidas, con frecuencia son llevados por caminos criminales, o como se experimenta frecuentemente en todo el mundo, se unen a movimientos radicales que prometen cambios sociales a través de la violencia y del derramamiento de sangre», subrayó.

«Combatir estas tendencias exige un esfuerzo concertado por acoger, escuchar y comprometer los talentos y dones de los más desfavorecidos, ayudándoles a comprender que son parte integrante de la sociedad», añadió.

Ahora bien, la construcción de «una sociedad basada en la dignidad humana sólo puede lograrse cuando los que tienen autoridad propugnan los principios del gobierno justo y de la honestidad con su vida personal y pública, y ofrecen un servicio incondicional al bien común de los ciudadanos».

«Los servidores públicos, por tanto, tienen la obligación particular de asegurar que son modelos de comportamiento moral y deben hacer todo lo posible para ayudar a los demás a formar una conciencia recta que en todo momento rechaza todo tipo de corrupción», indicó.

«Estas cualidades del genuino gobierno son motivo de especial preocupación en estos momentos en los que su país se prepara para celebrar las próximas elecciones», señaló.

«Puede encontrarse un criterio para juzgar el éxito de una democracia en la calidad de sus elecciones, que deben ser limpias, honestas y libres, respetando siempre el proceso constitucional y la ley», concluyó, citando la declaración pastoral de la Conferencia Episcopal de Filipinas para las elecciones de 2004.

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ZENIT Staff

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