BOGOTÁ, martes, 14 septiembre 2004 (ZENIT.org).- La Conferencia Episcopal de Colombia considera que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia necesitan establecer reglas de equidad para que se garantice el bien común.
Es la conclusión a la que llega el «Pronunciamiento» que publicó este lunes el episcopado, firmado por el cardenal Pedro Card. Rubiano Sáenz, presidente de la Conferencia y arzobispo de Bogotá.
«El Tratado de Libre Comercio no es un asunto simple y va mucho más allá del intercambio comercial entre países», aclara el documento.
«Se trata de un acuerdo que va más allá de los asuntos comerciales y se realiza entre países con grandes desproporciones en su desarrollo, capacidades y posibilidades», sigue constatando.
«Por ello queremos insistir en la necesidad de establecer reglas que aseguren la equidad en la negociación», propone el «Pronunciamiento».
«Para la Iglesia el criterio central es el bien común –aclara–, que debe primar en toda búsqueda de soluciones a las necesidades de nuestro país, y que debe superar los niveles de inequidad y las grandes diferencias entre los sectores más ricos y los pobres».
«Los procesos de integración conllevan grandes peligros cuando están basados en una concepción meramente economicista en la que la finalidad está marcada por las leyes del mercado y por la pretensión abierta o velada de fijar un orden económico neo-liberal», indica el documento.
«Este tipo de integración trae como consecuencia el aumento de las diferencias entre pobres y ricos, el desempleo y la competencia injusta. La soberanía y la integridad de la nación podría verse seriamente afectada en un tratado de estas características», añade.
Entre las preocupaciones de los obispos por los elementos que han trascendido de las negociaciones, destacan entre otras el que Estados Unidos no contemple la reducción de barreras a los productos agrícolas colombianos, país de «vocación agrícola», como constatan los prelados.
Al mismo tiempo, señalan, «es importante establecer un equilibrio entre el comercio y la protección la medio ambiente, de tal manera que las agendas de protección ambiental no se constituyan en imposiciones veladas para los productos colombianos».
La salud es otra de las preocupaciones del episcopado, que constata que «cerca de veinte millones de colombianos no tienen suficiente acceso a los medicamentos, o por no pertenecer a ningún sistema de seguridad social o porque no pueden pagar las medicinas».
Por este motivo, los obispos consideran «importante mantener la legislación de propiedad industrial vigente en cuanto a la fabricación de medicamentos», pues «así se mantiene la producción de genéricos y se prohíben las patentes de segundos usos en medicamentos».
«Una prioridad nacional es garantizar la producción y oferta de medicamentos nacionales de buena calidad y a bajo precio. La salud no puede ser objeto de negociaciones», aclaran.
Tras pedir expresamente que las negociaciones del Tratado respeten el «patrimonio cultural colombiano», el documento considera que «la producción de mayor riqueza que se derive de Tratados de Libre Comercio, conlleva una mayor distribución de esta riqueza».
Sin embargo, si el acuerdo no respeta a todos sus agentes, «podría incluso producirse una mayor desigualdad en la sociedad».
«Más de 11 millones de colombianos viven en condiciones de pobreza crítica y claman por oportunidades, capacitación y condiciones dignas de trabajo –subrayan los obispos–. Por ello, el cuidado de las condiciones de trabajo, el aumento de las posibilidades de empleo digno es un criterio central y básico».
