La medida, prevista ya por el gobierno socialista de 2001 no ha provocado ningún debate en los medios de comunicación.

El ministro de la Salud, Philippe Douste-Blazy firmó el 23 de julio el decreto que autoriza el aborto provocado a través de fármacos recetados por un ginecólogo o por un médico de familia.

Las mujeres pueden someterse al aborto químico, según prevé el decreto, hasta siete semanas después de la ausencia de reglas. Para ello tendrán que realizar cinco visitas al ginecólogo o médico de familia.

En los dos primeros encuentros, el doctor informa a la mujer sobre las diferentes técnicas de aborto y propone un encuentro de asistencia psico-social. La mujer recibe entonces un documento que debe firmar para garantizar su consentimiento.

En la tercera consulta, la mujer toma un comprimido de Mifégyne (antigua RU 486). Dos días después tiene que tomar dos comprimidos de Gymiso.

En el 60% de los casos, según prevén las indicaciones de estos fármacos, la expulsión del feto se produce en las cuatro horas siguientes. En el 40% de los casos, en las 24 ó 72 horas siguientes.

El sistema público prevé una consulta de control entre 14 y 21 días después del aborto. Los médicos que recetan el aborto químico deben haber establecido una convención con un hospital para que las mujeres a las que atienden puedan ser asistidas en caso de complicaciones.

El aborto químico, que será financiado en un 70% por la Seguridad Social, costará 191,74 euros (unos 231 dólares estadounidenses).

En total, se practican en Francia unos 220.000 abortos anuales, según datos oficiales.

Las reacciones contrarias a la noticia han recibido curiosamente más espacio en Italia que en Francia. En declaraciones al servicio informativo de la Conferencia Episcopal Italiana, SIR, el teólogo Marco Doldi ha explicado que con este decreto «el aborto se convierte cada vez más en una opción individual» y se corre el peligro de perder «su objetiva gravedad moral».