ROMA, sábado, 15 mayo 2004 (ZENIT.org).- La manera en que el futuro afectará a las pensiones y a la sanidad ha sido el tema de una intervención de Hans Tietmeyer, presidente del Bundesbank alemán, en la reciente sesión plenaria de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Presentamos un pasaje central de su comunicación.

Solidaridad Intergeneracional y Crisis del Estado de Bienestar: Las Pensiones y la Sanidad
Por Hans Tietmeyer

El tema de la solidaridad intergeneracional abarca muchas áreas y aspectos. Este documento hará referencia a las siguientes cuestiones:

--¿Qué previsiones del estado de bienestar, que tenían como objetivo la solidaridad intergeneracional, han contribuido a la actual crisis a la que ha llegado el estado de bienestar en muchos países?

--¿Qué conclusiones deben sacarse de esto con respecto a las reformas requeridas, especialmente en las áreas de las pensiones de jubilación y la sanidad?

A este respecto, debe recordarse que las previsiones del estado de bienestar suelen diferir de país a país, y que las reformas requeridas deben por tanto tener acercamientos y objetivos diversos. Esto se debe no sólo a las diversas condiciones económicas, sino también a las variadas tradiciones y metas sociales planteadas en el tiempo.

Para algunos, no hay duda alguna del hecho de que el marco jurídico del estado de bienestar está en crisis en muchos países. Esto es cierto especialmente para los sistemas de seguridad social y transferencias sociales, que se supone contribuyen a la vez a la solidaridad intergeneracional. Es verdad, la magnitud de la crisis difiere según la estructura del sistema en funcionamiento.

Primero y lo más importante, sin embargo, es que son las naciones industrializadas las que se ven afectadas. Por lo tanto, esta comunicación hace referencia principalmente a los problemas que hay que identificar y resolver en estos países. Se centrará principalmente en Europa, con referencias ocasionales también a los problemas planteados en Alemania.

Los signos de crisis y sus principales causas
Prácticamente en todas las naciones industrializadas avanzadas, las bases financieras del estado socialmente orientado o de bienestar se han demostrado falsas. ¿Cuáles son las principales razones de esto?

No hay ningún país industrializado en el que la situación de los presupuestos del sector público pueda describirse como sostenible a largo plazo.

En muchos países, los déficit presupuestarios publicados y los niveles de deuda pública se acercan, o incluso exceden, los límites juzgados como aceptables fiscalmente, a causa del aumento asociado a la carga de intereses. Esto es cierto principalmente para los déficit ajustados cíclicamente, si bien los detalles de cualquier ajuste son siempre altamente polémicos.

Pero la completa escala de endeudamiento público no se hará patente hasta que deje de incluirse únicamente el mantenimiento de la deuda explícita y se incluyan en el análisis también las promesas de beneficios futuras (hechas primariamente en conexión con esquemas de pensión organizados estatalmente) como responsabilidades implícitas del estado. A este propósito, el recurso puede ser tener, por ejemplo, métodos de contabilidad intergeneracional.

De esta manera, también es posible computar la deuda implícita, que, bajo las condiciones de financiación actuales, resulta del envejecimiento de la población. Incluso en aquellos casos en los que el gasto actual, principalmente en beneficio de las personas más ancianas, está siendo cubierto en el presente por los impuestos y contribuciones (que son pagados principalmente por las generaciones en edad laboral), los cambios demográficos previstos llevarán de modo general a fuertes colapsos financieros crónicos.

La magnitud de la deuda implícita dependerá de la suma total de este déficit financiero. Para evitar una sobrecarga de la deuda que implique el riego de un completo colapso, cuanto antes habrá que o intensificar los ingresos o recortar el gasto.

Si los efectos nocivos sobre los incentivos normalmente asociados con aumentos de impuestos no se ampliarán más, queda entonces, como medida de prioridad a corto plazo, una reducción de parte de los gastos del presupuesto agregado del sector público – que está dominado hoy en día en muchos países por los así llamados pagos de transferencias sociales.

Estos desarrollos incómodos suelen complicarse por la estructura misma del estado de bienestar. Por ejemplo, hoy en día en muchos países las regulaciones de seguridad social en práctica dan lugar a que se dañen seriamente los incentivos económicos, lo que da como resultado tanto una ineficiente adjudicación de los recursos económicos como un fracaso en el logro de los objetivos de redistribución originalmente fijados.

En las principales sociedades, es con frecuencia inevitable un sistema “anónimo”, sujeto en potencia a un uso erróneo sustancial. Con mucha frecuencia – como demuestra la experiencia- un estado de bienestar diseñado según unas líneas generosas se complica no sólo por “un aumento de errores de asignación” sino también casi invariablemente por algunos efectos no queridos de la distribución. Y la probabilidad de desarrollos indeseables aumenta, cuanto más se convierte el estado socialmente orientado en un estado de bienestar completo.

Por otro lado, el fenómeno casi universal hoy de la expansión de la economía sumergida debe interpretarse como un abuso del estado de bienestar, especialmente si implica simplemente un recorte de financiación de la seguridad social, mientras se siguen exigiendo sus ventajas. Esto implica, por ejemplo, beneficios del estado de bienestar sin relación con las contribuciones, o los servicios sanitarios.

La situación es diferente, sin embargo, bajo sistemas de pensión relacionados estrictamente con las contribuciones. En ellos, a menos que se paguen las correspondientes contribuciones, no hay un aumento en la expectativa de pensiones. El amplio y fuerte crecimiento aparente de la economía sumergida hoy en día ya no debe considerarse como una especie de fuga de los impuestos gubernamentales, cuya intensidad de redistribución ha excedido en apariencia los límites fijados implícitamente al prevalecer la noción de justicia.

Lógicamente, esto ha tenido un efecto nocivo en la buena voluntad de la gente de contribuir a la financiación de las cargas motivadas por la solidaridad. Este comportamiento racional por parte de las unidades económicas individuales, acompañado del aumento de actividad de la economía sumergida, actúa así como un freno natural a una redistribución estatal de más envergadura – un mecanismo natural de protección contra el leviatán controlador.

Estos problemas – inherentes a los estados de bienestar desarrollados – se exacerbarán de forma significativa en el futuro próximo por (...) los cambios demográficos. Ya son evidentes algunos efectos limitados.

Por ejemplo, la esperanza de vida de muchas personas ha aumentado (felizmente) como resultado del descenso de la mortalidad infantil, la mejora de los sistemas de higiene, unos cuidados sanitarios más extensivos, mayor énfasis en el tratamiento profiláctico y similares.

Aunque el aumento de la esperanza de vida es bienvenido, y si bien refleja generalmente un aumento de prosperidad del que muchos toman parte, sus implicaciones también deben apreciarse claramente.

En primer lugar, esto implica que (si se mantiene el tradicional sistema de pensiones) una parte cada vez mayor de la vida trascurrirá fuera de la fuerza laboral. Los periodos en los que los pensionistas dependerán de los ingresos de la fuerza laboral serán en correspondencia más largos.

Una segunda consecuencia es la siguiente: la población de media está haciéndose cada vez más vieja (puesto que la tasa de natalidad también ha descendido). Esto tiene como resultado que lo que es conocido como el cociente de edad –definido como el número de personas de 65 años o más en relación con el número de personas en edad laboral (esto es, entre 15 y 64 años)- ha subido de forma perceptible.

En Alemania – que a este respecto se puede considerar como ejemplo típico-, se espera un crecimiento del 26% actual, hasta cerca del 44% en el 2030, y cerca del 50% en el 2050.

En este contexto se debe recordar que todas estas proyecciones demográficas no son convencionales pronósticos económicos, con todas sus incertidumbres, que puede que den resultados mejores de los actualmente esperados. La mayoría de la gente incluida en estos cálculos ya ha nacido. De ahí que las proyecciones demográficas son en gran parte seguras e ineludibles.

En varias áreas de la seguridad social, especialmente en lo relativo a las pensiones de jubilación y a la sanidad, los actuales cuellos de botella financieros hasta ahora apenas han reflejado estos cambios demográficos. Los factores dominantes en estos cuellos de botella han estado sobre todo, por la parte de los gastos, en unas regulaciones excesivamente generosas y, por el lado de los ingresos, en un menor crecimiento económico y en trastornos estructurales en el mercado laboral, que se han vuelto especialmente obvios en los periodos de actividad empresarial débil.

Sin embargo, estos problemas actuales se incrementarán en gran medida como resultado de los cambios demográficos, muchos de los cuales todavía están por llegar. Al menos en algunos países europeos, esta creciente acumulación de problemas ha consolidado entretanto la convicción de que son imperativas reformas masivas, tanto en las regulaciones del mercado laboral como en los sistemas de seguridad social. Esto tiene una importancia más acuciante si se va a hacer frente en el futuro a las cargas debidas al cambio demográfico. Hasta ahora, sin embargo, la intensidad de ajustes en el estado de bienestar ha variado de forma considerable.

En el apartado concreto del seguro médico de regulación estatal y en la asistencia médica organizada estatalmente, los problemas que se plantean son particularmente complejos.

El mercado de la asistencia médica se caracteriza por un particular grado de asimetrías informativas que favorecen estos servicios ofrecidos, en el que las asimetrías permiten una cierta expansión de la demanda. En otras palabras, el sistema de seguro se expone a especiales problemas morales, como resultado de un aumento ineficiente en los servicios.

Al fin y al cabo, es casi imposible distinguir en la práctica entre un aumento ineficiente en los servicios, por una parte, y una subida en la oferta, en línea con las preferencias de los demandantes y su voluntad de pagar, por otra. Pero los sistemas de asistencia sanitaria de base estatal a menudo tienen dificultad en proporcionar servicios eficientes y baratos.

Las implicaciones económicas y sociales de la crisis
Las implicaciones de los actuales y aún crecientes problemas planteados al estado de bienestar son de una importancia social trascendental. En muchos países no está asomando otra cosa sino una erosión de los fundamentos económicos del estado de bienestar.

El desafío debido al crecimiento demográfico se ve agravado por el hecho de que el mercado laboral está en desequilibrio (algunas veces masivo), especialmente en muchos países europeos. Esto no se debe tanto a la actual tesitura de debilidad económica. Lo que es más problemático es el hecho de que la tasa de desempleo ha subido en un largo periodo de ciclo a ciclo – en Alemania, también. Esto se percibe, por ejemplo, en las estimaciones de la tasa de desempleo ajustadas a la inflación, que no tiene en cuenta las influencias en el empleo meramente cíclicas.
También se debe a problemas estructurales del mercado de trabajo el que hayan aumentado los déficit reguladores, las reacciones de escape y los abusos potenciales de los sistemas de seguridad social. En muchos países, los estímulos a la jubilación anticipada han aumentado durante muchos años, y todavía hoy son fuertes por lo general. Parece que quienes están a cargo de la responsabilidad política todavía esperan aminorar o difuminar los problemas del mercado laboral reduciendo la fuerza laboral a cargo de los fondos de pensiones.

Sin embargo, esto es una mera estrategia corta de miras, no sólo porque destruye la potencial producción representada por los miembros más ancianos de la fuerza laboral, sino también porque deja de lado las repercusiones sobre el mercado de trabajo de los problemas que tienen que afrontar los sistemas de seguridad social.
Si los ingresos se ligan al factor de producción “trabajo”, la ya problemática grieta de los impuestos oficiales, que incrementará más los costes laborales, aumentando así los problemas de empleo por el lado de los costes, se ampliará debido a la jubilación anticipada. De esta manera, la sobrecarga del fundamento de la economía real por un sobredimensionado estado de bienestar se vuelve un caso clásico de círculo vicioso.

Esta situación debe considerarse que está en contra del tejido competitivo nacional y, sobre todo, internacional, que ha estado aumentando constantemente por un largo periodo, y presumiblemente continuará creciendo. Esto es debido en parte a la bajada de los costes de transporte y comunicación, y en parte a las políticas de desregulación y apertura de los mercados.

Este último factor ha llevado a algunos observadores a culpar de forma precipitada lo que se conoce como política de globalización por los problemas planteados al estado de bienestar. De hecho, la globalización está siendo acompañada de un aumento de la trasparencia y de la igualdad de las condiciones de política económica y social en los estados respectivos, y por una competencia incrementada entre ellos.

En tal ambiente, el estado de bienestar de redistribución nacional encuentra más difícil el llevar a cabo sus objetivos, en particular porque el capital y, esto va en aumento, la parte mejor cualificada de factor de producción trabajo puede ahora cambiar su localización con mucha facilidad. “Votar con los pies” se ha convertido ahora en un desafío a los sistemas de seguridad social nacionales que debe ser tomado con seriedad.

Estos sistemas tienen que ser, y continuar siendo, competitivos también con respecto a la organización de la solidaridad intergeneracional. Si, en conexión con la globalización, la obligación de ser un miembro de dicha sociedad desaparece, la presión para justificar la redistribución aumentará. La consecuencia será la competencia (por el lugar) entre los sistemas de seguridad social que será beneficiosa.

En cuanto al resto, es un aserto aceptado en economía el que la apertura y libre comercio aumentan la prosperidad de las naciones. Además, la globalización es sólo una parte menor de un proceso deliberadamente iniciado por los legisladores. Más importantes son los avances en la comunicación e información de tecnología y el proceso de apertura y democratización que ha seguido al colapso del así llamado telón de acero.

En el esfuerzo por el intercambio internacional de mercancías, los activos financieros y sobre todo las ideas y la información pueden verse ocultadas sólo temporalmente, nunca permanentemente. La ingeniosidad humana no puede someterse eternamente al control del estado.

Los problemas a que hacen frente los sistemas de estado de bienestar, según lo descrito hasta el momento, son principalmente los que afectan a los países industrializados. Incluso así, entenderlos resulta instructivo también para las economías menos desarrolladas, puesto que muchas de ellas están buscando un estado de bienestar a semejanza de las naciones más desarrolladas, o al menos se mueven en esa dirección. Es de esperar que aprendan las debidas lecciones de estos incómodos avances, o del fallo de los países industrializados a la hora de corregirlos.

Sin embargo, la crisis del estado de bienestar no debe contemplarse de forma aislada. En último análisis esta crisis tiene, como se ha mencionado, implicaciones de gran envergadura para toda la sociedad. Por lo tanto debemos guardarnos de permitir que el péndulo oscile de un extremo al otro

El estado de bienestar fuera de control no puede, y no debe, ser reemplazado por un estado controlador. Sería desastroso que los ajustes necesarios llevaran a que la solidaridad dentro de la sociedad se viera minada totalmente, y a que los sistemas de seguridad social estatales dejaran de funcionar o fueran enteramente desmantelados.

La seguridad social organizada y gestionada con propiedad, al disminuir los riesgos elementales de la vida, favorece el camino a un sistema económico y social, basado en la división del trabajo, que es adaptable y duradero. Lo que se necesita, por tanto, no es desmantelar el entero estado de bienestar, sino más bien reajustarlo de manera que vuelva a ser funcionalmente duradero de nuevo.

Esto exigirá cambiar el estado de bienestar, que se ha expandido fuera de toda proporción en muchos países, hacia un estatus de estado socialmente orientado y comprometido con el principio de subsidiariedad así como con el principio de solidaridad, y a aceptar la responsabilidad individual. Éste debe ser el objetivo de las aplazadas reformas.

Algunas pautas generales para las reformas
Las reformas de los sistemas de seguridad social son imperativas y urgentes en muchos países (especialmente en Europa). Aunque hoy en día se está ampliamente de acuerdo con esta afirmación, al menos entre los expertos, normalmente el debate se vuelve controvertido una vez que se discuten las medidas definitivas.

Además, los políticos – algo notable en Alemania- suelen dar actualmente la impresión de que están respondiendo a los acuciantes problemas primariamente con medidas ad hoc, sin considerar suficientemente las interacciones entre los diversos elementos de los sistemas, y especialmente con el mercado de trabajo. De esta forma, a corto plazo, los políticos pueden ganar tiempo, pero a largo plazo, la confianza en su capacidad de resolver problemas disminuye cada vez más.

La Comisión para el Cambio Societario y Social de la Conferencia Episcopal Alemana ha llamado recientemente la atención sobre la urgente necesidad de reformas a largo plazo en un “texto de impulso” titulado “Repensando Temas Sociales”, y ha intentado proponer algunas directrices relevantes.

Sobre la base de una orientación, en principio, hacia los seres humanos individuales, la subsidiariedad y la solidaridad (en el sentido de ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas) son consideradas modelos para las reformas que se requieren. Sólo sobre la base de la responsabilidad individual, como un derecho y una obligación, puede invocarse el principio de solidaridad a largo plazo en una sociedad humana y amante de la libertad. Esto sirve igualmente para la solidaridad intergeneracional.

En mi opinión, sin embargo, esta solidaridad intergeneracional no es sólo un tema de relación entre aquellos que ahora son jóvenes y trabajan y aquellos que son más mayores y están jubilados, sino también de relación entre aquellos que han tenido y criado hijos y aquellos que no.

Se presenta además, a través de la conservación del medio ambiente natural, la cuestión de cómo la sociedad como totalidad debe tratar su herencia colectiva, y qué cantidad de bienes materiales, inmateriales y culturales es capaz y está dispuesta a dejar a las generaciones que vendrán. Sólo si el análisis del árbol generacional incluye también estos puntos puede emerger una imagen completa de las relaciones intergeneracionales.

Pero la cuestión que inmediatamente se presenta es cuáles deben y pueden ser los temas del así llamado contrato intergeneracional. ¿Qué áreas de la vida deben y pueden estar sujetas a provisiones que se extiendan más allá de una única generación? ¿Según qué principios se definen los derechos y deberes? ¿Bajo qué condiciones pueden reconciliarse de forma duradera la equidad intergeneracional (distributiva), los niveles de vida material y la eficiencia económica?

Un intento de proponer pautas en esta complejo campo fue hecho por la Conferencia Episcopal Alemana y el Consejo de la Iglesia Protestante en Alemania en 1997 en una Declaración Conjunta sobre la Reforma del Sistema de Pensiones de Jubilación.

En aquel documento, la solidaridad internacional se incluye principalmente bajo el concepto de sostenibilidad. “La generación actual no debe implicarse en la actividad económica, el consumo de recursos, el minar la funcionalidad y eficiencia de la economía, endeudarse y polucionar el medio ambiente a expensas de sus hijos y nietos. Las generaciones futuras también tienen derecho a vivir en un medio ambiente intacto, y explotar también sus recursos” (p. 49).

El documento se guarda de hacer recomendaciones concretas para unas reformas detalladas; pero, junto con un llamamiento a una orientación a largo plazo, se declara un criterio clave de una política de “igualdad social” que es el mantenimiento de la libertad para tomar sus propias decisiones de las generaciones futuras. Es decir: entre las características de la igualdad social está el hecho de no enjaular el futuro, y preservar un suficiente grado de libertad.

En términos económicos, el índice de preferencia temporal social (implícito) es un factor altamente crítico en las decisiones políticas intertemporales relevantes. Después de todo, el estado también está sujeto a una restricción presupuestaria intertemporal, que a largo plazo elimina el valor negativo de sus ganancias netas. Aunque una generación puede ser capaz de evadirse de esta restricción con mayor o menor éxito, para la totalidad de las generaciones, como regla, no existe salida.

Una posición ampliamente aceptada hoy es el principio diferencial, presentado por John Rawls. Para las relaciones intergeneracionales, el principio de ahorro equitativo se deduce de interpretar equidad como imparcialidad: cada generación desearía que la generación precedente acumulara capital para beneficiarla. Según Rawls, el requisito de ahorro para este propósito es equitativo si, incluso bajo el “velo del desconocimiento” (es decir, sin tener información en cuanto a qué generación se pertenece), se está de acuerdo con el principio de ahorrar.

Esta postura más bien filosófica puede, sin embargo, ser provechosa en el debate político concreto si, por ejemplo, la generación más anciana tiene que dejar de cuestionarse si debería aceptar la carga de impuestos y otras recaudaciones oficiales que está siendo impuesta a la generación más joven de hoy y mañana a causa de las provisiones dictadas por el estado de bienestar.

Dados los desafíos que he especificado, tendrá que encontrarse un nuevo equilibrio entre las generaciones. En conexión con esto, se presenta la cuestión ya mencionada de qué principios es necesario adoptar.

En primer lugar, debe volverse a valorar la distribución de papeles entre el mercado y el estado. Hasta ahora, el estado de bienestar ha incluido siempre también un elemento paternalista. “El pobre” debe ser educado un poco, y “forzado” para su propio beneficio. Estas medidas hoy ya no son oportunas.

Actualmente, en contraste, el único modelo que puede existir es el del ciudadano responsable, que tiene derecho a asistencia bajo determinadas circunstancias pero que puede y debe sobrellevar un grado mucho mayor que antes de responsabilidad personal.

Cuando comenzó a existir el estado socialmente orientado, el desempleo o la enfermedad, por ejemplo, eran temas literalmente de vida o muerte. Decir que este ya no es el caso hoy en las naciones industrializadas desarrolladas no es menosp reciar los problemas.

Hoy, incluso los hogares que más reciben beneficios del bienestar son propietarios de bienes que sólo hace 30 años eran símbolos de riqueza (como coches, aparatos de televisión, teléfonos y frigoríficos). Además, se han desarrollado de manera increíble los mercados de capital y seguros, de manera que la antigua hipótesis de la caída de los mercados distributivos parece cada vez menos persuasiva.

Bajo este cambio de condiciones, se debe encontrar una nueva política que mezcle el postulado de la solidaridad con el principio de equivalencia. Si una sana eficiencia del mercado reside en ejercer también su influencia en los campos de las pensiones de jubilación o en la sanidad, se deberá dar más importancia al equilibrio entre servicio y quid por quo.

Por ello, los instrumentos con los que debe reformarse el estado de bienestar deben calibrarse no sólo por los criterios de compatibilidad con incentivos y de conformidad con las condiciones de mercado.

Algunas conclusiones para la reforma de las pensiones de jubilación

Para los sistemas de pensiones de jubilación, de lo que se ha dicho más arriba se sigue que ya no deben ser tabú ni la cobertura de seguro ni el alcance de los beneficios. Los pensionistas de mañana no deberán ser lo viejos empobrecidos por el pasado. Sin pensar apenas en la riqueza que esa generación probablemente heredará y legará algún día.

En general, dichas personas pueden por tanto esperar razonablemente el aceptar un nivel menor de pensiones colectivamente aseguradas, porque también serán capaces en muchos casos de compensarlo por medio de una provisión propia.

Con respecto al método de financiación y a la financiación mixta, implica que el elemento de cobertura de capital individual está limitado al aumento significativo en la provisión para la ancianidad. No es una cuestión de un cambio completo de un sistema totalmente financiado. Por el contrario, el inevitable y previsible ajuste de beneficios según los sistemas recibe-según-paga aumentará automáticamente la importancia de la cobertura individual de capital. Esto no sólo tiene sentido desde el punto de vista de diversificar el riesgo sino también implica una redistribución intergeneracional en detrimento de la generación más anciana y a favor la generación más joven.

En los sistemas de recibe-según-paga de provisión para la tercera edad se están superando cada vez más los límites de su financiabilidad, y esto pronto llegará a ser aún más obvio. El actual debate en Alemania está fuertemente marcado por los problemas cíclicos y estructurales que afectan al mercado laboral, que han llevado a una erosión de la base financiera de los seguros de pensiones.

Actualmente, estamos experimentando un “intervalo demográfico”, porque los años de alto índice de natalidad de después de la guerra todavía están en la fuerza de trabajo, mientras que los grupos en edad de pensión son relativamente débiles por pertenecer a la Segunda Guerra Mundial. Pero se esperan cambios dramáticos después del año 2010, cuando los “baby boomers” de la posguerra se jubilen. Incluso así, las actuales dificultades financieras han servido para poner de relieve la conciencia de los problemas planteados por los cambios demográficos.

Pero estos cambios no se confinan a Alemania. En muchos otros países, como Suecia o Italia, se están dando ya pasos similares o ya se ha abierto el debate. La financiabilidad de los sistemas recibe-según-paga está siendo afrontada en todas partes en sus límites naturales, que ya no pueden ser dejados para más tarde, enmascarados o desviados, como en una planta clasificadora.

Aunque es difícil la puesta en práctica política, parece que en muchos países crece la voluntad de recortar el nivel de beneficios costeado por los sistemas de pensiones del estado, y al mismo tiempo se da más espacio para la provisión de financiación totalmente individual.

Tales reformas se llevan a cabo en la dirección correcta, incluso si se sigue considerando en muchos casos lo adecuado de su escala. Sin embargo, la responsabilidad de los legisladores, en crear condiciones subyacentes estables para un sistema financiero internacional que funcione bien, está creciendo por la importante relevancia de los mercados de capital.

Algunas conclusiones para la reforma de los sistemas sanitarios
En cuanto a la sanidad, los mercados no funcionan con eficiencia al fijar los precios. En muchos casos la distribución de información es asimétrica, permitiendo a los suministradores controlar por sí mismos la demanda hasta un cierto grado. Esto se debe en parte a una inadecuada transparencia y al anonimato del sistema sanitario. Pero cualquier participación mayor del paciente, y así la creación de una soberanía mayor del consumidor, presupone un nivel mayor de implicación de la persona asegurada.

Entre los proveedores de servicios, se deben considerar en muchos países las barreras a la competencia de diversos tipos. En este contexto, adquiere un innegable valor político cortar el nudo gordiano. Esto ocurre en parte porque no es sólo un tema de redistribución intergeneracional en el campo de la legislación de la aseguración sanitaria; otras redistribuciones de naturaleza interpersonal (e. g. Con respecto al sexo, el status marital y el comportamiento adquisitivo) juegan también su papel.

Sin embargo, el aspecto intergeneracional aumentará también su importancia en este asunto, porque – al contrario que en el caso del seguro de pensiones- la demografía no sólo se sentirá por el número de receptores de los beneficios sino también por el nivel medio de gasto que haya que pagar.

La aceleración del envejecimiento también someterá indudablemente a la asistencia sanitaria a ulteriores presiones de ajuste. Pero las perspectivas de esto son mucho más difíciles de interpretar que en el caso de las pensiones de vejez.

Cierto, los perfiles de gasto según la edad de las compañías de seguro médico muestran que el gasto en salud es más alto cuanto más anciano es el asegurado. Sin embargo es discutible la conclusión de que esto se aplique de igual forma a una sociedad envejecida. Algunos estudios sugieren que el gasto en salud depende más de la cercanía a la muerte que de la edad absoluta del asegurado.
La subida más pronunciada en el gasto tiene lugar cuando se hacen los esfuerzos finales, en última instancia vanos, por prolongar la vida. No parece que sea el caso, al aumentar la esperanza de vida, que esta fase final de la vida vaya a ser más larga; a menudo sólo se retrasará.

Muchos analistas económicos de la sanidad han sostenido el punto de vista de que no es la estructura de edades de una sociedad en sí misma la que determina el gasto sanitario, sino principalmente los avances en la tecnología médica, que sólo en raras ocasiones dan como resultado innovaciones que recorten el gasto y con mucha más frecuencia innovaciones que inflan los costes.

Incluso así, la cuestión que surge es quién financiará, y cómo, el volumen creciente de servicios profilácticos, médicos y de cura. Debe recordarse en este contexto que los límites al gasto que defienden los legisladores suelen ser inapropiados. Después de todo, existe el riesgo, de que no se materialicen los nuevos bienes y servicios, y no logren salir a la luz las innovaciones, por las que los individuos habrían estado dispuestos a pagar.

En el campo de la sanidad, no se ha podido detectar todavía ninguna tendencia internacional uniforme. En cuanto a las pensiones de vejez, la red de grupos implicados en la sanidad es mucho más compleja, y las posibles soluciones han sido y son, en correspondencia, múltiples en mayor grado.

Van desde un sistema nacional de salud, como en el Reino Unido, a un sistema de seguro médico en gran parte en manos del mercado, como en Estados Unidos. En Estados Unidos, el gasto en s anidad suma cerca del 14% del producto interior bruto, mientras que el porcentaje en el Reino Unido sólo es la mitad.

¿Cómo debe juzgarse esto? Un vistazo a la esperanza de vida en los dos países no muestra ventaja para Estados Unidos – más bien al contrario. No es necesario decir que tal comparación no es suficiente para un veredicto final. Por el contrario, el ser humano, que es difícil de mesurar, no es aquí lo menos importante.

Un dato visible del debate sobre la solidaridad intergeneracional es el hecho de que la cuestión de la contribución financiera apropiada de los ciudadanos más ancianos a sus cuidados sanitarios está subiendo con frecuencia cada vez más. En una población que disminuye, no sólo aumenta el porcentaje de personas mayores, sino también el porcentaje de muertes.

A pesar de que la hipótesis de que el coste por motivos demográficos está adquiriendo mayor peso, los gastos en sanidad seguirán subiendo. Al mismo tiempo, los ancianos como regla pagan sólo una parte relativamente pequeña de su seguro estatal médico. Esta “financiación de los mayores por los jóvenes” se está actualmente debatiendo con fuerza en Japón y en muchos otros países, como también en Alemania.

Normalmente se hacen llamamientos a aumentar la contribución financiera de la generación más anciana. En conexión con esto, sin embargo, se deben tener en cuenta las repercusiones de la provisión individual para la vejez sobre los posibles recortes en los beneficios pagados por el sistema estatal de pensiones.

La urgencia de ajustes a largo plazo
Se requieren urgentemente soluciones a los problemas rápidas, pero sobre todo duraderas. La presión para este ajuste, que ya es alta, se espera que aumente de forma considerable en poco tiempo.

Con respecto a la cuestión de la urgencia, se debe también recordar que cualquier cambio requerido interfiere en los derechos legalmente garantizados – o al menos prometidos o creídos -, y por lo tanto pueden ser llevados a la práctica en estados fundados en el imperio de la ley sólo con sustanciales intervalos o periodos de transición, a causa de la necesaria protección de la confianza. Después de todo, nadie puede cerrar los ojos ante las restricciones político-económicas.

Una vez que los pensionistas lleguen a representar el grupo de electores claramente dominante, disminuirá la probabilidad de que se lleven a la práctica por medios democráticos las reformas que les exijan sacrificios. El efecto a largo plazo de retrasar los ajustes, dejando a parte cualquier error en las reformas, es sustancial, y los costes que la sociedad tendría que soportar en tal caso serían en correspondencia altos, a causa del “efecto de complicación de intereses”.

Sólo reformas que convenzan realmente serán capaces de restaurar la confianza en la política económica y social que se necesita si se quiere volver a tener perspectivas claras y expectativas estables. En un ambiente así clarificado y sopesado, puede emerger de formar efectiva, incluso en las “viejas” naciones industrializadas, el nuevo dinamismo económico que se requiere para hacer frente a los desafíos futuros, y que es esencial como fundamento económico de un estado de bienestar moderno.